Luego de abrir la audiencia y leer los cargos contra los acusados, la jueza Silvia Arauz, presidenta del Tribunal, preguntó a los fiscales si tenían alguna cuestión para aclarar. “Ninguna”, fue la respuesta. Este diálogo mínimo y de tono burocrático fue la primera noticia en el juicio oral a los presos de la Legislatura, que comenzó ayer: el fiscal del tribunal oral, Juan José Ghirimoldi, mantuvo todos los cargos contra los acusados formulados por su antecesor, el fiscal de instrucción Claudio Soca. En el salón del Palacio de Tribunales estaban presentes las catorce personas llevadas a juicio. Son vendedores ambulantes y mujeres en situación de prostitución que el 16 de julio del 2004 manifestaron contra una reforma del Código Contravencional que penalizaba la oferta de sexo en la calle, la venta ambulante y las protestas callejeras.

Ese día los diputados porteños iban a discutir los nuevos artículos. Cuando los manifestantes comenzaron a llegar, los ingresos a la Legislatura fueron cerrados y ocurrieron disturbios. Hubo pedradas contra las ventanas; en el pico de los incidentes, un grupo que se desprendió del montón intentó ingresar por la fuerza y rompió la puerta principal, mientras la policía miraba sin intervenir. Al final del día, cuando la gente ya se desconcentraba, detuvieron a las personas hoy llevadas a proceso.

Ayer, un secretario leyó la acusación elevada por Silvia Ramond. La jueza de instrucción les imputó haber “participado activamente en los sucesos” por los cuales, “mediante amenazas” y “violencia”, se creó “peligro para los bienes y las personas”, mientras “se privaba de su libertad a los empleados y legisladores que se encontraban en el edificio”. Los condenó por esto por daño calificado, privación ilegítima de la libertad y coacción agravada, que tienen penas de hasta de hasta 10 años. En la audiencia, el secretario detalló los hechos concretos que se adjudican a cada acusado, consistentes, leyó en todos los casos, en “haber tirado piedras” o “haber sido vistos por la policía tirando piedras”.

Los acusados –Pablo Amitrano, Jorge Nieva, Carlos Santamaría, Eduardo Suriano, César Gerez, Héctor Gómez, Adolfo Sánchez, Javier Scaramella, Eduardo Ruiz, Antonio Medina, Jesús Fortuny Calderón, Carmen Ifrán, Marcela Sanagua y Margarita Meira– no tienen los mismos abogados, ni enfrentan igual situación. Tienen, sí, un piso común. El defensor Héctor Trajtemberg lo ha definido así: haber pasado 14 meses presos “bajo cargos desmesurados. Si alguien tira una piedra debería ser acusado por la rotura del vidrio, no de coacción agravada y privación ilegítima de la libertad”. Pero sus situaciones tienen matices: cuatro o cinco aparecen en videos tirando piedras; algunos están identificados en las imágenes por error (los confundieron). Y contra la mayoría sólo hay dichos de los policías.

Ayer aceptaron declarar seis de los catorce. Pablo Amitrano, un vendedor de panchos de Constitución, de 31 años, aportó la segunda noticia del día: dijo que el ex ministro de Justicia Horacio Rosatti, que lo visitó en la cárcel y se interesó en el expediente, “me dijo que ésta era una causa política”. Amitrano contó que llevó a la jueza Ramond todas las imágenes para demostrar que sólo había estado tocando el bombo. La policía lo acusaba de haber roto el espejo retrovisor de un patrullero, pero él podía probar, relató, que la persona que aparece en las imágenes “es otra”. “Tenía todo para demostrar mi inocencia, pero (la jueza) dijo ‘espere el juicio oral’”, recordó. “¿Qué juicio?”, agregó dirigiéndose al tribunal, “tampoco se va a hacer justicia ahora, porque justicia hubiera sido no estar un solo día preso”.

Su compañero Eduardo Gómez relató que en la cárcel “a la noche, me tenía que poner algodones en los oídos para que no me entraran cucarachas”. Jorge Nievas habló de la protesta: “El código les negaba a los vendedores ambulantes y a las trabajadoras sexuales el derecho a trabajar. Tiene una visión casi racista, discriminatoria de los más pobres. Por eso fui; jamás pensé que iba a terminar preso por ejercer mi derecho a expresarme”.

Para la próxima audiencia están citados los policías que hicieron las detenciones. La sesión comenzará el viernes, a las 10 de la mañana.