“De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, los crímenes de lesa humanidad no pueden ser objeto de amnistía ni de indulto”, afirmó ayer el ministro de Justicia Alberto Iribarne, al tiempo que consideró “jurídicamente inviable” y “éticamente repudiable” cualquier propuesta de este tipo para los crímenes del terrorismo de Estado. Los secretarios de Derechos Humanos de todo el país, encabezados por el responsable del sector a nivel nacional, Eduardo Luis Duhalde, se pronunciaron en el mismo sentido al rechazar el pedido de amnistía formulado por familiares de militares en el acto de Plaza San Martín. Tras la reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos lanzaron un plan de protección de testigos. Al mismo tiempo, el gobierno bonaerense anunció un programa similar que se suma al que pusieron en marcha a una semana de la desaparición del testigo Jorge Julio López (ver aparte).

En la voz de Iribarne, el Gobierno anunció que se están implementando distintos mecanismos para reforzar la acción de los juzgados federales y del ministerio público para actuar en las causas por violaciones a los derechos humanos. El ministro afirmó que “las amenazas no lograrán obstruir los procesos judiciales”, al hablar sobre las intimidaciones contra magistrados, fiscales y testigos que se vienen produciendo tras la desaparición del testigo del juicio contra Miguel Etchecolatz, Jorge Julio López.

Participaron del encuentro los diputados Santiago Ferrigno y Norma Morandini, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, y Pablo Díaz, sobreviviente de La Noche de los Lápices, que compartió sus experiencias como uno de los primeros testigos en los juicios contra represores. Los representantes del área de Derechos Humanos de los gobiernos provinciales dieron un pormenorizado informe de la situación de cada uno de sus distritos en relación con los juicios que involucran a militares imputados por su actuación en la dictadura.

En un documento, el Consejo rechazó “por trasnochado e inviable legalmente, todo reclamo de amnistía para los genocidas porque repugna la ética y porque jurídicamente los crímenes de lesa humanidad, por su gravedad y naturaleza imprescriptibles, no pueden ser indultados ni amnistiados”. Por otra parte, el Consejo repudió la “virulenta campaña psicológica de amenazas anónimas y otras acciones intimidatorias contra magistrados y funcionarios judiciales y testigos de los juicios por crímenes de lesa humanidad”.

Al tiempo que afirmaron que “sobre la ciénaga de la impunidad, la falsedad y la desmemoria de la negra noche dictatorial no se edificará la Argentina justa y solidaria”, los funcionarios que integran este organismo federal expresaron: “No ignoramos que están aún activos algunos de los ex represores ilegales y sus socios y beneficiarios, como otros pocos que en el presente añoran aquel festín de sangre que consagró una Argentina del privilegio”. El documento cuestionó a quienes “por ocultos y mezquinos intereses levantan las falsas banderas de la ‘pacificación nacional’” porque “la paz social se asienta en el ejercicio de la justicia”.

Los representantes de la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires reafirmaron su compromiso con los principios de “memoria, verdad y justicia”, y con el progreso de los juicios. Al mismo tiempo, se comprometieron a implementar en conjunto un programa de acompañamiento y asistencia integral a testigos, querellantes y víctimas que apunte a la contención y a la orientación, según relató a Página/12 un funcionario de la secretaría que conduce Duhalde. En cuanto a la posibilidad de dar custodia, siendo una tarea que realizan las fuerzas de seguridad, se acordó darles curso sólo en los casos que sea solicitada.

El propio Duhalde aclaró que “seguirá correspondiendo a los jueces disponer custodias policiales para testigos en caso de que se considere necesario”. Los funcionarios convinieron en ponerse en contacto con los testigos, querellantes y víctimas, y con los organismos de derechos humanos. El programa se llamará Plan nacional de acompañamiento y asistencia integral a los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado.