El gobierno bonaerense anunció un nuevo plan de protección a los testigos que declaren en las causas “altamente politizadas” y vinculadas con casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. La iniciativa fue dada a conocer por el director del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima, Alberto Linares, quien aseguró que este plan “permitirá la intermediación del Estado en la atención y gestión de la demanda de los testigos domiciliados en el territorio bonaerense”. En el marco del Primer Congreso Provincial de los Derechos de las Víctimas, Linares explicó que “la idea es conformar un registro de testigos, ya que hay alrededor de 250 represores por juzgar”. Y agregó que “desde el Estado le prestaremos todo nuestro apoyo porque queremos que cada testigo en riesgo sepa que no está solo”. Para evitar superposiciones se ofrecerá un programa de articulación entre las distintas áreas del Estado y se implementará un registro de testigos domiciliados en la provincia y se los asistirá. Este plan se complementará con el Programa de Vigilancia y Atención de Testigos en Grado de Exposición, anunciado por Felipe Solá a fines del mes pasado, contará con financiamiento de la Nación.