El juez federal Claudio Bonadío ordenó detener a más de cuarenta represores involucrados en secuestros, asesinados y desapariciones durante la última dictadura militar. Entre ellos se encuentra Leopoldo Fortunato Galtieri, miembro de la tercera Junta Militar, quien, hasta ahora, había logrado permanecer en libertad y hasta se permitía asistir a actos oficiales, como lo hizo hace un mes y medio cuando concurrió al festejo por el Día del Ejército que se realizó en el Regimiento Patricios. La resolución de arrestar a Galtieri y a sus compañeros militares y civiles -agentes de inteligencia del Batallón 601– se tomó en la causa en la que se investigan los secuestros de los militantes montoneros que fueron apresados mientras intentaban volver al país a fines de 1979 y principios de 1980, dentro de la llamada Contraofensiva.
En la larga lista que Bonadío envió a la Policía Federal y al jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, figuran el ex jefe del Batallón de Inteligencia 601 Alberto Tepedino, el general Jorge Olivera Rovere, el ex jefe de la Policía Federal Raimundo Romero Ojeda y los represores Juan Carlos Avena y Oscar Raymundo Izzi. Entre estos acusados hay quienes fueron beneficiados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y también por el indulto del 7 de octubre de 1989 con el que el ex presidente Carlos Menem intentó garantizar la impunidad de altos jefes militares. Bonadío aún no se pronunció en este expediente sobre la validez de las normas que impidieron el juzgamiento de quienes violaron los derechos humanos. En cambio sí lo hizo en otro que se inició por la apropiación de los bienes de los desaparecidos Victorio Cerutti, Horacio Palma y Conrado Gómez. En esa causa el magistrado no declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final al ordenar las detenciones de los miembros del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) sino que lo hizo al procesarlos. Es de esperar que ahora siga el mismo procedimiento.
Operaciones Extraterritoriales
En octubre de 1997 en el programa del mediodía de Mauro Viale un sargento retirado del Ejército llamado Nelson Ramón González aseguró que Ricardo Zucker –hijo del actor Marcos Zucker– estaba enterrado en Campo de Mayo y que el Ejército lo perseguía porque tenía “listas”. Zucker había sido secuestrado en febrero de 1980, luego de que regresara al país desde Madrid, donde estaba exiliado. Su esposa Marta Libenson y Julio César Genoud fueron apresados con él. Todos habían vuelto a Argentina como parte del plan de la conducción de la agrupación Montoneros de tratar de reanudar la lucha contra los militares.
La sorpresiva aparición de un “arrepentido” hizo que la ex subsecretaria de Derechos Humanos, Alicia Pierini, presentara una denuncia judicial en la que se pedía que se iniciara una investigación sobre el destino de unas quince personas que fueron secuestradas entre fines del ‘79 y principios del ‘80, como Mónica Pinus y Horacio Campiglia, apresados en el aeropuerto de Río de Janeiro el 12 de marzo de 1980. Y como Lorenzo Ismael Viñas y el padre Jorge Adur, detenidos en Uruguayana, el paso fronterizo con Brasil.
La causa cobró un nuevo impulso cuando Claudia Alegrini, mujer de Viñas, se presentó ante el juez con un artículo publicado por un diario brasileño en el que un militar de ese país admitió la participación de las fuerzas conjuntas argentinas y brasileñas en el operativo en el que se detuvo a su esposo en Uruguayana.
Testimonios de sobrevivientes revelaron que Campiglia, Viñas y Pinus -secuestrados en Brasil– estuvieron detenidos en instalaciones de Campo de Mayo. En ese momento operaba en ese lugar una patota conocida como “grupo de Pancho Villegas”, como se conocía al represor José Santiago Hoya, que respondía al coronel José Luis Arias Duval. Hoya y Arias Duval están en la lista de 42 personas que Bonadío ordenó detener. También figura allí elrepresor Néstor Cendón que declaró ante la Conadep que Arias Duval manejaba en buena medida las “operaciones extraterritoriales” del Batallón. En 1982 el agente de inteligencia destacado en Costa Rica Héctor Francés García, confesó que Arias Duval y sus colegas del Batallón 601 Osvaldo “Balita” Ribeiro y José Santiago Hoya integraron la plana mayor de la misión militar enviada a Honduras que entrenó y operó con fuerzas de ese país y de la “contra” nicaragüense.
Uno que venía zafando
En 1981 el general Cristino Nicolaides, último jefe del Ejército de la dictadura militar, reconoció en una conferencia de prensa que “había desarticulado dos células guerrilleras que habían logrado ingresar al país pese al férreo control de fronteras. Yo he tenido la oportunidad de hablar con uno de esos delincuentes y puedo asegurar que tienen un alto nivel de preparación en todos los sentidos”. Bonadío ordenó detener a Nicolaides, que ya está arrestado en la causa en la que se investiga el plan sistemático para apropiarse de los hijos de desaparecidos. Otros represores que ya están presos, como el ex jefe del I Cuerpo de Ejército Carlos Suárez Mason (robo de bebés) y Julio Simón, alias “El Turco Julián”, y Juan Antonio del Cerro, alias “Colores”, pasaron a estar también a disposición de Bonadío. Pero además, fue ordenada la detención de Galtieri, uno de los jerarcas de la última dictadura que hasta ahora venía zafando, y que al momento de los secuestros era comandante del Primer Cuerpo de Ejército y luego ascendió a la jefatura de la fuerza hasta encabezar la tercera junta del gobierno de facto.
El artífice de la guerra de Malvinas, inmortalizado con un vaso de whisky por el dibujante Hermenegildo Sabat, fue condenado por la Cámara Federal a doce años de prisión pero recibió un indulto cuando la Corte Suprema no se había pronunciado y eso le permitió conservar, además de la libertad, el grado militar. Menem le concedió otro perdón, esta vez, por su responsabilidad en la Guerra de Malvinas. Desde 1997 no puede salir del país, fue uno de los primeros procesados por el juez español Baltasar Garzón.