En octubre de 2001 el juez Claudio Bonadío declaró la inconstitucionalidad insalvable de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, lo que permitió el procesamiento del represor Emilio Massera, junto a otros cinco militares y un civil, por el secuestro y apropiación de bienes de desaparecidos. En marzo del año pasado, el juez Gabriel Cavallo ya había declarado la nulidad de ambas leyes en una causa por apropiación de una hija de desaparecidos.
Gracias a la anulación de las leyes de impunidad Massera quedó procesado como jefe de una asociación ilícita y Bonadío trabó un embargo de un millón de pesos sobre sus bienes. En el fallo, el juez consideró que las leyes de impunidad son incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales incorporados en la Constitución nacional en 1994. Asimismo, otros de los procesados en la misma causa fueron Jorge “Tigre” Acosta, Juan Carlos Rolón, Jorge Rádice, Francis Whamond y Jorge Enrique Perrón. Massera y su banda se habían apropiado de tierras en Chacras de Coria, Mendoza, propiedades de los desaparecidos Horacio Palma y Victorio Cerruti, como también de las pertenencias de Conrado Gómez. La causa se había iniciado a raíz de una denuncia del abogado Eduardo Barcesat a partir de las declaraciones formuladas por Alfredo Astiz a la periodista Gabriela Cerruti publicadas en enero de 1998 por la revista 3puntos.