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Discutir las proyecciones de las elecciones es un ejercicio fascinante y constructivo aunque poco apto para necios que no saben leerlas. Néstor Kirchner tenía razón cuando predijo que las parlamentarias de 2005 equivaldrían a un plebiscito y la oposición desperdició un año negando esa evidencia con argumentos fulminantes contra el Gobierno y desdeñosos de la autonomía de los ciudadanos. La Constituyente misionera fue otro plebiscito, en el que perdieron los vencedores del año pasado. La diferencia entre los dos casos –que es una de las explicaciones de la vigente primacía política de Néstor Kirchner– es que el Gobierno registró su traspié en vez de negarlo y produjo un par de interesantes rectificaciones en consecuencia, recuperando (con buenas armas) el centro de la escena.

Escarmentado por la experiencia previa, Kirchner elude el autoengaño en que incurrieron sus colegas Fernando de la Rúa y Carlos Menem. El radical-aliancista se autodefinió ajeno a las resultas de los comicios de medio mandato de 2001, y no superó el medio mandato. El peronista, tallado en quebracho y algarrobo, supo perdurar más: tras ser batido en la renovación parlamentaria de 1997, se hizo el distraído, lo que pagó de modo diferido, en dos cuotas: en 1999 y en 2003.

Comprender el revés misionero implica, aunque el Gobierno no lo diga, hacerse cargo de que la interpretación del éxito de 2005 había sido autocomplaciente y poco profunda. El oficialismo leyó la casi duplicación de sus votos propios como una suerte de cheque en blanco para proseguir en el mismo rumbo pero dispensado de profundizar sus mejores acciones o de innovar en el mismo sentido. Un apoyo masivo al oficialismo es siempre un voto pro-gobernabilidad, pero la gobernabilidad que venía ensayando Kirchner era una tensión entre avances respecto del statu quo y armado de una coalición con parte sustantiva del ancien régime. Curiosamente, un dirigente tan atento a la opinión pública (y tan convencido de que “la gente” conserva golpe de knock out) como Kirchner se desentendió de parte de esa ecuación, nada sencilla, hasta que “la gente” de la provincia de la tierra colorada le avisó.

Un corte y volvemos

Eduardo Fellner y Felipe Solá debieron retractar sus ambiciones de perdurar, en réplica inteligente y lineal al primer mensaje de Misiones. La reducción del número de integrantes de la Corte ahonda el viraje, en un tema de enorme peso institucional. El Gobierno se impuso un cerrojo para nombrar nuevos cortesanos, una tarea que le hubiera sido muy inconfortable en términos de imagen y de equilibrio político, máxime considerando el piso alto impuesto por sus propias designaciones previas.

El rizo de llevar a cinco el número de cortesanos perfeccionó, le agregó sorpresa y hasta sutileza al proyecto que firmó, solita y sola, Cristina Fernández de Kirchner. La respuesta de la oposición y de la Corte redondeó un escenario edificante, muy ajeno a la praxis política cotidiana: nula crispación, enorme consenso. No es imposible generar esas circunstancias, la reforma educativa también pudo agregar oficialismo y oposición, oxigenando el ambiente respecto del esquema de guerra de trincheras en el que todos gustan aquerenciarse.

Puesto a conciliar lo útil con lo agradable, para el kirchnerismo la medida calza justo con la mini campaña tendiente a instalar a la senadora como presidenciable. Esa posibilidad tuvo desde el vamos como promotor al Presidente que, cuando menos, discurre el tema desde hace años. Uno de sus argumentos pioneros, el del desinterés y la gestualidad republicana, tiene poca credibilidad cuando la pretensa sucesora es su esposa. En la Casa Rosada se politiza algo más el eventual cambio de candidato: “La emergencia económica viene terminando, llega el tiempo de la normalidad. Durante el incendio no se podía pensar en reformas institucionales, pero va siendo hora: la reforma política, la educativa, la del sistema jubilatorio y el de salud. En ese carril, Cristina es nuestra mejor figura”, explica un ministro que, confidencia, es tildado de cristino “por algunos pingüinos”. En Palacio hay de todo, pingüinos y cristinos, pero extramuros las discusiones se escuchan poco. La seguidilla de elogios a Cristina brotados de tantos aliados del Gobierno habla más de su veloz capacidad de adhesión que de una resolución orgánica.

Si el perfil institucional es un núcleo de la potencialidad de Fernández de Kirchner, el oficialismo sabe que su propio obrar reciente lo ha resentido un poco. El protagonismo de la senadora en las embestidas parlamentarias en pro del Consejo de la Magistratura y los superpoderes (jugadas sideralmente diferentes a la modificación de la Corte, por su sustancia, por los modales empleados y por las adhesiones cosechadas) son, para esta etapa, un punto en contra. La imagen de la senadora mermó merced a su oficialismo cerrado, poco atento a las propuestas ajenas y sustentado exclusivamente en la primacía legislativa. Los operadores del Gobierno lo saben desde hace meses, sondeos mediante. Ahora les llegó la hora de obrar en consecuencia.

Otro punto a tabular, que nadie zarandea pero que nadie ignora, es que la actual intención de voto de Cristina es menor a la del Presidente.

Jurados en pugna

Fernández de Kirchner impulsará próximamente la implantación del juicio por jurados, otra iniciativa que inscribe en el mandato constitucional de afianzar la Justicia. Se trata de un imperativo constitucional vigente desde 1853, sin interrupción alguna, que fue desoído por los gobiernos al tanto que menoscabado por las corporaciones y academias jurídicas.

La Constitución norteamericana, que la nuestra calcó en buena medida, puso en práctica desde siempre el instituto que busca compensar el sesgo aristocrático propio del Poder Judicial. Hablamos del menos democrático de los poderes, sus integrantes no son elegidos ni removidos por el voto ciudadano. Los cargos, en principio, son vitalicios. La idea basal de esa estructura rígida es preservar la independencia de los magistrados, un principio estimable que a menudo derrapa a la cerrazón de las elites judiciales.

El juicio por jurados es una herramienta para paliar esa tendencia, insuflándole la intervención de gentes de a pie. Los riesgos que erizan a los profesionales del derecho son la manipulación de las personas comunes y los errores derivados de su falta de formación técnica. En esta misma edición, Raúl Eugenio Zaffaroni desarrolla una crítica de calidad al juicio por jurados (ver página 3).

La contrapartida que algunos juzgamos virtuosa y determinante es la participación popular en un poder público. El debate por venir es complejo, quizá el pésimo desempeño de la estructura actual de la Justicia tienda a inclinar la balanza hacia el platillo del cambio. El cronista, que se formó como abogado en la sospecha acerca de los jurados, está convencido de que sería un cambio auspicioso, aunque (como toda reforma a lo establecido y toda incorporación popular a las decisiones) no exento de peligros y desvíos.

El proyecto de Fernández de Kirchner, que rectifica o sintetiza otros incluido uno que ella suscribió, todavía se está redactando. Uno de los puntos pendientes es en qué expedientes debe aplicarse el procedimiento. Una tendencia creciente es desecharlo para casos de delincuencia común (porque podría derraparse hacia los linchamientos de pobres que preocupan a Zaffaroni) y sí a los crímenes de cuello blanco, a cuyo respecto cambiaría mucho la sensación de impunidad y, tal vez, hasta la proporción de delitos impunes.

Lo que sí tiene resuelto Fernández de Kirchner, diferenciándose de varias propuestas preexistentes, es no supeditar la aplicación del juicio por jurados a la decisión del acusado. Varios legisladores proponen ese camino, confiriendo al procesado (aun a uno de ellos solo si hay varios acusados) la facultad de vetar el instituto. La legisladora cree que esa potestad desnaturaliza la institución. El debate imaginable es promisorio, máxime si se superan los alineamientos rutinarios y mecánicos de oficialismo y oposición.

Los jueces hablan

Los reproches de los jueces supremos no fueron la causa esencial de la jugada del Gobierno. La mirada estaba fijada en la opinión pública justo en un momento de relativo malestar entre el oficialismo y los siete cortesanos. “Son muy vocingleros, critican todo el tiempo”, fulmina en confidencia Miguel Pichetto quien fue, apenas, más suave en el recinto el miércoles, desinformado aún del proyecto que será ley como por tubo. En la Casa Rosada también se propaga el adagio “los jueces hablan por sus sentencias”, acuñado en la edad de piedra mediática, anacrónico en estos días. Las sentencias, los temas judiciales son comidilla diaria en los medios, nadie se priva de hablar de ellos, usualmente en términos lapidarios y despojados de un mínimo atisbo de complejidad. La decisión que excarceló a presuntos responsables de los crímenes cometidos contra la menor Evelyn, por caso, recibió críticas despiadadas de funcionarios empinados que desconocen los pormenores del juicio, que está en etapa de sumario.

En estos casos atroces se contraponen valores de peso, no siempre conciliables. Por un lado, el de la presunción de inocencia unido al de la libertad durante el proceso. Por otro, la preservación de la investigación y aun la atención a la conmoción pública derivada de ciertos delitos atroces. Conjugar esas variables no es simple. Pero si cualquiera puede hablar de ellas de volea, lo mínimo que les cabe a los jueces es poder intervenir en el ágora. Dejarlos mudos es someterlos a una lid despareja, dudosamente democrática. La democracia (reflexión que les cabe a los magistrados en otros casos) se liga más a la polémica abierta que a las comunicaciones minoritarias reservadas a elegidos. Y al lenguaje llano y accesible que a las parlas entre iniciados habladas en jerga.

“Lorenzetti está demasiado acelerado, desde que lo nombraron presidente de la Corte no para de dar reportajes”, refunfuñan en el primer piso de la Rosada, se ve que sin compartir los asertos del párrafo anterior. La majestad de la Justicia, empero, no se degrada porque los jueces hablen, se expliquen, opinen como ciudadanos que son. El silencio nunca es salud.

Superando su incomodidad contingente, el Gobierno optó bien, apuntalando la estabilidad de la Corte y facilitando su labor destrabando la diabólica exigencia de la mayoría de cinco en un tribunal efectivamente integrado por siete jueces.

Algunas de las resoluciones inminentes, removido de ese escollo quizá contradigan al Gobierno. Es factible (no seguro) que, cuando ya rija la mayoría de cuatro votos, Domingo Bussi obtenga sentencia favorable contra la decisión de la Cámara de Diputados que rehusó aprobar su diploma. El dictador tucumano no recuperaría su banca pues venció el plazo de su mandato. Pero una sentencia de ese tenor abriría expectativas nuevas acerca del futuro de Luis Patti, cuya acción judicial (en una situación semejante aunque no idéntica a la de Bussi) todavía no llegó al máximo tribunal. El ejemplo puede resultar extremo pero, aun en casos de personajes tan desagradables, es saludable que tengan su día ante un tribunal ponderado, riguroso técnicamente y honesto.

Epur funciona

“Un dato no menor que Misiones pone de manifiesto es que la democracia goza de bastante buena salud algo que los argentinos ponemos en duda casi a diario”, escribió conciso y certero (hasta en la adición del vocablo “bastante”) el sociólogo Manuel Mora y Araujo en la revista Debate. Los hechos de las últimas semanas contradicen discursos demasiado extendidos y catastrofistas. Una elección en una provincia que no es determinante por su población o por su peso económico incidió en el tablero nacional. El Gobierno rectificó su rumbo, para mejor y redondeó uno de sus mejores logros institucionales: la higienización de la Corte y su consolidación como poder público independiente. La oposición no pondrá reparos indeseables y la mejora llegará pronto, aprobada por una mayoría consistente del sistema político. Nada es definitivo en este suelo, pero una reforma con raíces sólidas está en germen.

El oficialismo recobra la iniciativa porque tiene más recursos y más reflejos mientras el juego (por una vez, enhorabuena) no es de suma cero. Cuando se producen estas contingencias se advierte que hay montones de material de discusión parlamentaria, periodística y académica respecto de tópicos de calidad institucional.

Lo sucedido dista de ser la regla cotidiana. Pero sí se inscribe dentro de lo posible en las actuales circunstancias. Hubiera sido inimaginable cuatro años atrás, cuando la crisis y la amenaza de la disolución nacional usurpaban todo horizonte.

Sin renegar de la puja proselitista (o mejor, inscripto en ella), el sistema ha mejorado algo. Que el detonante haya sido el voto popular no es para nada una excepción y debería ser (para muchos, no só lo para los derrotados) una lección estimulante.