“¿Cómo volvés para atrás 14 meses en cana?” A más de dos años de las protestas contra la Legislatura porteña que terminaron con el procesamiento y la detención de manifestantes y vendedores ambulantes, el Tribunal Oral Criminal 17 absolvió ayer a 12 de los 14 imputados y condenó a dos a un año de prisión. El fallo provocó efectos distintos entre víctimas, abogados y organismos de derechos humanos. Un sector apelará las condenas y otro se prepara para impulsar ya mismo un jury contra la jueza de primera instancia, el fiscal y los integrantes de la Cámara de Apelaciones por un proceso que consideran como una “aberración jurídica”. Las absoluciones masivas dieron pie para la medida. Las protestas sociales y su despenalización, en el debate.

“Por suerte la Justicia se pronunció bien”, le dijo Marcela Senagua a Página/12 apenas escuchó la resolución del Tribunal. “Gracias a Dios –continuó–, estos jueces dijeron al final la gran verdad de cómo fueron las cosas y se dieron cuenta de que nosotros no fuimos los que hicimos los desmanes.” Senagua es una de las vendedoras ambulantes que quedó detenida el 16 de julio de 2004, luego de las protestas contra la sede de la Legislatura porteña, donde los legisladores se disponían a tratar el Código de Convivencia urbano. La policía la detuvo tres horas después de las protesta y a varias cuadras del lugar. Quedó alojada en Ezeiza, y luego en la comisaría 31ª, durante un total de 14 meses.

Hasta ayer no sabía cómo iba a terminar su proceso. Llegó a los Tribunales de Comodoro Py de Retiro con los otros ex detenidos para participar de la última jornada del juicio oral que llevó adelante el tribunal compuesto por Elsa Moral, Silvia Aráuz y Germán Nocetti Achaval. Senagua y el resto de los ahora ex detenidos arrancaron procesados por coacción agravada, privación ilegal de la libertad y daños, cargos dispuestos durante los primeros días de instrucción de la causa por la jueza Silvia Ramond y confirmados más tarde por la Cámara de Apelaciones.

En el día de ayer, el tribunal tenía que resolver cómo serían las condenas. El fiscal del juicio Juan José Ghirimoldi había pedido tres años de prisión para todos, con excepción de Margarita Meira, para quien pidió una absolución. A su criterio, el resto era responsable de “daño agravado” y levantó los delitos de coacción.

En esas condiciones, el Tribunal Oral decidió escuchar a los imputados antes de dar el veredicto. Entre otros, habló Jorge Nievas, una de las travestis imputadas que frente a la sala de audiencias se refirió a su estadía en la cárcel. Nievas dejó la prisión con un problema de otitis crónico y los tímpanos perforados por el maltrato policial. “Me pegaron porque me consideraban antinatural –dijo– y se creen que por tener el cabello largo y teñido no puedo tener nobles principios y valores y conducta honesta.”

Ella no fue la única detenida que padeció los efectos de la cárcel y logró contarlo. Uno de los casos testigos es el de Carlos Santamaría, que perdió el trabajo cuando estuvo preso, se fue a Rosario cuando salió de prisión y ahora está por perder nuevamente su nuevo empleo como resultado del juicio, según explicó la abogada Claudia Ferrero, de la de Asociación Profesionales en Lucha (APEL).

Luego de la intervención de los imputados, el Tribunal dio a conocer las condenas de Carlos Scaramella y César Gerez. El primero es el único de los manifestantes que aún no está excarcelado. El tribunal lo condenó a una pena de un año y diez meses de prisión por “daño agravado” y le unificó el tiempo de cárcel a 2 años y 6 meses después de sumarle una condena previa, por un delito común, impuesta por la Justicia de Quilmes. A César Gerez, en cambio, el tribunal le impuso la pena de un año de prisión en suspenso por daño calificado.

En tanto, los doce absueltos fueron Margarita Meira, Carlos Santamaría, Luis Eduardo Ruiz, Jorge Nievas, Eduardo Suriano, Pablo Armitrano, María del Carmen Infran Ferreyra, Héctor Gómez, Marcela Sanagua, Aníbal Fortuny Calderón, Adolfo Sánchez y Antonio Medina. La Justicia ordenó a la primera instancia que vuelva a investigar los desmanes de julio de 2004 ante la Legislatura para encontrar a los verdaderos responsables.

Apenas concluyó la lectura del fallo, hubo balances más y menos jubilosos entre las víctimas y el equipo de abogados que denunció las irregularidades del proceso. Para Ferrero, de APEL, el fallo todavía no está completo, porque hay dos condenas que siguen en pie y en la causa no hay pruebas que las avalen. Por eso, dijo, apelarán las condenas de Gerez y Scaramella luego de conocer el contenido de los fundamentos del fallo. Los otros abogados del equipo tuvieron posiciones distintas. La mayoría impulsará un jury contra la jueza de primera instancia, el primer fiscal y los testigos de la Policía Federal.

Fuera de eso, el fallo parece contener efectos de corto y mediano plazo: “Políticamente es muy importante porque despenaliza nuevamente la figura de la coacción agravada”, explicó el abogado Luis Orellano. “De algún modo es posible pensar que la decisión del tribunal les quita presión a las protestas sociales porque después de julio de 2004 en la sociedad habían quedado prendida la imagen de la gente detenida por la figura de la coacción agravada.” Para Claudio Pandolfi, también abogado de la causa, el fallo no le gustó. “Tengo la impresión de que la causa fue una payasada independientemente de la absolución de la Justicia, y sigue siendo una payasada”, evaluó. “Los 14 meses de prisión fueron una pena anticipada para las víctimas y la absolución demostró que no había argumentos para el proceso.”