De 5204 denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes penitenciarios bonaerenses, presentadas ante la Justicia entre el año 2000 y el 12 de julio pasado, 2168 causas fueron archivadas y 2948 se encuentran en trámite con un final más que previsible (si se tiene en cuenta que en sólo siete casos la Justicia se expidió con una condena). Los datos son provistos por la Comisión Provincial de la Memoria y el Comité Contra la Tortura, en su segundo informe sobre la situación de las cárceles bonaerenses, que será presentado públicamente hoy en La Plata. El dato no es menor. El informe reconoce que se frenó el aumento del hacinamiento y se derogó la ley de excarcelaciones blumbergiana que había llevado al colapso al sistema carcelario. Pero sostiene que el colapso sigue y el hacinamiento es tan sólo una de las caras del sistema de la crueldad: la impunidad sigue intacta y mucho tiene que ver la inacción judicial. El primer caso demostrado en democracia ante la Justicia de tortura con picana en una cárcel bonaerense lo logró en 2005 el Comité Contra la Tortura. Esto no sólo demuestra que el sistema sigue impune. También (y es parte de esa impunidad) que si se hubieran seguido los pasos que se siguen habitualmente, el caso no se habría demostrado nunca.

El informe “Ojos que no ven” fue presentado ayer al gobierno bonaerense. No lo recibió en mano Felipe Solá sino en su representación el ministro de Gobierno, Mario Oporto, y el secretario de Derechos Humanos, Jorge Binstock. Ni siquiera tuvo tiempo de leer el extenso informe y ya estaba respondiendo, airado, el secretario de Política Penitenciaria, Carlos Rotundo. “Es un informe falaz e intencionalmente sesgado”, aseguró Rotundo y agregó que “desde que se intervino el Servicio Penitenciario Bonaerense hasta la fecha se redujeron de 4800 a 3736 los detenidos en comisarías, y de 24.400 a 24.200 en las cárceles”.

El informe de la Comisión está basado en 151 casos testigo. De ellos, 41 corresponden estrictamente a personas muertas carbonizadas o asfixiadas (33 en el incendio de Magdalena, 3 en Los Hornos, 4 en comisarías y 1 en un instituto de menores de 18 años). Otras ocho se suicidaron con serias sospechas de que fueron ayudados ajustando el nudo. Y en otras siete ocasiones, se logró demostrar que murieron por enfermedades con nula o deficiente asistencia médica. En total, los muertos en cárceles y comisarías bonaerenses citados y comprobados por el Comité Contra la Tortura suman, en el último año, 56 presos fallecidos, que seguramente forman parte de la airada respuesta de Rotundo cuando dijo que “tenemos 200 presos menos”.

Si no avanza, como lo demostró Rotundo, el hacinamiento continúa, como también lo demostró Rotundo con su estandarte de 200 menos. “Una cosa es reconocer que hay un descenso en la cantidad de detenidos, y otra decir que se elimina el hacinamiento –dijo a Página/12 Alejandro Mosquera, responsable del CCT–. En la mayor parte de los penales, el hacinamiento sigue igual. La ley de cupos (que obligaría a fijar la capacidad real de cada unidad) sigue en carpeta. Pero además de hacinamiento, hay violencia, tratos crueles y tortura.”

El caso del preso Cristian López Toledo es paradójico, representativo del total, y testimonio crudo de la Justicia Pilatos como soporte de la impunidad intramuros. El caso fue informado al CCT por la defensora oficial de San Isidro María Dolores Gómez. Mosquera, Roberto Cipriano (coordinador del CCT), Ana Cacopardo e Inés Jaureguiberry (integrantes del equipo de profesionales) se presentaron de inmediato en la U9 de La Plata, donde tomaron testimonio a López Toledo y a su compañero Claudio Márquez Leineker, torturados. El primero estaba dispuesto a seguir adelante. El CCT presentó la denuncia, reclamó una pericia inmediata (las marcas de picana desaparecen) y siguió puntillosa y obsesivamente la causa. Hasta que se logró demostrar que efectivamente había sido picaneado, para desmentir a Rotundo. Y como para demostrar que no se trata de un error ni un exceso sino de un plan sistemático, el CCT demostró además que a López Toledo lo molieron a palos tras su denuncia y hasta que lo sacaron de la esfera del SPB y lo trasladaron a la del SPFederal, en Marcos Paz, que tampoco le garantiza nada.

En una prolija demostración casuística, el informe avanza entre sospechosos suicidios, facas y psicofármacos, y la idea de que hacinamiento, violencia, torturas y maltratos forman parte de un sistema impune sostenido por la inacción judicial: “Un fallo dictado el 30 de diciembre de 2005 –dice el informe– por la Sala II del Tribunal de Casación (...) recalificó un hecho consistente en cubrir la cabeza de la víctima con una bolsa de residuos originando una tortuosa sensación de asfixia, atar sus manos con un cable y propinarle golpes en su cuerpo con la finalidad de obtener datos de un ilícito, como apremios ilegales agravados, dejando sin efecto la calificación de torturas”.

El 16 de noviembre pasado, trece meses después de que 33 presos murieran quemados como ratas con candado en Magdalena, el ministro de Justicia bonaerense, Eduardo di Rocco, descubrió en homenaje las placas con los nombres de las víctimas. En las placas nada decía de que 31 de los 33 estaban procesados y no tenían condena, por lo que no debían estar presos. La Justicia es selectiva.