Los tres poderes del Estado bonaerense están en deuda por el “sistema de la crueldad” que rige en las cárceles. Así lo planteó Hugo Cañón –integrante del Comité contra la Tortura y fiscal federal en Bahía Blanca–, en diálogo con Página/12. El Poder Legislativo debería rectificar la legislación que impide excarcelar a personas con presunción de inocencia. El Ejecutivo debería poner en caja al Servicio Penitenciario Bonaerense –que “mantiene desaparecidos a uno de cada cinco presos, mediante el sistema de traslados permanentes”– y comprar de una vez las pulseras magnéticas que facilitarían las excarcelaciones. Los magistrados deberían “dejar de evitarse problemas complaciendo a quienes piden ‘seguridad’” y “dejar de ver sólo lo que les muestran los funcionarios”. De todos modos, aun la mejor legislación puede quedar estéril frente a “la burocracia penitenciaria”. Y, recíprocamente, aun con las falencias actuales, los pocos funcionarios que se lo proponen pueden lograr cambios.

–El Poder Legislativo tiene una deuda enorme –señaló Cañón–: durante el gobierno de Carlos Ruckauf, la legislación se cambió a una rigurosidad que no responde a las pautas constitucionales: la prisión preventiva, que debe ser excepción, se ha convertido en regla; aun el tope de dos años es superado en la mayoría de los casos. La legislación deja márgenes a los jueces, que, para evitarse problemas, prefieren complacer a sectores que demandan “seguridad” y dejar entre rejas a gente que no puede hacer públicas sus quejas. El año pasado, una nueva ley de excarcelaciones atemperó el rigor, pero no lo suficiente. Esto se complementaría con una ley de cupos, que fije topes a la cantidad de internos en cada unidad penal.

–¿Cuál es la deuda del Poder Ejecutivo provincial?

–Debería poner fin a arbitrariedades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), como la práctica de los traslados permanentes. Uno de cada cinco presos está, en rigor, desaparecido: vive de traslado en traslado; su familia, su abogado no saben en qué unidad está. En cuanto un detenido denuncia un castigo, se pone en marcha esa persecución. Los traslados suelen hacerse de noche y son oportunidad para golpizas. Al mismo tiempo, benefician al personal penitenciario, que por cada traslado cobra viáticos. Otra deuda del Ejecutivo es la compra de pulseras magnéticas para facilitar la prisión domiciliaria: hay más de 60 detenidos a la espera. Estas pulseras también ayudarían a la excarcelación de las 65 mujeres detenidas junto con sus hijitos, que pasan hasta cuatro años encarcelados con sus madres, hasta tanto se dicte una ley que resuelva esto a nivel nacional.

–¿Qué otra deuda tiene pendiente el Poder Judicial?

–Muchos tribunales orales producen enormes dilaciones: se pone fecha de juicio en 2013, con lo cual el preso es extorsionado para que acepte un juicio abreviado donde se declare culpable aunque sea inocente. En cuanto a los jueces de ejecución penal, suelen limitarse a las visitas formales, donde ven sólo lo que les muestran las autoridades penitenciarias.

–¿Alcanzaría con cambiar las normativas, si los que deben implementarlas no quieren cambiar?

–La burocracia suele cumplir atentamente los protocolos, para evitar sanciones: si se trata de una enfermedad, en la historia clínica figurará que se ordenó interconsulta, pero justo ese día no funcionaba un aparato, o que no pudo cumplir el tratamiento porque, justo, lo trasladaron.

–Y aun con el sistema actual, un funcionario que realmente se lo propusiera, ¿no podría lograr cambios?

–Sí. Una fiscalía federal decidió atender, por cobro revertido, llamadas de detenidos. Se escucha cada problema, se piden informes sobre el estado de la causa. Si el defensor oficial nunca lo fue a visitar, la fiscalía inquiere; también se interviene si lo han enviado a una cárcel alejada de su familia. Si toda la Justicia de la provincia tomara esta dinámica, sería mucho más difícil sostener el sistema de la crueldad.