La noche del 15 de octubre de 2005 se desató el incendio del Pabellón 16 de la U 28 de Magdalena. Murieron carbonizados o asfixiados 33 presos. En su primera intervención posterior y durante varias semanas, el gobernador Felipe Solá y su ministro de Justicia, Eduardo di Rocco, se refirieron al caso como un motín con consecuencias funestas. El Comité Contra la Tortura se presentó en el penal y reunió las pruebas necesarias para denunciar ante la Justicia que no se trataba de un motín sino de una encerrona con candado. Demostró que el motor de la bomba de agua que debían utilizar los bomberos no funcionaba y que los extinguidores estaban vacíos o vencidos, con lo que para lo único que sirvieron fue para que los presos del pabellón 15 contiguo abrieran boquetes en el muro para rescatar a sus compañeros.

El CCT demostró que la situación de supuesta emergencia había sido anunciada al menos dos años antes, cuando el jefe de la División Armamento, Gustavo Luis Abadie, informaba que “luego de efectuado un relevamiento del estado de los elementos de seguridad contra incendio ‘se observa que no se cuenta con la cantidad mínima e indispensable de extinguidores cargados, ya que un gran porcentaje de éstos se encuentran descargados o con sus cargas vencidas”. Y en otro documento pero de 2005 se obtiene que “por razones presupuestarias” sólo se aprobó la recarga de la mitad de los extinguidores de las unidades penales. El gobierno bonaerense había mentido o tenía ningún control sobre el SPB. Las autoridades son las mismas.