La Cámara de Casación Penal convocó a una audiencia oral para la semana que viene para escuchar la ampliación de los fundamentos de las partes en un planteo sobre la validez de la nulidad de las leyes de impunidad, que la Corte Suprema ya declaró en un fallo de junio de 2006. El represor y ex secretario del almirante Emilio Eduardo Massera, Jorge Rádice, con prisión preventiva por el caso del secuestro, desaparición y apoderamiento de los bienes del abogado Conrado Gómez, insiste en hacer valer la Obediencia Debida y el Punto Final.

En la Sala III de Casación, a cargo de los jueces Guillermo Tragant, Eduardo Rafael Riggi y Angela Ledesma, quedó el expediente sobre la desaparición, en enero de 1977, de Gómez, y la apropiación de sus bienes por parte de los militares. Ese tribunal deberá resolver sobre la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, declaradas así por el juez que entendía en la causa, Claudio Bonadío, y por la Sala II de la Cámara Federal, y puesta en duda por la defensa del represor Jorge Rádice, uno de los acusados.

La causa se encontraba en manos de la Cámara de Casación desde julio del año pasado y en el mes de marzo último convocó a una audiencia de partes para el miércoles. Allí deberán exponer de forma oral una mejora de los fundamentos. Si bien en 2002 pasó por la Corte Suprema de Justicia, ésta dilató la resolución de fondo y se declaró incompetente luego de cinco años de retenerla y dispuso el paso del expediente a la Cámara de Casación para que se expidiera.

El hijo de Gómez, el periodista y querellante Federico Gómez Miranda, denunció a un grupo de tareas que actuaba bajo la órbita de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Rádice, quien era integrante activo de la banda, se encuentra detenido bajo prisión preventiva desde octubre de 2001, confirmada por la Cámara Federal, acusado por su responsabilidad directa en el secuestro, tortura, saqueo de bienes y desaparición de Gómez junto a otros oficiales y altos jefes navales que conducían el centro clandestino que funcionaba en la ESMA.

Con el avance de la investigación sobre el desapoderamiento de las Chacras de Coria, la Justicia abrió un nuevo expediente en el que se abordaba la trama financiera que los militares de la ESMA habían construido para quedarse con bienes pertenecientes a secuestrados. La investigación llegó hasta la jueza en lo contencioso administrativo federal Emilia Marta García, quien se vio obligada a renunciar ante el pedido de juicio político contra ella que pidió el Consejo de la Magistratura en abril del año pasado, cuando ya no pudo desestimar la acusación de haber participado en las maniobras.