Eduardo Duhalde estaría resuelto a impedir que se materialice la adquisición de Pérez Companc por parte de Petrobras, porque ve en esa venta un paso decisivo hacia la completa desnacionalización empresarial argentina. Pero como este propósito político no puede ser esgrimido como razón legal para frustrar el negocio, el Presidente procurará frenarlo apelando a la legislación antimonopólica, con el argumento de que la compañía brasileña pasaría a detentar una “posición dominante”, con presencia simultánea en diversos niveles del sector energético. Otra razón para rechazar el traspaso se hallaría en la ley de Hidrocarburos, que excluye a empresas estatales de otros países. Para incluir a Petrobras en esa categoría, a la que no pertenece formalmente, será preciso demostrar que el Estado brasileño detenta su control, tarea que resultaría sencilla. De todas formas, aunque Duhalde elegirá mostrarse en esta determinación como un defensor del capital nacional, no podrá evitar que se lo vea habiendo actuado bajo la presión de un fuerte lobby empresario, interesado en cerrarle el paso a Petrobras.
El tema abrió una profunda grieta en la flamante Asociación de Empresarios Argentinos, precisamente presidida por Oscar Vicente, alto cargo de Pérez Companc. Aunque la entidad nació como un club de compañías ansiosas por aunar su poder de lobby para conseguir del Estado un seguro de cambio sobre sus deudas externas, agigantadas por la devaluación, no han tardado en aflorar los conflictos de intereses. La presión sobre la Rosada la llevan las cementeras, las aceiteras y las generadoras eléctricas (las ajenas a los alfiles dominantes del mercado), todas grandes usuarias de gas. A la AEA la unió la deuda, pero el gas la separa. Una de las fuentes empresarias consultadas por Página/12 se atrevió a sugerir dudas sobre el verdadero papel de Pérez en esta polémica. Como dato, señaló que PeCom acaba de concluir el canje de sus cuatro series de Obligaciones Negociables, por un total de 998 millones de dólares. Si bien esta renegociación de la deuda constituye un paso indispensable para la concreción de la venta de la empresa a Petrobras, la fuente especuló que quizás ese acuerdo haya disminuido el interés de Gregorio Pérez Companc en desprenderse de la firma. “No lo creo: sería muy poco serio”, terció otro empresario.
En cualquier caso, según se encargan de recalcar los detractores de la operación, tanto la ley eléctrica como la del gas prohíben a un mismo jugador actuar en diversos niveles de la actividad al mismo tiempo. Cualquiera puede operar como generador, transportista, distribuidor o usuario, pero lo no permitido es jugar varios o todos esos roles.
En este sentido, se afirma que la compra de Pérez por parte de Petrobras le dará a ésta una posición dominante en TGS (Transportadora de Gas del Sur), en Edesur, en Transener y en Transba (que operan redes de alta tensión en diferentes regiones), y en Refinor (dueña del gasoducto que enlaza a la Argentina con Bolivia). Además empezará a tener rol de generador eléctrico al adueñarse de la central de Genelba –una de las más eficientes y modernas usinas térmicas del país, ubicada en Ezeiza– y de Pichi Picún Leufú. Además, en los combustibles líquidos tendrá una posición fuerte por su presencia en Eg3. En cuanto a oleoductos, después de YPF la posición más gravitante la tiene Pérez, que controla las boyas de Caleta Olivia y de Caleta Córdoba.
En cuanto a la ley de Hidrocarburos, 17.319, el artículo 51 determina que no podrán inscribirse en el registro creado por esta norma “ni presentar ofertas válidas para optar a permisos y concesiones regidas por esta ley las personas jurídicas extranjeras de derecho público en calidad de tales”. Quienes se oponen a la venta de Pérez evocan la sentencia del juez Lozada en el caso Swift Deltec, aplicando el criterio de que es preciso correr el velo societario en homenaje a la verdad material de las cuestiones. Esto en cuanto a la naturaleza de Petrobras como empresa estatal brasileña. Sin embargo, hay varios antecedentes de petroleras públicas foráneas operando en el país, como Enap, Pémex y el ENI.
Aunque al revelarse la operación se sostuvo que Petrobras compra Pérez como una forma de adquirir reservas de hidrocarburos, otros indican que su principal intención sería afianzar una posición dominante en el Cono Sur. Ya hoy controla los dos reservorios gasíferos más importantes de Bolivia y también maneja el transporte del gas de ese país, con lo cual está en condiciones de fijarle el precio. Además, según algunas fuentes, Petrobras es una de las compañías (las otras son BP, Shell y Total) interesadas en comprar activos de Repsol YPF, habiendo sido habilitada para acceder al data room de la hispana.