El Gobierno –y por decirlo con más precisión el propio Presidente– está dispuesto a analizar si es posible frenar la venta de Pérez Companc a Petrobras. Preocupado ante un posible escenario de total desnacionalización de las pocas grandes empresas propiedad de argentinos que van quedando en este suelo, Eduardo Duhalde maquina si es posible impedir esa venta, basándose en la vigente legislación antimonopólica. Se trata, valga recordarlo, de la transferencia de un activo privado de capital argentino a una empresa estatal brasileña.
La necesidad de la existencia de una “burguesía nacional” es una obsesión del Presidente. La fallida –y hasta patética– gestión de José Ignacio de Mendiguren tuvo esa marca. Por formación, por historia, Duhalde no cree posible un capitalismo exitoso sin la existencia de algunos barones de la industria. La venta de Pérez Companc apareció a sus ojos como el anticipo de un escenario prolijamente asimétrico con ese objetivo. “Ahora venden Pérez Companc, después caerán otras empresas, como Loma Negra, y luego será un dominó, nadie podrá resistir”, comentó Duhalde a sus íntimos no bien se enteró de la venta. Y rezongó porque –a su ver– el futuro estratégico de la economía argentina bailaba al son de las veleidades de los herederos de algunos grandes capitalistas, como Goyo Pérez Companc.
Sin embargo, el primer reflejo del Presidente no pasó de expresar su desconsuelo y hasta su ira, quizá porque advertía que no tenía fuerza política para desviar la decisión que tanto lo incordiaba. A partir del domingo pasado comenzó a cambiar de parecer. Es que ese día, mientras comenzaba a palpitar la primera fecha del Torneo Apertura de fútbol, recibió una llamada desde Italia. Era uno de los principales empresarios del país quien le manifestaba su preocupación por la venta a Petrobras. Los argumentos fueron, en sustancia, los que fundaron el planteo que se desarrolla en la nota central de esta página: posibilidad de monopolio u oligopolio extranjero en gas.
El lunes el teléfono presidencial no dejó de sonar. Las conversaciones fueron informales y el gobierno no las confirma. Página/12 puede aseverar, más allá de esa negativa, que Amalia Lacroze de Fortabat, Paolo Rocca, Benito Roggio y Carlos Bulgheroni (quien también llamó desde el exterior) adhirieron a la postura de pedirle al Presidente que “hiciera algo” para evitar la total desnacionalización de la economía local. Se trata de toda una curiosidad: esos empresarios han sido prebendarios del Estado y han acompañado la fiesta privatizadora que se vivió desde 1991. Su súbito nacionalismo parece aludir sólo a los riesgos que advierten en caso de que sea una empresa foránea –y poderosa– la que los provea de gas.
En la Rosada eran conscientes de estar ante una disyuntiva bien peliaguda. Poner algún escollo a la negociación implica la posibilidad de un enfrentamiento más o menos frontal con el gobierno brasileño, precisamente cuando el país vecino afronta una dura coyuntura económica y está en la recta final de la campaña por la elección presidencial.
Mientras urdía su decisión, Duhalde se fue curando en salud. Lo primero que hizo fue adelantarle a su par brasileño las dudas que le generaban la venta y sus eventuales consecuencias legales en la Argentina. Además se ingenió para darle largas y no atender a los representantes de Petrobras que le venían pidiendo audiencia desde fines de la semana pasada.
En el ínterin fue sumando argumentos a favor de una posible intervención estatal, algunos surgidos de su propio pensamiento, otros arrimados por el secretario de Energía Alieto Guadagni y otros alimentados por los integrantes del lobby empresario. “Las ventas a empresas estatales extranjeras de Aerolíneas y de YPF fueron errores garrafales que cometimos en el pasado, y aceptar esta transferencia sería un desastre similar”, comentó algún empresario, repentinamente enrolado en el nacionalismo: en la década pasada era privatista y, por añadidura, menemista.
Los empresarios le sugirieron al Presidente algunos cursos alternativos a seguir. Entre ellos, el de capitalizar parte de la empresa y garantizarsu continuidad. El argumento es que –tras haber colocado miles de millones de dólares en el tonel sin fondo del sistema financiero– el Gobierno no podría mezquinar “unos pocos cientos de millones” verdes para sacar de la asfixia a una de las más grandes empresas productivas. Otros le hablaron de la posibilidad de conformar un holding entre el Estado y el grupo en cuestión.
Las presiones de lo que queda del gran empresariado nativo no pueden ser sospechadas de patrióticas o autárquicas. Los antecedentes de Fortabat, Roggio, Bulgheroni y Rocca –ausentistas, cómplices principales y alegres del desguace estatal y de la concentración económica– los relevan de suspicacias sobre altruismo o patriotismo. Defienden el precio de insumos que le son útiles, si que envueltos en la bandera celeste y blanca y en un discurso favorable a la libre competencia. Ellos, que vivieron añares de la, por entonces, turgente teta del Estado y que se asociaron de cualquier modo con el capital extranjero para lucrar con las privatizaciones de las que ahora abominan.
“¿Qué opina Roberto Lavagna?”, preguntó este diario a uno de los hombres del Presidente. “No creo que esté muy al tanto acerca de lo que Duhalde está analizando”, fue la respuesta. En efecto, todo indica que Lavagna será uno de los sorprendidos y –como mínimo, en su fuero íntimo– de los opositores si Duhalde decide impedir, de algún modo, la venta.
Duhalde guarda su decisión bajo siete llaves pero todo indica que será drástica y que hoy la hará pública. Por lo pronto, ha resuelto (al fin) recibir a los emisarios de Petrobras. Se reunirá en Olivos a las 11.30 con el presidente de la filial argentina de la megaempresa brasileña José Caro Cosenza y con el director de asuntos internacionales de la firma, Jorge Marques de Camargo. Antes o durante el cónclave, aseguran sus íntimos, le avisará a Cardoso de su veto a la venta. Luego anunciará en público la decisión. Si así fuera, obraría un giro significativo en las políticas públicas de los doce últimos años. Un ataque de intervencionismo estatal.
Si eso ocurre, le quedaría a Duhalde una tarea difícil por delante. Debería explicar cómo compatibiliza su repentina opción reguladora y nacionalista con lo que fue casi su único ítem de agenda en política económica durante siete meses: el alineamiento con el Fondo Monetario Internacional.