Vie 02.08.2002

EL PAíS • SUBNOTA

Otras voces

- Claudio Lozano, economista de la CTA: “La necesidad de la intervención del Estado en la revisión y regulación de la situación vigente en el mercado petrolero era imprescindible antes de la venta y lo sigue siendo hoy. Desde que se planteó el proceso de privatización del petróleo en la Argentina jamás se cumplió con el declamado objetivo de la convergencia entre los precios locales e internacionales. Argentina es el único país que teniendo petróleo no se beneficia ni cuando el precio sube en el mundo, al capturar la diferencia para su propio desarrollo, ni tampoco se traslada al mercado local cuando el precio internacional baja. Acá siempre sube. Por lo tanto, se trata de promover una intervención estatal que capture la renta petrolera y energética de manera que la ventaja de estar dotado de recursos naturales sea una disponibilidad para el conjunto de la sociedad a través del sector público, que a su vez nos permita financiar una nueva estrategia productiva. También la intervención estatal debe garantizar un uso razonable de un recurso natural que es no renovable. Es una barbaridad que Argentina tenga un crecimiento tan significativo de las exportaciones petroleras, ya que no es un país petrolero, por lo tanto es un abuso que se transforme en un país exportador. Hay que mantener una relación adecuada entre la explotación y las reservas”.

- José Rigane, secretario general de Luz y Fuerza, Mar del Plata: “En el 2001 se exportaron 6.900 millones de dólares, que es igual al 60 por ciento del presupuesto nacional. Si estos recursos estuvieran en manos nacionales no le tendríamos que estar pidiendo ayuda al FMI. Petrobras va a tener una concesión de 23 áreas productivas que van a representar el 14 por ciento del petróleo y un 13 por ciento de gas natural en sus manos. Con esta compra se transforma en el primer socio que opera con la Transportadora de Gas del Sur que maneja el 55 por ciento del transporte de gas, que a su vez incluye al polo petroquímico de Bahía Blanca y la planta de etano de General Cerri. Ahora va a poseer un tercio del capital de Metrogas que es la distribuidora más importante, en sociedad con YPF. También se transforma en socio de Edesur y va a tener en sus manos tres refinerías, la de Bahía Blanca, Refisan y Refinor, las cuales suman el 16 por ciento de la capacidad del país. Tendrá asimismo 700 estaciones de servicio, lo que es el 10 por ciento de la venta del país. En los años ‘70, se pensaba en una integración YPF y Petrobras. Ahora se arman oligopolios de carácter vertical, que contrarían las leyes del país, en manos de empresas extranjeras. El petróleo es un bien social y debe estar en nuestras manos, ya que es un recurso no renovable y que las empresas privadas extranjeras le están quitando al pueblo argentino”.
- Jorge Lapeña, ex secretario de Energía: “Pérez Companc es un grupo empresario muy grande y diversificado, que tiene intereses en energía. Está integrado verticalmente y tiene integración subsectorial entre el sector eléctrico, el gas natural y el petróleo. El problema es complejo y el gobierno debería estar seguro en el cumplimiento de la legislación vigente para que no haya una afectación de los mercados y que no se altere el funcionamiento de algún sector, como el nuclear. No está analizado cuál puede ser impacto del cambio de un socio argentino a otro que es brasilero y estatal. Lo que tiene que hacer el Estado es custodiar el funcionamiento de los mercados”.
- Pino Solanas, del grupo Moreno: “El Estado debe recuperar los hidrocarburos por razones estratégicas y económicas. La mayor parte de las concesiones de petróleo de la compañía naviera Pérez Companc nacieron en la época de la dictadura y fueron prorrogadas por Carlos Menem con un simple decreto que viola la ley nacional de hidrocarburos. De ninguna manera el Estado debe salir a socorrer ni a petroleras ni a bancos que han vivido violando las reglamentaciones legales. Sería excelente que de una vez por todas el Estado defendiera el interés de la nación e hiciera cumplir la ley para impedir que se siga desnacionalizando el patrimonio argentino”.

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