El abogado de la viuda del maestro Fuentealba, Gustavo Palmieri, revela datos desconocidos de la causa que investiga el asesinato. Por ejemplo, la existencia de una segunda orden a los policías luego del mandato de reprimir.
› Por Elio Brat
Desde Neuquén
El abogado Gustavo Palmieri conocía a Carlos Fuentealba casi desde el momento en que llegó a Neuquén, en 1989. Hoy le toca defender a su viuda, Sandra Rodríguez, maestra igual que su esposo asesinado el 5 de abril pasado a pocos kilómetros de Arroyito, sobre la ruta nacional 22. Este letrado –el mismo que hace 10 años defendió a Horacio Panario, un trabajador desocupado neuquino que fue encarcelado junto a Alcides Cristensen por el delito que el también gobernador por entonces, Jorge Sobisch, calificó como de “intento de golpe de Estado y toma del poder en Neuquén”– reveló a Página/12 una serie de datos desconocidos sobre la causa que investiga el asesinato de Fuentealba. Entre ellas, la existencia de una segunda orden dada al personal policial momentos antes del gas lacrimógeno que terminó con la vida del docente en la ruta. Y también que cuatro efectivos de la policía de Cutral-Có se negaron a participar de la represión. Palmieri espera que éstos y otros uniformados sigan aportando datos que vayan desenredando la compleja trama del asesinato.
–El juez Cristian Piana, en el procesamiento que le dictó al cabo José Poblete, parece decir que el disparo que le efectuó al maestro Fuentealba se debió a una actitud individual. ¿Ustedes están de acuerdo?
–Lo que en principio creemos, porque tenemos algunos elementos para pensar que esto sea así, es de que el asesinato de Fuentealba formó parte de una orden mucho más específica y que Poblete la cumplió de esta forma.
–Si se avanza en esa línea de investigación, implicando a jefes muy superiores a los de Poblete y hasta el propio gobernador Jorge Sobisch como responsable de la represión efectuada del 4 de abril, ¿ustedes también apuntarán a ellos en la acusación?
–Nos enfrentamos con un proceso y una investigación muy compleja, que está atravesada por un conflicto que ha tenido una repercusión nacional e internacional muy grande y con una prueba muy difícil de producir. Pero en términos de política criminal, la justificación de avanzar en ese sentido en la investigación tiene que ver con que ha llegado el momento en nuestro país, aunque ha habido otras víctimas en hechos similares, de que empecemos a discutir cuándo una represión es legítima y cuándo el uso de la fuerza pública es ilegítimo. Y cuando se produce en forma ilegítima quién se hace cargo de esa represión. ¿Es sólo quien dispara o, como se viene sosteniendo más modernamente en algunas teorías de países más desarrollados, es también quien toma la decisión porque él es quien debe tratar de neutralizar la posibilidad de que se produzcan daños de estas características?
–¿Cómo sería en el caso de la muerte de Fuentealba?
–Podemos pensar en el que dio la orden de detener el Fiat 147 en el que viajaba. ¿Dio alguna orden adicional de qué hacer cuando se lo detuviera? Nosotros tenemos una altísima sospecha de que hubo una segunda orden y vamos a tratar de probar que esto fue así. Porque el actuar de Poblete tiene que ver con este segundo tramo de la orden. Si esto fuera así, habría una participación en el resultado de la muerte.
–¿Eso permitiría culpar por el hecho a los jefes policiales, más allá de la responsabilidad de Poblete al tirar?
–Claro que sí, si avanzamos aún más en este sentido. Pensemos que el día de los hechos todos los videos que existen nos muestran a cuatro altos jefes policiales presentes en el lugar. Uno de ellos con una escopeta en la mano. Y estos jefes eran quienes daban las órdenes, repitiéndolas por radio. Entonces habrá que deslindar las responsabilidades de estos jefes policiales. Si tenían a su cargo el procedimiento, ¿cómo no pudieron evitar que esto sucediera? Pero más todavía: si tenían a cargo el operativo y tenían claro cuál era el objetivo, ¿cómo es posible que a una persona con los antecedentes de Poblete, con dos condenas anteriores por apremios y vejaciones, lo cual significa abuso y exceso en el uso de la fuerza pública, lo pongamos a reprimir en una situación tan conflictiva como la del paro y el fallido intento de corte de ruta por parte de los docentes? Nos parece que las responsabilidades deben ir avanzando por tramos. Y que no debemos atolondrarnos ni atropellarnos en esto para que se llegue a buen puerto en la causa.
–¿Pero de dónde y de quién van a sacar esa información?
–De allí que decimos que es compleja la prueba, porque la información solo puede provenir del propio aparato del poder. Muy distinta es la situación de cómo se desarrollaron los acontecimientos, ya que para eso hay testigos muy confiables que son los propios maestros, testigos visuales y directos que vieron lo que sucedió en la ruta. Pero la cosa se hace muy difícil porque en el segundo tramo de la investigación la información que debemos obtener solo la maneja la policía (de Neuquén)...
–¿Ustedes esperan que la policía entregue a la Justicia esa información?
–Esperamos que, para el bien de que esto se aclare, empecemos a discutir en la sociedad y hasta en las propias filas policiales, hasta dónde debe llegar el cumplimiento de una orden, cuándo se debe reprimir adecuadamente, si es que existe esta posibilidad.
–¿Cree que la investigación ha sido bien llevada?
–Lamentablemente en los primeros tramos de la investigación se tomaron algunas decisiones equivocadas. Y esto lo digo para que pensemos: ¿por qué tardó el personal policial 36 horas en poner a disposición de la Justicia al cabo Poblete? Porque en realidad Poblete fue detenido porque cuatro miembros de la policía provincial declararon ante la fiscalía. Cuando curiosamente, según dicen los testigos, Poblete luego del disparo se escondió detrás de las filas de la policía, y se refugió en una camioneta Trafic de la policía. Pues esta información la policía la tenía desde el mismo momento que sucedió. Entonces, ¿por qué se tardó un día y medio en blanquear esta situación? Uno de los errores mayores fue entregarle la investigación de campo a la propia policía. Si la que estaba cuestionada era el accionar de la fuerza en la represión del conflicto, lo razonablemente aceptable y lógico es que no podemos dejar en manos de la propia policía el accionar y la investigación de sus propios integrantes. Y quizás aquí esta la explicación de por qué se tardaron 36 horas para la detención de Poblete.
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