El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el desplazamiento del procurador general de Santa Cruz, Eduardo Sosa. En una presentación, el CELS señaló que la remoción, ocurrida en 1995, fue ilegal y se incumplió la sentencia de la Corte Suprema que ordenó su reincorporación. “El caso Sosa es un ejemplo de la vulneración de la independencia judicial en las provincias, y el ex procurador fue removido por un medio distinto al previsto por la Constitución, atentando así contra la estabilidad en el puesto”, explicó el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier.