El escándalo de la valija con los 800 mil dólares ya amenaza con traspasar la frontera de la Justicia argentina. La fiscal de la causa, María Luz Rivas Diez, no descartó ayer “librar una orden de detención” y extradición del empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson, que tiene domicilio en un lujoso condominio de Key Biscayne, en Florida. El affaire continuará hoy, en tanto, con las denuncias por “lavado de dinero” y “soborno transnacional” que presentará hoy en los Tribunales federales de Comodoro Py el candidato a vicepresidente de Roberto Lavagna, el senador radical Gerardo Morales. La acusación involucrará no sólo a Wilson, sino a todos los funcionarios argentinos y de la petrolera estatal venezolana Pdvsa que viajaban en el Cessna 750 Citation que trasladó la maleta de Caracas a Buenos Aires. Por eso, los denunciantes entablaron contacto con el fiscal general del país caribeño. Aunque el fiscal venezolano, Julián Isaías Rodríguez, prefirió dejar la causa en manos de los jueces argentinos.

“No descarto esa posibilidad”, dijo la fiscal Rivas Diez, interrogada sobre un probable pedido de extradición para Wilson. La fiscal contó que analiza “pedir la orden de captura” del empresario con pasaporte estadounidense que trató de sortear los controles aduaneros del Aeroparque Metropolitano el 4 de agosto, con 800 mil dólares sin declarar en una valija. “Queda un largo camino, y a mi modo de ver, hay que profundizar mucho esta investigación”, aseguró. Pero estimó que, por los elementos reunidos, “se habría cometido el delito de contrabando simple, en grado de tentativa”. No obstante, se encargó de aclarar que se trata de “un cuadro legal provisorio, que puede verse modificado, por el número de personas intervinientes, por la participación de algún funcionario público o aduanero, o por la comisión de otro delito”.

La fiscal comentó que trabaja “con total independencia y tranquilidad”, sin “presiones” oficiales. Ahora deberá esperar que el magistrado en lo Penal Económico Diego Zysman decida hoy si acepta o rechaza la excusación presentada por Marta Novati. La jueza se apartó “por razones de decoro y delicadeza”, luego de fuertes críticas del titular de la Aduana, Ricardo Echegaray, después de que Novati calificara el caso sólo como “una infracción aduanera”.

Mientras, la oposición irá hoy a los tribunales federales por el affaire de la valija. Los principales referentes parlamentarios del radicalismo le dedicaron gran parte del fin de semana –en medio del fragor de la campaña presidencial– a la elaboración de los escritos que llevarán a los tribunales porteños. Las denuncias por “lavado de dinero” y “soborno transnacional” –de acuerdo a lo tipificado en los pactos internacionales contra la corrupción rubricados por la Argentina– serán presentadas ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Correccional y Criminal. Llevan las firmas de los senadores Morales y Ernesto Sanz, y de los diputados Fernando Chironi y Gabriel Nieva. Los escritos fueron elaborados por los abogados Gabriela Sorbello y Leocadio Vilanajo, y en el caso de la denuncia por lavado, supervisada por el jurista y candidato a senador porteño por la UCR Ricardo Gil Lavedra.

“La causa y las denuncias involucran a todos los funcionarios argentinos y venezolanos que viajaban en el avión que trajo al empresario con la valija de dólares. Pero también es extensiva a los funcionarios de Enarsa que contrataron el avión para el vuelo a Venezuela”, afirmó Morales a Página/12. Los escritos piden que la Justicia ponga la mira no sólo en el empresario venezolano, sino en el resto del pasaje del lujoso avión de ocho plazas que Enarsa contrató por casi 100 mil dólares a Royal Class, la compañía aérea de jets privados que aún maneja la familia Yabrán. En él viajaron el presidente de Enarsa, Ezequiel Espinosa, quien contrató el vuelo; el renunciado Claudio Uberti, que presidía el ente regulador de las rutas con peaje (Occovi) y su secretaria Victoria Beresziuk; además de los venezolanos Wilfredo Avila, Ruth Berréenes y Nelly Cardozo, todos de Pdvsa; más Daniel Uzcátegui –hijo del vicepresidente de Pdvsa– y el encargado de sumar a Wilson y su valija al pasaje.

Pero el radicalismo sube la apuesta y –con la venia de Lavagna– le apunta al ministro de Planificación. “No es la primera vez que los funcionarios de Planificación aparecen involucrados en escándalos de este tipo. De Vido tiene que renunciar, pero también debe rendir cuentas. Presentaremos en el Senado un pedido de interpelación al ministro”, insistió Morales, sin olvidarse la pelea electoral: “Es llamativo el silencio de Cristina (Fernández), que no haya emitido opinión quien habla de transparentar la gestión de gobierno”. Los abogados de la UCR ya “se contactaron” con el fiscal general de Venezuela, Julián Isaías Rodríguez, a quien le comunicaron el contenido de las presentaciones judiciales. Pero, desde Venezuela, Rodríguez dijo –según el portal de la Agencia Bolivariana de Noticias– que “lo más prudente es que las autoridades competentes realicen su investigación de rigor”.