Sandra Rodríguez de Fuentealba, la esposa del maestro neuquino asesinado durante una represión policial en abril de este año, fue aceptada como parte querellante en la causa conocida aquí como “Fuentealba dos”, donde la Justicia intenta probar la responsabilidad de los jefes policiales que participaron del operativo en la ruta nacional 22, en el cual se hirió de muerte al docente Carlos Fuentealba. Por otro lado, el propio juez actuante, Cristian Piana, pidió a la Cámara Penal neuquina más tiempo para continuar la investigación que comenzó desde que sucedieron los hechos. La semana previa, a cuatro meses del asesinato del docente, se cumplió el plazo previsto para investigar el hecho.

Aunque expresó su satisfacción por la decisión judicial en su favor, la viuda de Fuentealba dijo a Página/12: “Esto se da al mismo tiempo que le otorgan al policía (Darío) Poblete, quien efectuó el disparo de muerte a Carlos, el privilegio de estar en su ciudad de origen, Zapala, cuidado por sus pares y con el riesgo cierto de poder escaparse en el momento que quiera... Está muy bien que me acepten como parte querellante pero también el juez debería aceptar el pedido de nuestro gremio ATEN (la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén), que también pidió ser parte acusadora en el causa”. El abogado de los Fuentealba, Gustavo Palmieri, expresó su conformidad ante las nuevas medidas, aunque no dejó pasar la oportunidad de expresar: “Al juez lo veo convencido de la responsabilidad de Poblete, pero queremos reunir más pruebas antes de ir al juicio oral”.

A pedido de la querella se citará a declarar en los próximos días a dieciséis nuevos testigos. Se hará lo mismo con los peritos policiales que trabajaron en la causa, con los videos y las fotografías tomados en el momento de la represión. Reunida toda esta prueba, será el juez Piana quien decidirá si envía nuevamente este material a Gendarmería para que se realicen nuevamente las pericias. La familia de Fuentealba no confía en el trabajo que hasta el momento realizó la propia policía de Neuquén, ya que es uno de sus miembros quien está imputado de ser el autor material del asesinato. Además de los jefes máximos de la policía provincial, los ex comisarios Carlos Zalazar y Moisés Soto, también está imputado el ex subsecretario de Seguridad del gobierno de Jorge Sobisch, Raúl Pascuarelli. La acusación que pesa sobre estos tres y otros 21 oficiales de la fuerza es por la comisión de los delitos de homicidio culposo, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.