La causa por la valija con los 800.000 dólares sigue sin juez, aunque ayer se produjo un movimiento poco habitual desde el punto de vista legal. El juez Diego Zysman –tal como adelantó Página/12– rechazó la excusación de su par Marta Novatti, quien adujo “razones de decoro” para apartarse del expediente. Pero al mismo tiempo, Zysman tomó una decisión como si él fuera juez competente: delegó la investigación en la fiscal María Luz Nieves Diez, hasta ahora el verdadero motor del expediente. Anoche, la fiscal preparaba distintas medidas de prueba, pero sin orden de un magistrado no se pueden hacer allanamientos ni librar órdenes de captura ni convocar a alguien a indagatoria. Es más, algunos jueces consultados por este diario afirman que constituye una grave debilidad procesal que un magistrado, que considera que no debe actuar en el expediente, tome decisiones. La Cámara en lo Penal Económico tiene que resolver el entuerto –a veces tarda diez días o más–, pero mientras tanto Nieves Diez sigue juntando elementos. Las otras vertientes de la investigación por lavado de dinero o por cohecho serán difíciles de probar, pero habrá que pedirle explicaciones y evidencias a Guido Alejandro “El Gordo” Antonini Wilson.

Por ahora, la fiscal acusa al venezolano–norteamericano de tentativa de contrabando, un delito cuya pena parte de los seis meses de prisión y tiene un máximo de ocho años. Sin embargo, esa imputación también tiene que ser convalidada por un juez, porque como dicen en Tribunales, “los fiscales dictaminan y proponen, mientras que los jueces deciden”.

Al menos hasta el momento, la parte caliente del caso tiene su centro en la política, no en la Justicia. Se trata de funcionarios argentinos y venezolanos compartiendo el avión con una persona que, sin declararlos, sacó de Venezuela 800.000 dólares e intentó introducirlos en la Argentina. Desde el punto de vista judicial, es muy probable que Antonini Wilson, asesorado por uno de los máximos referentes en el derecho aduanero argentino, el abogado Héctor Vidal Albarracín, diga que el dinero es parte de su fortuna personal –se trata de un hombre millonario–, que los fondos están declarados en Estados Unidos y que venía a comprar una propiedad. Ante eso, la causa girará entre la infracción aduanera, cuya pena es la multa, y el contrabando, que es excarcelable. Hubo un caso anterior, resuelto por el propio juez Zysman, en el que resultó imputado Manuel Lao, el dueño del imperio del juego de azar, Cirsa, que justamente adujo que el dinero lo tenía declarado en España. En un vuelo ejecutivo, Lao intentó ingresar al país 500.000 euros metidos en cajas de jamón serrano.

Para la fiscal, Antonini Wilson hizo una maniobra de ocultamiento y por ello le imputa el delito de contrabando. Las razones son las siguientes:

- Habiendo venido doce veces a la Argentina entre 2006 y 2007, el venezolano seguramente especuló con que entrando a las dos de la mañana de un sábado, en un avión ejecutivo rodeado de funcionarios argentinos y venezolanos, no le iban a revisar la valija.

- Cuando la integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detectó los billetes en la valija, le preguntaron de qué se trataba. El argumentó que eran papeles y 60.000 dólares. O sea intentó ocultar lo que traía.

En verdad el venezolano juega con dos cartas a su favor. Por un lado, el acta realizada en ese momento dice explícitamente que no hubo ocultamiento. El otro elemento es que el acta no la firma ningún testigo, algo que en Tribunales dicen que es de importancia. De todas maneras, para la fiscal sí hubo ocultamiento –llegó a esa conclusión a través de las declaraciones de quienes estuvieron en ese momento– y lo de la falta de firma de testigos en el acta será motivo de pelea judicial. No es irrazonable que a esa hora y en ese lugar fuera difícil conseguir testigos.

Desde el punto de vista del lavado de dinero, el caso podría unificarse –hay varias denuncias– en el juzgado federal de Jorge Ballestero. El delito es convertir dinero negro, o sea proveniente de un ilícito, en aparentemente blanco, es decir, una operación que parece lícita. El punto clave es el origen del dinero.

Un veterano magistrado federal le explicó así la situación a Página/12: “Si Antonini dice que el dinero proviene de una operación legal, tendrá que demostrarlo. Una venta de acciones, de una propiedad, la extracción de los fondos de una cuenta bancaria o lo que fuera. Se trata de una persona de gran poder económico que, incluso, podría conseguir esas pruebas aunque no fueran reales. Porque, al menos a primera vista, el dinero parece negro. Si él aporta elementos de que el dinero salió de una operación legal, el lavado será imposible de probar. Pero habrá que ver, es cuestión de investigar en Venezuela y Estados Unidos. En este rubro –completa el juez– el gobierno chavista tiene campo para profundizar, porque el dinero salió de allá”.

Respecto de un posible cohecho, es decir que el dinero se traía para pagar una coima, tampoco será fácil probarlo. “Mire, si no aparece un arrepentido, la imputación por cohecho es muy difícil. Aquí ni siquiera hay papeles de por medio, no existen facturas truchas o algo así, que permitan probar que se trasladaba dinero a un funcionario”, remarcó el juez de Comodoro Py.

La Cámara en lo Penal Económico debe decidir ahora qué juez se queda con un expediente al que todos le rehúyen. La Aduana dice que la magistrada tardó un día y medio en ser encontrada; la jueza argumenta que se enteró de las características del caso por los medios, o sea que le avisaron, pero no el detalle ni la cantidad de dólares. En el medio de la polémica, la jueza Novatti se sintió agraviada y se excusó de seguir actuando. A esto se agrega la interna entre la Aduana y la PSA. Funcionarios de ambas dependencias firmaron un acta en la cual dicen que no hubo ocultamiento, aunque todos ellos declararon algo distinto después ante la fiscal. Existe el debate teórico acerca de si ocultamiento es “mentir” o si sólo existe ocultamiento cuando hay un doble fondo. Todo esto está por resolverse y la lógica indica que, cuando haya juez, Antonini será citado a indagatoria. Si no se lo encuentra –su abogado afirma que se va a presentar–, podría librarse una orden de captura en su contra.