El ex subcomisario recibió ayer otra buena noticia para él: el juez Villafuerte Ruzo rechazó “por ahora” la reapertura de la causa por el asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi.
El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, rechazó reabrir la investigación contra Luis Abelardo Patti por el asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, cometido el 14 de mayo de 1983. El magistrado decidió “no hacer lugar por ahora” a un pedido del fiscal Juan Murray para que anule el sobreseimiento del ex subcomisario y revoque el criterio de “cosa juzgada” sobre su responsabilidad. Existen numerosos indicios de que el juez que exculpó al represor, todavía en dictadura, actuó bajo presión.
El primer reclamo del fiscal Murray para que se investigue el crimen se remonta a marzo de 2005. Villafuerte Ruzo firmó ayer su resolución de rechazo al planteo, en momentos en que crece la expectativa sobre un fallo de la Corte Suprema que favorecería las pretensiones de Patti de acceder a una banca de diputado. El pronunciamiento del alto tribunal no es inminente, pero se produciría antes de fin de año.
Cambiaso y Pereyra Rossi fueron secuestrados sobre el final de la dictadura en el bar rosarino Magnum. Tres días después el Ministerio del Interior y la Policía Bonaerense anunciaron que habían muerto en “un enfrentamiento armado” en Zárate con una comisión del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional Tigre, que comandaba Patti. Las pericias demostraron que Cambiaso había muerto tras recibir un balazo en la nuca a menos de un metro de distancia y que Pereyra Rossi había sido torturado con picana. Los mataron en la localidad bonaerense de Lima.
A los pocos días del asesinato, el 18 de junio de 1983, Patti y otros dos represores, Rodolfo Diéguez y Juan Spataro, fueron detenidos por orden del juez Juan Carlos Marchetti, quien los procesó por “homicidio calificado reiterado”. Sin embargo, cuatro meses después el mismo magistrado cambió de parecer y reemplazó los procesamientos por sobreseimientos provisorios, que en 1986 se transformaron en definitivos.
Familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos tienen la convicción de que Patti logró quedar libre de cargos como consecuencia de la presión militar y política a los jueces, una hipótesis que ratificarían una serie de papers desclasificados por Estados Unidos que han sido entregados tanto a la Justicia como al Congreso. Esos documentos señalan, entre otras cosas, que un sector del Ejército se disponía a llevar a cabo un autogolpe si el ex subcomisario no era liberado.
En la Cámara de Diputados la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos hizo su propia investigación y dio por probada la participación de Patti en esta y otras tantas violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Esto llevó a que una mayoría votara el año pasado en el recinto por no tomarle juramento como diputado. El fiscal Murray sostiene que la Justicia está habilitada para anular el sobreseimiento de Patti en la causa sobre el homicidio de Cambiaso y Pereyra Rossi porque nunca se llegó a conclusión alguna sobre su participación en los crímenes. El esclarecimiento de esa responsabilidad, considera Murray, se hizo posible a partir de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida y teniendo en cuenta la vigencia de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
El juez Villafuerte Ruzo revocó “por ahora” el planteo de la fiscalía y señaló que se debe “seguir investigando” para determinar si existen “elementos probatorios que permitan eventualmente en un futuro cuestionar la validez de la cosa juzgada”. Se refiere a que sólo podría haber marcha atrás si se llegara a determinar que el sobreseimiento fue dictado “bajo coacción o dolo”. Para los organismos esto está más que demostrado.
Murray le había pedido al mismo juez –en otra causa– la detención de Patti por el asesinato de Gastón Gonçalves, secuestrado el 24 de marzo de 1976 y visto por última vez en la comisaría de Escobar, donde era oficial subinspector. En este caso a Villafuerte Ruzo tampoco se lo vio decidido a avanzar: dijo que no hay elementos suficientes y, a pedido de la defensa de Patti, mandó el expediente a Campana. De allí fue a parar a San Martín.
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