La fiscal María Luz Rivas Diez pidió ayer que se emitiera una orden de captura internacional contra el ciudadano venezolano-norteamericano Guido Alejandro Antonini Wilson. Para que Interpol busque al hombre de la valija se requiere la firma de un juez, ya que los fiscales proponen medidas pero los jueces deciden. En el caso de la valija de los 800.000 dólares existe una situación conflictiva en la que la jueza que estaba de turno, Marta Novatti, adujo razones de “decoro” para excusarse y el magistrado que resultó sorteado en su lugar, Diego Zysman Quiroz, rechazó la excusación. Ayer se sorteó la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico que se tomaría poco tiempo para decidir. En principio habrá juez definitivo antes del fin de semana. Rivas Diez no optó por una citación sino por la orden de captura porque tiene evidencias de que Antonini se fue del país y porque dio un domicilio –el mismo que todos los pasajeros del avión, Viamonte 352– que es donde funciona Royal Class, la empresa de viajes ejecutivos. A eso hay que agregar que hasta el momento no hizo nada para ponerse a derecho: no presentó un abogado, no fijó nuevo domicilio y aunque se dice que está en Miami, tampoco hay constancia de ello.

En Tribunales se considera a Rivas Diez como la “(Carlos) Stornelli del fuero Penal Económico”. En la jerga tribunalicia esto debe interpretarse como que es una fiscal activa, que suele pedir órdenes de captura, prisiones y procesamientos. Algunos son elogiosos con esa forma de actuar, mientras que otros la critican por “jugar demasiado para la tribuna sin evaluar jurídicamente los pasos”.

En sus declaraciones de ayer, Rivas Diez abrió varios frentes:

- Dijo que el delito que le imputa al hombre de negocios venezolano es contrabando –que tiene una pena de seis meses a ocho años de prisión– o bien contrabando agravado. Para este último caso, con una pena mínima de cuatro años, debe darse que en la operación intervinieran tres o más personas o que haya participado un funcionario público. Es decir, que la fiscal debería probar que los otros pasajeros tuvieron que ver con la maniobra. Da la impresión de que Rivas Diez va en ese camino.

- Justamente, la fiscal también dijo que no descarta pedir la detención de Claudio Uberti, el ex hombre del equipo del ministro de Planificación, Julio De Vido. Todo indica que fue quien autorizó a Antonini a subir al avión. El propio Gobierno lo marcó al desplazarlo del Occovi.

- También Rivas Diez habló de lavado de dinero, con lo que la causa podría virar hacia ese delito si encuentra elementos suficientes.

Ayer, el abogado Miguel Bootello presentó una denuncia por encubrimiento contra los demás pasajeros del avión de Royal Class. El sorteo determinó que el expediente fuera a parar al juzgado en lo Penal Económico de Marcelo Aguinsky. Todo indica que el juez se apartará y todo lo que tenga que ver con la valija de los 800.000 dólares será unificado en la causa de la fiscal Rivas Diez y el juez que decida la Cámara. El concepto de Bootello es que todos los pasajeros participaron de la maniobra: uno ingresando el dinero en su valija y los otros sirviendo de pantalla. El problema, según la opinión de varios magistrados consultados por este diario, es que el equipaje es muy personal. Antonini admitió de inmediato que era de él y no será nada sencillo probar que los otros sabían que traía el dinero.

El vacío de juez que tiene la causa será llenado en las próximas 48 o 72 horas. Marcos Grabivker, Roberto Hornos y Nicanor Reppeto son los integrantes de la Sala B que tendrán que resolver quién continúa a cargo del expediente.

La movida de Rivas Diez tuvo ayer un tono espectacular: sin demoras y pese a que la causa no tiene juez, pidió la captura internacional de Antonini Wilson. El venezolano salió del país el martes 7 a las 6 rumbo a Montevideo y de allí casi seguramente voló a Miami. Pero, además, la fiscal conoce que es ficticio el domicilio que dio en el formulario de Migraciones aquel sábado. Los titulares de Royal Class dijeron que como los pasajeros venían durmiendo, los tripulantes llenaron los formularios. Les pusieron a todos la misma dirección, la sede de la empresa. Como Rivas Diez no tiene dónde citar a Antonini, directamente pidió su captura.

A esto hay que agregar que a cualquiera que le incauten 800.000 dólares acude a la justicia para recuperar su dinero. No es el caso de Antonini. No designó abogado, ni se presentó en el expediente. Desde el gobierno venezolano ahora dicen que no lo conocen y no parece haber indicios que hagan pensar que está dispuesto a afrontar el hecho.

Está bastante extendida la versión de que Héctor Vidal Albarracín, considerado una de las máximas autoridades en derecho aduanero, es el abogado contratado por Antonini. En ese caso, hay que ver cuál puede ser su primer paso. Algunos letrados opinan que la mejor jugada es presentar una eximición de prisión, pero otros piensan que es demasiado arriesgado porque obliga al juez a pronunciarse de inmediato sobre la calificación de contrabando o infracción aduanera.

Respecto del delito de contrabando, la defensa tiene un punto fuerte y un punto débil. El fuerte es que el acta redactada ese día dice que no existió ocultamiento, un elemento esencial para el contrabando. El punto débil es que cuando fueron a declarar los funcionarios aduaneros ante Rivas Diez dijeron que Antonini sostuvo primero que se trataba de papeles y luego habló de 60.000 dólares.

En cuanto al lavado de dinero, el venezolano deberá demostrar de donde sacó el dinero. De una venta de acciones, una cuenta bancaria o lo que fuera, aportando evidencias de que no tiene origen ilícito. Como se trata de un millonario, en Tribunales sospechan que no le será difícil presentar algún comprobante. El delito de lavado no será fácil de probar, aunque tampoco imposible.

Una de las preguntas que le harán es qué iba a hacer con el dinero. Ya existe un trascendido de que pretendía comprar una propiedad. El argumento no parece demasiado creíble, pero es el que aparentemente esgrimirá. Ya hubo fuentes que mencionaron que los 800.000 dólares podían tener como destino el financiar a organizaciones sociales que apoyan a Chávez. Expertos en seguridad descreen de esa variante: “Esos fondos, que no sólo los trae Chávez, sino gobiernos de las más disímiles tendencias, no vienen en una valija sin el amparo de un pasaporte diplomático”, le dijo a Página/12 uno de los hombres que hace más años trabaja en seguridad aeroportuaria. “Este dinero era para hacer un negocio, pagar una coima, sacarlo de Venezuela para girarlo a Suiza, comprar alguna propiedad o lo que fuera. Habrá que encontrar elementos que permitan saber de dónde salió la plata y quienes están involucrados en la maniobra”, redondeó.