El parte es del 26 de julio de 1972. Fue enviado por el Servicio de Inteligencia de la Aeronáutica. Y repartido a todas las fuerzas de seguridad. “Este organismo de fuente, que merece fe, tiene conocimiento de que en Carmen de Patagones, San Antonio Oeste y Comodoro Rivadavia se estarían agrupando elementos terroristas que en número de 200, procedentes de Córdoba, intentarían asaltar la próxima semana el penal de Rawson.”

El documento fue rescatado del archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (Dipba). Ese registro, compuesto por casi 4 millones de folios y 300 mil fichas personales, fue recuperado en el año 2000 y hoy está bajo custodia de la Comisión Provincial por la Memoria. Cuatro carpetas con 1521 hojas corresponden a la fuga del penal de Rawson de 1972 y a la posterior masacre del 22 de agosto. El material será incorporado a la causa judicial en la que se investiga el asesinato de los presos que estaban detenidos en la base aérea Almirante Zar.

La primera alusión a la fuga que hay en los documentos de inteligencia figura en el que la Fuerza Aérea alerta sobre un posible “asalto” al cuartel y pide ayuda al resto de la “comunidad de inteligencia”. La información sobre la “concentración de elementos subversivos” en el sur parece haberse originado en la SIDE y la SIE (Ejército) de Comodoro Rivadavia. A partir de esos datos, espías de varios colores comenzaron a investigar. Pero no consiguieron mucho. Un documento fechado el 28 de julio en Bahía Blanca dice: “El titular de la comisaría de Carmen de Patagones informa que las diligencias practicadas y que comprenden la revisación de hoteles, pensiones y casas de hospedajes, así como también inspección de talleres y garajes y operativos de interceptación cumplidos junto con la policía de Río Negro, cada una en sus respectivas jurisdicciones, han arrojado resultados negativos, habiéndose averiguado en los distintos comercios y verificándose que no se han realizado compras importantes de víveres”.

La pesquisa se interrumpió el 15 de agosto. Ese día, los partes que recibe la Dipba dan cuenta de la fuga de un grupo de presos y narran que seis jefes del Ejército Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros lograron llegar a Trelew y subirse a un avión desviado a Chile. También relata que otros 19 detenidos –menciona 18– tomaron el aeropuerto y luego se entregaron. Una semana después serían fusilados, pero tres sobrevivirían para rebatir la historia oficial que pretendió instalar que los asesinatos fueron en respuesta a un intento de fuga. Esa versión, incluso, fue sostenida en los documentos de inteligencia de la bonaerense.

Después de la fuga que no pudieron impedir, y de la que tuvieron sospechas pero poca información cierta, los espías comenzaron otra investigación. Se preocuparon por rastrear el origen de las armas que pudieron recuperar, por descubrir quiénes desde adentro del servicio penitenciario apoyaron la operación, e intentaron no perder detalle de los pasos de abogados y familiares de los presos.

“Los documentos de la Dipba revelan que había una inteligencia previa sobre la fuga y que la policía tenía la mirada puesta en el sur. El archivo muestra cómo se incrementó esta inteligencia a partir de la fuga, pero también cómo se ramifica sobre los familiares o sobre toda persona que se sube a un avión para ir a Trelew”, señala Patricia Funes, historiadora de la Comisión Provincial por la Memoria.

Entre ese grupo de espiados están los miembros de la Asociación Gremial de Abogados que viajaron a Rawson para intentar hablar con los presos y garantizar su seguridad. Pero ellos mismos fueron arrestados. “No se nos permitió la entrada a la cárcel y el único lugar abierto era el hotel provincial. Todas las mesas menos una estaban ocupadas por personas vestidas de fajina. Al parecer se sintieron disgustados con nuestra presencia. Y al rato, un pelotón del Ejército se llevó a Mario Amaya. Al rato vino otro pelotón y nos llevó a nosotros. Nos tuvieron en una comisaría, en un patio donde nos apuntaban con armas”, recordó Eduardo Luis Duhalde, actual secretario de Derechos Humanos. También estaban, entre otros, el subsecretario Rodolfo Mattarollo, Carlos González Gartland y Rodolfo Ortega Peña.

Así como los documentos de inteligencia de la bonaerense sostienen la versión oficial sobre los asesinatos en la base Almirante Zar, de la que se cumplen el miércoles 35 años, también se ve en esos papeles cómo en los sectores de la militancia y los derechos humanos se habló de “masacre” desde el primer momento. Los organismos de inteligencia recopilaron todas las publicaciones que desde las agrupaciones armadas, los sindicatos y los movimientos estudiantiles se produjeron en relación con el 22 de agosto de 1972. Y anotaron la fecha en su calendario de espionaje: dos grandes carpetas contienen los seguimientos, a través de los años, de todos los actos de conmemoración de la fecha.