Luego de años de demoras, la Justicia federal de Chaco ordenó la detención de nueve integrantes de “la Patota” de la Brigada de Investigaciones chaqueña, que funcionó como centro clandestino entre 1974 y 1979. La orden de captura cayó sobre algunos de los responsables máximos del predio que aún están en libertad y apuntó a un cabo cuyo recuerdo entre los sobrevivientes es emblemático: José Marín o “cabo Sotelo”, que tocaba el bandoneón durante las torturas.

La orden de detención alcanzó además al comisario general retirado de la policía provincial Ramón Esteban Meza, y a Héctor Osmar Ramón Escobar, Enzo Breard, Evangelino Baltazar García y Alfredo Abate, de la policía del Chaco. También a Alfredo Julio Manetti, suboficial retirado de la Policía Federal; Horacio Alberto Valussi, del Servicio de Inteligencia del Ejército; y Luis Alberto Pate- tta. Los dos últimos no están en libertad, sino que están procesados y detenidos en el marco de la causa por la Masacre de Margarita Belén.

La causa Caballero se inició en 2002 y, pese a que es una de las megacausas más importantes de la provincia, nunca terminó de avanzar porque quedó en manos de una sucesión de conjueces. El único juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, se inhibió. Los detenidos entraron y salieron de la cárcel a criterio de cada uno de los magistrados. Ahora, por primera vez, la causa parece encaminada, asegura el abogado querellante Mario Bosch. El expediente está en manos de Juan Antonio Piñero, otro conjuez que permanece con la causa por lo menos desde febrero, cuando ordenó la detención de cinco represores, entre ellos Lucio Caballero, comisario general retirado, segundo de la Brigada, que volvió a la cárcel tras permanecer dos años excarcelado. “El problema de fondo son los requerimientos por tormentos contra dos fiscales federales que tiene esta causa. Los fiscales son Carlos Flores Leyes y Roberto Domingo Mazzoni –dice Bosch–, denunciados por los ex detenidos y los organismos de derechos humanos.”