Daniel Scioli fue habilitado ayer como candidato a gobernador tras una resolución de la Junta Electoral bonaerense que rechazó las impugnaciones presentadas en su contra. Teniendo en cuenta los sondeos de opinión difundidos hasta ahora –todos lo dan como ganador, y por amplio margen, el próximo 28 de octubre–, el aspirante kirchnerista eludió con este fallo el principal obstáculo que se le presentaba en su camino hacia La Plata. La Junta también rechazó los cuestionamientos contra las candidaturas de Francisdo De Narváez y Luis Brunatti.

Las impugnaciones a Scioli habían sido elevadas por el partido de Luis Patti (Paufe) y el radicalismo lavagnista, además del Movimiento Popular Bonaerense, Movimiento de Integración y Desarrollo, Demócrata Progresista-distrito Provincia de Buenos Aires y Demócrata Conservador de la Provincia de Buenos Aires.

Según la argumentación de la Junta Electoral, Scioli acreditó el cumplimiento de cinco años de domicilio en la provincia, requisito indispensable para todos aquellos no bonaerenses, como es el caso del vicepresidente, quien nació en la Capital Federal.

Los representantes legales de Scioli acreditaron su residencia en la provincia entre 1963 y 1975, año que “por razones de seguridad” (en alusión al secuestro de un familiar) se efectuó un cambio de domicilio pero que en los hechos no alteró su lugar de residencia hasta 1983, cuando efectivamente se mudó a la ciudad de Buenos Aires.

El otro punto controvertido que se interpretó a favor del candidato del FPVfue el de la ciudadanía. Quienes presentaron la impugnación a Scioli interpretaron que no la había ejercido al no haber sufragado entre 1975 y 2006 ya que en ese período estaba inscripto en el padrón electoral porteño y no en el bonaerense.

“De acuerdo con esta posición, por ejemplo, las personas menores de dieciocho años nacidas en el país no serían ciudadanos argentinos. Tampoco habrían tenido esa calidad las mujeres nativas antes de adquirir el derecho a voto. A la misma conclusión podría llegarse respecto de los nacionales que, no obstante reunir el requisito de la edad, estuvieron impedidos de ejercer el derecho electoral, tal la situación vivida durante los años del gobierno dictatorial”, argumentaron Eduardo Delbés, Eduardo Grinberg y Ana Bourimborde, tres de los integrantes de la Junta Electoral.

“También es el caso –agregaron– de quienes por diversos motivos, y en distintos momentos históricos, eran excluidos del padrón electoral (verbigracia: agentes de policía); o aquellos supuestos en que el propio texto legal exime del cumplimiento del deber de sufragar –sea por razones de distancia, de enfermedad o edad–.”

A ellos se sumó Gustavo De Santis, otro integrante de la Junta, quien agregó un elemento más a favor de Scioli, a quien consideró nacido en territorio bonaerense “más allá de estar sometido su lugar de residencia o nacimiento a una jurisdicción que constituye un orden normativo e institucional especial (en alusión a la Capital Federal), sólo derivado de la necesidad por dar asiento a las autoridades nacionales”.

De esta manera, la Junta bonaerense, presidida por el titular de la Corte, Daniel Soria, dio respuesta al pedido de la Junta Nacional para que acelere las resoluciones sobre los pedidos de impugnaciones existentes.

El camino que les queda a quienes cuestionaron la candidatura de Scioli es recurrir a la Corte provincial. La jurisprudencia del máximo tribunal bonaerense está a favor de la “irrecurribilidad” de las decisiones de la Junta. Sin embargo, Soria considera como inconcebible que una resolución de un órgano administrativo –como la Junta– no pueda ser recurrida ante la Corte. Por lo tanto, en caso que prosperara, el propio Soria deberá excusarse ya que ejerce simultáneamente la presidencia de la Junta y de la Corte.