Pagando los costos de su propia debilidad, al Gobierno se le abrió ayer un nuevo frente de tormenta. En un fallo de indudable raíz política, más allá de las razones que le asisten, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del descuento del 13 por ciento sobre los haberes de trabajadores estatales y jubilados, dispuesto por Domingo Cavallo en oportunidad de lanzar la Ley de Déficit Cero. El fallo, que está referido exclusivamente a un solo caso –un militar en actividad– y tiene carácter retroactivo –supondría devolver los descuentos de más de un año–, podría extenderse a todos los trabajadores del Estado y jubilados que se presenten ante la Justicia a reclamar los haberes descontados. La postura de la Corte fue leída por algunos como la ruptura de las negociaciones con el duhaldismo por evitar el juicio político a los miembros del Alto Tribunal, que el oficialismo prometió rechazar en el Congreso pero nunca logró llevar al recinto. Otros ponían el acento en el impacto económico que tendrá para los planes del Gobierno imponerle una obligación extra de más de 2000 millones de pesos anuales en salarios y jubilaciones, sin considerar las obligaciones retroactivas que se generarían. Algunos allegados al Ejecutivo se preguntaban en qué medida ello podría complicar el acuerdo con el FMI. Anoche, el presidente Eduardo Duhalde y el ministro Roberto Lavagna discutían, rodeados de muy pocos colaboradores, el camino a seguir.
Pocas semanas atrás, tras las visitas de la comisión de “notables” compuesta por banqueros centrales de países miembro del Grupo de los 7, del secretario del Tesoro Paul O’Neill y de una misión técnica del FMI, una de las coincidencias de todos ellos a su regreso a Estados Unidos fue que el Gobierno mostraba una marcada debilidad para resolver el tema de los amparos en favor de los ahorristas, el agujero negro del programa monetario que el FMI trataba de consensuar con las autoridades económicas. “Hay que llegar a un acuerdo con la Corte Suprema, pero no hay quien lo pueda hacer”, fue la conclusión que transmitió un banquero que estuvo reunido con cada uno de los visitantes. Anoche, el problema de una relación indefinida entre la Corte y el duhaldismo provocó otro pico de tensión, tal vez el más grave y el menos deseado.
El Supremo Tribunal lanzó una señal durísima hacia el Gobierno, poniendo en cuestionamiento todo el andamiaje de normas excepcionales tomadas en nombre de la emergencia económica. Y lo hizo con una contundencia sorprendente en la votación: 7 miembros contra 2. El decreto que la Corte declaró inconstitucional es el 896 del año 2001, aquel por el que Domingo Cavallo, como ministro de la Alianza, resolvió un recorte del 13 por ciento sobre salarios estatales y jubilaciones superiores a 500 pesos, en virtud de la Ley de Déficit Cero, que imponía al Estado la obligación de no recurrir a financiamiento externo para cubrir sus erogaciones.
Un legislador que en aquel momento se opuso en el recinto a dicha ley recordó que la misma fue impulsada en el marco de la negociación del megacanje con el FMI, e incluso se citó a Nicolás Avellaneda en los fundamentos en aquello de pagar la deuda “con el hambre y el sudor del pueblo”. “La rebaja salarial era abiertamente inconstitucional, eso es indiscutible, y era inevitable que en algún momento iba a explotar con un semillero de pleitos contra el Estado; lo inaceptable sería que ahora el FMI le viniera a exigir al Congreso que trabara la aplicación de la resolución de la Corte, como está haciendo oponiéndose a que legislemos sobre la aplicación del CER a los créditos bancarios”, clamó el legislador. Lo sorprendente es que se trata de un diputado duhaldista y de los más próximos al Presidente.
El fallo de inconstitucionalidad se refiere a un caso en particular, el de un oficial de las Fuerzas Armadas que demandó por la diferencia de haberes, pero sus fundamentos son de alcance general. La Corte afirmó que “la ausencia de límites temporales y cuantitativos de las quitassalariales desarticula todo el sistema del empleo público, pues el derecho de los trabajadores estatales se encontrarían en todo momento –de emergencia o sin ella– a merced de la discrecionalidad con que el poder público resolviese llevar a cabo su política económica”. En disidencia, Antonio Boggiano justificó el recorte de haberes como “un instrumento necesario para mitigar el déficit fiscal, cumplir lo antes posible con las obligaciones internacionales de la Nación y restablecer con gran urgencia el sistema financiero del país a fin de aventar los graves males presentes y las peores penurias que pueden venir”. Augusto Belluscio citó, en tanto, su propia postura en el caso “Guida”, en el cual había avalado el otorgamiento de amplias facultades al Poder Ejecutivo.
Aunque los integrantes del bloque justicialista niegan la vinculación entre la actitud de la Corte y la decisión legislativa con respecto al juicio político a sus miembros, ayer el oficialismo no podía disimular el estado de conmoción. “La decisión está tomada: el martes el bloque elevará a comisión el pedido de tratamiento en el recinto del pedido de enjuiciamiento”, aseguraban, ratificando la posición adoptada el miércoles último. Menemistas y duhaldistas, por diferentes razones, coinciden en su rechazo al enjuiciamiento, aunque algunas voces cercanas al bloque justicialista dejaban algún margen para la especulación: “el duhaldismo empezó impulsando el juicio a la Corte, luego por necesidad pasó a oponerse; ahora, habrá que ver qué pasa después de este fallo, y no descartaría un nuevo giro”.
El interrogante que quedó sin responder es qué ruido hubo en las últimas horas para que la Corte acelerara una definición. “El pronunciamiento de inconstitucionalidad era cantado, pero podrían haber seguido demorándolo”, especuló un vocero justicialista anoche. Con intención o sin ella, otra amarra entre la Corte y el Gobierno, quizás la última, se quebró anoche. Y nadie sabe, a ciencia cierta, si no es el Gobierno el que quedó a la deriva.