El libreto de los últimos tiempos de la mayoría de los ministros de la Corte Suprema decía más o menos así: mientras sigamos bajo la amenaza de un juicio político no resolveremos casos de trascendencia nacional porque no podemos ser independientes. Sin embargo, desde hacía alrededor de un mes en el máximo tribunal se venían urdiendo intentos por conseguir un fallo unánime para declarar inconstitucional el recorte salarial del 13 por ciento, una decisión capaz de descalabrar las cuentas del Gobierno al menos a mediano plazo. Las firmas fueron siete en vez de nueve, pero las suficientes como para hacer una nueva demostración de poder ante un Ejecutivo débil y una apuesta a la permanencia mientras el Congreso mantiene su situación en suspenso.
El fallo mayoritario de la Corte pone el dedo en la llaga en un tema bien sensible como es el de los salarios y jubilaciones, con un guiño a favor de “la gente” –mucha quizá de la que caceroleó por su destitución–, y sale a un año de la implementación del recorte por parte de la gestión de Fernando de la Rúa. Al día de hoy el presidente Eduardo Duhalde ya había optado por olvidarse del asunto del juicio político a los cortesanos, que él mismo fogoneó en un principio pero le trajo demasiados dolores de cabeza como para insistir, entre ellos la acordada del alto tribunal contra el corralito. Pero ayer hubo un sacudón. A la mañana, cuando los ministros todavía no habían decidido nada, el jefe de Gabinete Alfredo Atanasof se plantó ante los micrófonos de la prensa para decir que “el Gobierno no tiene recursos para hacer frente a esos gastos” y que por supuesto también, igual que la Corte, piensa en los ciudadanos. “Si los hubiese tenido –añadió– seguramente no hubiésemos esperado ningún fallo para poner justicia en este desequilibrio que están padeciendo los trabajadores públicos y los jubilados”.
La resolución de ayer obliga a que se le restituya el 13 por ciento sólo a la persona que reclamó, un empleado del Ejército, pero ayer en la Corte advertían: “Aunque el Gobierno no está obligado a dar marcha atrás con el recorte debería hacerlo y, de todos modos, todo el que reclame en la Justicia, frente a esta nueva jurisprudencia, va a ganar”. Horacio Meguira, abogado de CTA entiende, según le explicó a este diario, que “ahora la propia Corte va a tener que sentenciar en todas las causas de incidencia colectiva que fueron iniciadas ante la ley de déficit cero, entre ellas la de todos los representados por la CTA, y que tuvieron sentencias favorables de la Cámara de Apelaciones del fuero laboral”.
La resolución, que incluye advertencias tales como que la cuestión salarial no debe utilizarse como “herramienta política”, hace una diferenciación con el recorte que motorizó Carlos Menem en el ‘95 y que la Corte sí avaló. Los remedios ante la emergencia, aclaran los ministros, “no son ilimitados”. El reciente “envilecimiento de los sueldos”, dicen, cambia las cosas. En Diputados, mientras tanto, el menemismo siguió presionando para llevar cuanto antes el dictamen que promovió el juicio político de los jueces –para desestimarlo– al recinto. A Humberto Roggero le arrancaron la promesa de que el martes el bloque se reúna para ponerle fecha al debate. Pero tanto los radicales como el ARI y otros sectores del peronismo, incluso el presidente de la Comisión de Juicio Político, Sergio Acevedo, harán lo posible por desarticular la movida o sacar o relucir otros expedientes. Y todo esto ocurre en medio de la polémica por la interna peronista, en la que Menem –a quien la Corte el año pasado le facilitó la salida de prisión (domiciliaria)– amenaza con llevar el tema para que sea resuelto por el tribunal supremo.