Antes de convocar a las audiencias públicas para debatir los ajustes de luz y de gas, Roberto Lavagna anunció la instrumentación de una “tarifa social”, mecanismo que servirá para excluir del aumento a los clientes más modestos. Sin embargo, hasta ayer no había unidad de criterio entre las propias empresas ni entre éstas y el Gobierno acerca de quién debería soportar el costo de ese subsidio: si sólo el Estado, resignando impuestos, o los mayores consumidores, cuyas boletas se encarecerían más para que otras pudieran permanecer igual. También quedó en una zona oscura la suerte que correrán las prestadoras por haber abandonado los planes de inversión. Economía está dispuesta a condonar o postergar multas. Más duro, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad presiona por un standard mínimo en la prestación del servicio.
Las distribuidoras gasíferas reclaman un aumento “de emergencia” del 34 por ciento promedio para los usuarios residenciales. Pero sólo Metrogas planteó discriminar entre segmentos de consumidores, lo que permitiría exceptuar de la suba a los que no demandan más 500 m3 al año. La empresa no ahondó en este punto, aunque argumentó a favor del criterio de segmentación “porque los que más consumen son los que originan más costos”, entre otras razones expuestas.
La idea resulta familiar al Enargas, que ya trabajó informalmente sobre una fragmentación de usuarios residenciales, sobre la idea de instrumentar un mecanismo de solidaridad forzada de los que consumen más hacia los que gastan menos, y con “efecto neutro” sobre los ingresos empresarios. Ese esquema podría ser compatible con el de tarifa social propiamente dicha, que supone una subvención expresa del Estado, vía resignación de impuestos.
Por IVA, Ingresos Brutos y algunos tributos específicos para obras, la carga fiscal sobre las boletas del gas oscila entre el 36 y 40 por ciento, según las zonas. Proporción similar es la que afecta a las facturas de luz. Sobre esa base, en su flamante presentación a la comisión renegociadora, Edesur propuso al Estado que reduzca o elimine parte de esos tributos, de modo tal que el impacto sobre el bolsillo de los consumidores se atenúe o, en algún caso, directamente no haya aumento. No hay para la empresa ni posibilidad ni necesidad de una tarifa social.
Edenor, por su parte, eludió cualquier referencia a la tarifa social, por la que viene clamando públicamente desde hace meses, aunque sin precisar demasiado a cargo de quién debe estar la subvención que aquélla entraña. A fin de mes vence un acuerdo marco por el cual la luz que consume un sector de escasos recursos (en gran medida, ex “colgados”) es abonada por el Estado. Pero, por este concepto, la firma aspira a cobrar 11 millones que estarían aún impagos.
Si no hubiera un acuerdo previo a la audiencia pública, la última palabra sobre el tema surgirá luego de ese debate. Por ahora, y un día después de que se conocieran los alarmantes índices de pobreza, Economía hizo expresa su intención política de proteger de la suba a los más desamparados, aunque sin precisar a través de qué recurso.
En un ámbito más reservado seguirán las discusiones acerca de cómo garantizar la prestación del servicio sin interrupciones ni otras consecuencias propias de la desinversión en que incurrieron las prestadoras desde que se congelaron las tarifas. Las empresas resisten las multas que les aplicaron los entes reguladores y advierten al Gobierno sobre los cortes de suministro y otros males si no recomponen de urgencia sus ingresos.
Lavagna también está animado por la intención política de perdonar o al menos postergar el pago de multas, aunque difícilmente se avenga a admitir formalmente una flexibilización en los planes de inversión, algo que el duhaldismo aspira a dejar en manos del próximo gobierno.