Este jueves, en una sesión de fin de tarde en la Legislatura porteña, Santiago de Estrada le arregló un negocio inmobiliario a la Iglesia. No fue un negociado, apenas un negocio; no fue un acto de corrupción, sólo sancionar la impunidad para un delito civil. Fue una demostración de poder del macrista que preside la Legislatura y será a partir de diciembre nada menos que el auditor del nuevo gobierno porteño, veedor de la misma legalidad de sus actos. De Estrada, ex funcionario de dos dictaduras militares y veterano de pasillos vaticanos, lo hizo como un acto más de militancia para su referente más antiguo, el cardenal Jorge Bergoglio. Resultó hasta curioso: por un terreno común y corriente de la calle Membrillar, en Flores, el jefe de la Iglesia Católica se dedicó en persona a llamar a diputados porteños y pedirle su voto. Así zafaba a la parroquia de Flores de un juicio por demolición clandestina que difícilmente podrían ganar.

La historia comenzó en septiembre de 2003, cuando un buen domingo los vecinos de la primera cuadra de Membrillar se despertaron y vieron que la vieja casa de los Piana había sido demolida a medias, de noche y sin permiso. La casona, criollona y con decoraciones italianizantes, tenía más de un siglo y tenía su fama porque era de las más viejas del barrio y porque alojaba el café La Subasta. El legendario bar compartía la casa, pasillo por medio, con una santería y librería religiosa, algo entendible porque todo el conjunto había sido legado a la parroquia de Flores por la muy creyente familia propietaria.

Los vecinos reaccionaron rápido y lograron frenar la demolición antes de que pudiera completarse. Llamaron hasta a la Defensoría del Pueblo porteña y consiguieron una acción rápida, porque la casa estaba catalogada como edificio histórico. Ya en agosto de 2000, la casa Piana pasaba a formar parte del Area de Protección Histórica 15, con otros treinta edificios del barrio. La casona quedó casi sin techos y con el remate de su frente mochado a martillazos, precintada y con sus ventanales tapiados, enredada en un juicio.

El problema para la parroquia de Flores es que ese juicio era imposible de ganar. La legislación porteña de protección del patrimonio edificado es confusa y débil, en parte gracias a la desidia de los sucesivos gobiernos, que temen ofender intereses económicos. Pero hasta un conjunto de leyes tan tímido definía la cuestión en un punto: la sanción por demoler un bien protegido es una drástica limitación de lo que se puede construir a nuevo. Obviamente, el negocio es demoler para que se construya algo mayor a lo destruido, por lo que la defensa de la basílica en la avenida Rivadavia intentó cuerpear afirmando que nunca habían recibido, ni allí ni en la sede central eclesiástica en Plaza de Mayo, una notificación formal de la catalogación. Y que ésta, de todos modos, no era definitiva porque no se había votado específicamente en la Legislatura. Argumentos débiles, ya que la APH de Flores existía y había sido votada y publicada en el Boletín Oficial. La Curia decidió buscar otra solución.

El gestor

Aquí entra en escena Santiago de Estrada, legislador porteño por el macrismo, cuyo poder ascendía a medida que se apagaba el de Aníbal Ibarra. De Estrada entendió que la presentación que se había realizado para que se autorizara terminar la demolición porque el bien protegido ya estaba a medio destruir era jurídicamente insostenible. Eso era permitir que se termine un ilícito porque ya se lo había empezado. El macrista pensó en otro ángulo, que le permitiría de paso hacer una demostración de poder: pasaría una ley para descatalogar el edificio. Era lo más simple, ya que el proyecto tendría apenas unas líneas derogando el párrafo de la APH de Flores que tocara a la casa Piana. Por supuesto que seguía siendo convalidar un ilícito –la demolición nocturna, a escondidas, sin cartel y sin permiso– pero ¿para qué se tienen amigos poderosos? Hasta logró un aliado en el Frente para la Victoria, Miguel “Pancho” Talento, cuya señora madre es muy creyente y parroquiana de Flores.

Para fines de 2005, el proyecto de De Estrada y Talento comenzaba la ronda que requiere toda ley en la Legislatura. Hubo reuniones en las comisiones implicadas y hubo dos audiencias públicas, en las que se puede anotar cualquiera que pueda opinar y resultaron inolvidables por la agresividad de los partidarios de De Estrada y de la demolición (ver aparte). En medio de todo esto, cayó Ibarra, arrastrado por la tragedia de Cromañón de fines de 2004. Para mediados de 2006, el balance de poder en la Legislatura había cambiado completamente y De Estrada se encontró de presidente.

Aún así, tomó su tiempo. En parte fue por la inexperiencia del legislador, que cometió chambonadas como convocar audiencias sin saber que necesitaba otros legisladores presentes y terminar fatigando el celular para reunir quórum mínimo a último momento, sin lograrlo. Finalmente, el 21 de diciembre, De Estrada pudo mostrar su poder y logró los 31 votos necesarios para aprobar la ley que le liberara a la Iglesia su pequeña inversión. Puso todo en el asador y hasta Norberto La Porta votó a favor.

Lo que nadie esperaba era que el problema viniera por el lado del Ejecutivo porteño. Como se sabe, toda ley es votada por el Legislativo pero es promulgada y, de ser necesario, reglamentada por el Ejecutivo. El jueves 25 de enero de este año, el Boletín Oficial de la ciudad publicaba el decreto 138 en el que el jefe de Gobierno Jorge Telerman vetaba la ley de De Estrada y Talento. Fue un golpe inesperado.

Segundo acto

Otro político tal vez hubiera desistido o esperado que terminara la campaña política en que su jefe, Mauricio Macri, se jugaba tanto. Pero De Estrada no sólo responde a otros mandos sino que es una persona de gran orgullo. Conocido como “el cardenal”, el legislador y ex funcionario de Onganía y Videla tiene llamativos aires señoriales, tal vez adquiridos de sus tiempos de embajador en el Vaticano de Raúl Alfonsín, o tal vez simplemente porque le gustan esos aires. A su hábito de saludar con una suerte de amague de reverencia con la cabeza, se le suma una cortesía muy formal y bastante altanera, muy eficiente a la hora de poner distancia: es rarísimo encontrar alguien que hable de De Estrada con algo que no sea inquietud. Tras estos años en la política se le conoce por una actitud muy vaticana, la de rehuir confrontaciones abiertas y hasta darle la razón al rival, cuando ni piensa hacer lo que se le pide.

El asunto es que De Estrada volvió a la carga y presentó nuevamente su proyecto, esta vez con el handicap de tener que levantar un veto. Uno de los temas que rechazó fue una propuesta que le llegó desde la Comisión de Patrimonio de su propia Legislatura para conservar la fachada de la casa Piana y dejar que se demuela el interior. Todo lo que tenía que aceptar el futuro constructor era adaptar un poco su diseño, preservando aunque sea la memoria del caserón, sin perder ni un metro cuadrado del negocio. De Estrada ni siquiera consideró la posibilidad de ese arreglo amistoso.

Como las cosas ya habían salido mal una vez, el socio en el negocio también se involucró. El cardenal Jorge Bergoglio, jefe de la Iglesia argentina, levantó el teléfono y llamó a por lo menos diez legisladores, para garantizar su voto. El mensaje, muy cortés, era de lo más claro y fue resumido por uno de los que recibieron el llamado: “Yo no me voy a inmolar por este tema”. El autor de la frase sabía perfectamente que lo que estaba votando no era para estar orgulloso.

Este jueves, a la noche, 31 legisladores, del PRO y ajenos pero poco dispuestos a “inmolarse”, levantaron la mano y le votaron al inminente auditor porteño su ley. La parroquia de Flores logró, con ayuda de su máxima autoridad y de su mayor contacto en la Legislatura, liberar un terreno que ahora podrá venderse para hacer un edificio más de los miles que hay en la ciudad. Además de exagerada –semejante poder de fuego para despejar un terreno común– la saga de Membrillar abre un interrogante constitucional: la Cámara porteña, en un caso por otra demolición frenada, falló claramente que todo edificio en proceso de catalogación debe quedar inhibido hasta que la Legislatura haga su trabajo. La maniobra de la inmobiliaria De Estrada-Bergoglio impide que los legisladores decidan si es o no un bien patrimonial, que viene a ser justamente su tarea.