“Abran esa puerta”, ordenó el fiscal Hugo Cañón. Pasaron cinco minutos. La llave no aparecía. “Abran”, insistió. Al jefe de la Base Naval de Puerto Belgrano se le diluyó la sonrisa. El capitán de navío Néstor Omar Costa se quitó sus Ray-Ban oscuros de marco dorado, pidió que las cámaras no filmaran y acató, hacha en mano, la orden de la Justicia. Del otro lado sólo había papeles inútiles, pero para los sobrevivientes del campo de torturas y exterminio que funcionó en la mayor base naval del país, protagonistas por primera vez en 23 años de democracia de una inspección ocular a las catacumbas donde transcurrieron sus cautiverios, la imagen simboliza el comienzo de un proceso de justicia que lentamente avanza también en la inconmovible Bahía Blanca.

La medida fue ordenada por el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni, que instruye la causa desde febrero, tras un año de excusaciones y recusaciones, en algunos casos por identificación con la dictadura. Acompañaron a los sobrevivientes representantes de las querellas: H.I.J.O.S. Capital y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local. En nombre de la Armada encabezó el contingente el comandante de operaciones navales, contraalmirante Luis Oscar Manino, secundado por Costa y el jefe de Baterías, capitán de navío Gustavo Eladio Ardusso. Gracias a un oportuno asueto por el “Día de la Madre” (sic), que benefició al personal con más de un cuarto de siglo en la Armada, los interlocutores de los visitantes a lo largo del trayecto fueron jóvenes sin protagonismo en los años ‘70.

La inspección comenzó por el Puesto 1, cerca de la entrada principal. En los días posteriores al golpe allí fueron interrogados, entre otros, los dirigentes peronistas Edgardo Carracedo, Jorge Izarra, Néstor y Hugo Giorno, que relataron ante el juez sus padecimientos. Los tres últimos fueron luego intendentes de Punta Alta. Durante tres semanas estuvieron encerrados en camarotes del crucero 9 de Julio, reciclado para la ocasión. Pese a los ojos de buey sellados, lograron ver los muelles de la dársena de Puerto Belgrano, donde hoy descansan los hierros chamuscados que catapultaron al estrellato al capitán Guillermo Tarapow.

Luego fue el turno de las baterías históricas, fortalezas de piedra con paredes de un metro de ancho levantadas a fines del siglo XIX para custodiar el puerto militar. A juzgar por pisos, paredes externas, eucaliptos, vías de trocha angosta y playas cercanas, coincidentes con los relatos de sobrevivientes, los detenidos-desaparecidos locales resistieron en alguna de esas casamatas. Es improbable que sin la confesión de algún marino la Justicia confirme con certeza cuál de las seis baterías funcionó como centro de detención. La inspección incluyó sólo dos, la sexta y la tercera, ambas abandonadas, actuales “villas cariño”. El silencio de los victimarios no permite descartar que el CCD haya funcionado en la cuarta, actual sede de un museo histórico.

Tentoni ya declaró nulas las leyes de impunidad y los indultos que beneficiaban a los oficiales imputados en los ’80. El próximo paso serán las indagatorias no sólo de marinos detenidos en otras causas como Julio Torti, Antonio Vañek, Juan Carlos Malugani o Juan José Lombardo, sino también de quienes continúan impunes y libres, como el contraalmirante Raúl Alberto Marino, el capitán de navío Edmundo Núñez, los miembros de las patotas operativas, sus capellanes y sus subordinados de Prefectura.