Las voces de Gladys y María Josefina Sosa, tías de una de las víctimas del penal de varones de Santiago del Estero, se superponen por momentos. Las dos lloran y hablan, al mismo tiempo. La entrevista con Página/12 es una catarsis: “Los han matado. Les estaban pegando desde una hora antes de la visita (se refiere al mediodía del domingo). No hubo intento de fuga, ésa es la mayor mentira. Los han matado. Ni los animales son capaces de hacer una masacre semejante”. Josefina es la que sigue hablando hasta el final. Gladys pide disculpas a mitad del diálogo telefónico porque el “gran dolor” le impedía articular palabras. “No hubo motín, no había nada preparado. Ni fuga ni nada. Ellos tuvieron que reaccionar porque la famosa patota (alude a los guardias) los estaba castigando. Y ni hablar del trato que recibíamos nosotros, los familiares, en la requisa previa a la visita. Nos hacían acostar sobre una mesa, nos hacían abrir las piernas para ver si llevábamos droga dentro nuestro. Había droga en el penal, pero era la que vendían ellos (por los guardias). ¿Dónde están nuestros derechos humanos, dígame usted?”

Antes de que el dolor le impida seguir hablando, Gladys acusa al gobierno de Gerardo Zamora como responsable de lo ocurrido: “Tanto hablar de derechos humanos durante la intervención (federal) en la provincia y ahora ya nadie se acuerda. Esto estaba todo armado para matarlos. Lo que nosotros queremos es que el señor gobernador venga a dar la cara. El tenía conocimiento de que las cosas en la cárcel estaban mal, muy mal. El pueblo lo ha puesto en ese lugar para defender los derechos humanos y él no lo está haciendo. Que venga a dar la cara”. El llanto de Gladys lo tapa todo y ella le pasa el teléfono celular a su hermana Josefina.

Las dos mujeres son tías de Claudio Alfredo Corvalán, de 27 años, quien el 6 de diciembre próximo iba a salir en libertad. “¿A usted le parece que tenía alguna necesidad de hacer un motín, si lo único que hacía era hablar de que iba a volver a su casa?” Las dos mujeres se han convertido en voceras del grupo de afectados por la matanza de la cárcel de varones de Santiago del Estero. En realidad, María Josefina Sosa ya lo era. Además de ser secretaria de Derechos Humanos de la CTA de Santiago del Estero, es fundadora de la entidad Madres Unidas del Barrio Pacará, de la capital provincial. El lema de la entidad es la lucha “contra el hambre, la discriminación y el atropello policial” en el barrio.

Gladys y Josefina, junto con más de un centenar de familiares de internos, pasaron toda la noche en el penal, tratando de obtener información sobre lo que estaba ocurriendo adentro. “Nos han tratado como si fuéramos animales. Nos han tirado los perros y los caballos encima. Han pisoteado los derechos humanos más básicos e indispensables. A mi sobrino lo han perseguido siempre, le hicieron tres juicios y ahora lo asesinaron cuando estaba a punto de salir en libertad.”

Josefina sostiene que lo ocurrido “tiene que ser investigado a fondo, porque han pasado cosas muy raras. ¿Por qué siempre tenemos que pagar los pobres? Parece que estamos para servir al amo y sólo recibir latigazos como pago. En la cárcel de varones era algo común la aplicación de torturas a los presos. Y nosotros lo habíamos denunciado en tiempo y forma ante el Superior Tribunal de Justicia. Los jueces sabían muy bien cuál era la situación en el penal y no han hecho nada. Ahora, en vez de ayudarnos, nos entregan los cuerpos calcinados y nos dicen que murieron por asfixia, cuando se les ven las marcas de los golpes que han sufrido. En la autopsia que nos dieron no figura nada sobre esos golpes. ¿Esto es justicia?”

Corvalán, el sobrino de las hermanas Sosa, estaba en el pabellón dos, que fue donde se produjo el supuesto motín. Allí había 42 presos, la mayoría de ellos procesados sin condena firme. En ese lugar estaban todos los internos fallecidos. “El cuerpo de nuestro sobrino tiene marcas como de puntazos y está muy golpeado, aunque los médicos forenses no dijeron nada en la autopsia”, insistieron Gladys y Josefina, quienes ayer, cerca de las 19, retiraron de la Morgue Judicial el cadáver del joven.

Antenor Ferreyra, abogado de la APDH de Santiago del Estero, recordó que la defensora del crimen de tercera nominación, Luisa Suárez, “ya había anticipado por escrito, que podría ocurrir un motín y una matanza en la cárcel de varones. Ella había solicitado protección para las personas que eran sus defendidas, pero no le hicieron caso”. Ferreyra afirma que “lo único que puede decirse” sobre lo ocurrido en la penitenciaría es que “a los internos los han matado como si fueran ratas; esto ha sido una barbaridad inadmisible”. Para el dirigente de la entidad de DD.HH. “esto es una muestra de la ineficiencia de las autoridades. Los guardias no están entrenados para una emergencia, en las celdas hay colchones de gomaespuma que son altamente inflamables y el servicio de bomberos en el penal es totalmente ineficiente. Esto ha sido un crimen espantoso”.

Ferreyra quiere resaltar la responsabilidad del gobierno provincial: “Hace un año tuvimos un acuartelamiento policial, con cientos de efectivos armados y movilizados. Eso pudo haber sido un baño de sangre. Ahora se producen estas muertes en la cárcel y todo demuestra que hace agua por todos lados la política de seguridad pública del gobierno”.

Cristina Torres, una ex desaparecida que es dirigente de la Asociación Memoria, Verdad y Justicia, estuvo toda la noche acompañando a los familiares en la puerta de la cárcel. “Todos coinciden en que hubo golpizas el sábado y que el domingo a la mañana, antes de la visita, hubo una requisa muy fuerte. Eso fue lo que provocó el comienzo de la protesta. Todo parece indicar que no hubo intento de fuga. Las condiciones en la cárcel siempre han sido terribles en un lugar superpoblado donde los malos tratos son habituales.”

“Los familiares estaban desesperados porque no tenían ninguna información oficial sobre lo que estaba ocurriendo. No dijeron nada, ni una palabra, cuando ahora se sabe que todos estaban muertos a las seis y media de la tarde (del domingo)”, concluye Cristina Torres.

Los abogados Miguel Angel Torres y César Barrojo son defensores del algunos de los imputados en el doble crimen de La Dársena, cinco de los cuales estaban alojados en el penal de varones y ahora fueron trasladados a la alcaidía de los tribunales de la capital provincial. “Todos están bien”, dice Barrojo ante una consulta de este diario. Tanto él como Torres coincidieron con la idea de que lo sucedido “no fue ni un motín ni un intento de fuga, sino que se produjo una protesta luego de una violenta requisa que sufrieron los internos”.