El proyecto que protege los bosques nativos era la perla destacada de la primera sesión del Senado, luego de la elección presidencial. En pleno receso, y después que la organización ambientalista Greenpeace marchó hacia el Congreso para pedir el tratamiento de la iniciativa con el respaldo de 1.289.434 firmas, el titular de bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto, se comprometió a analizarla en la primera quincena de noviembre. Ayer estaba dispuesto a cumplir con la palabra empeñada y por eso la incluyó en el orden del día. Parlamentarios peronistas del Noroeste, del Noreste, convocados por el cordobés Roberto Urquía, lograron después de intensas reuniones que la propuesta saliera del temario.

A primera tarde, Urquía, un empresario vinculado a la plantación de la soja y dueño de la Aceitera General Deheza, llamó a varios senadores a su despacho. El punto en común de todos los participantes es su malestar ante la iniciativa. El salteño Marcelo López Arias, los jujeños Guillermo Jenefes y Liliana Fellner, el formoseño José Mayans, la correntina Isabel Viudez son algunos de los que acudieron a la convocatoria del cordobés.

Hace meses que el tema es discutido en comisiones y aun así todavía no tiene un dictamen favorable. El salteño López Arias es uno de los principales críticos de la movida. Hace varios meses, Pichetto se sinceró con la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, y le dijo: “Así como está, el proyecto no sale”.

Entre otras modificaciones, los legisladores proponen compensar económicamente a las provincias que cumplan con la norma. La resistencia de las provincias no es una novedad. En febrero de este año, Greenpeace denunció que “Salta ha autorizado en los últimos tres meses desmontes por más de 107 mil hectáreas”. La cifra es llamativa y la organización ecologista subrayó que “duplica la superficie desmontada por esa provincia en un año”. En el Senado se repite con insistencia que Picolotti no ve con buenos ojos que las provincias reciban una compensación de dinero por cumplir con la ley. Pero sancionar el proyecto y acallar las críticas de los ecologistas es una prioridad.

En el mismo momento en el que los senadores del peronismo debatían qué hacer con el proyecto, Picolotti se encontraba en la Cámara alta. Había concurrido para discutir una iniciativa que avanza en la remoción de barcos hundidos en el Riachuelo. Fue la salteña Sonia Escudero quien la invitó a la reunión que estaban realizando sus compañeros de bancada. Del encuentro también participó Pichetto. La solución formal a la que llegaron es tratar la iniciativa cuando tenga dictamen de comisión. Algo que en los planes previos no se sabe cuánto tiempo puede demorar.

Hoy el oficialismo esperaba tratar el tema sobre tablas. El proyecto se enfrenta a otro riesgo. De contar con dictamen de comisión y no ser aprobado en el recinto antes del 10 de diciembre, fecha del recambio parlamentario, habrá que volver a empezar con la noria.