La Casa Rosada inició ayer su actividad con una reunión entre Néstor Kirchner y la ministra de Defensa, Nilda Garré. El Presidente le ordenó, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tomen “todas las medidas que resulten conducentes a fin de lograr la recuperación de los restos de Mario Roberto Santucho y Benito Jorge Urteaga”. El reclamo por la localización de los cuerpos de los líderes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) lleva ya muchos años y, tras el fracaso de numerosas excavaciones, se renuevan hoy las esperanzas de sus allegados. Luego de sucesivas negativas de los militares a informar la ubicación de los cadáveres, el Poder Ejecutivo les reclamó de manera “urgente” que se brinde colaboración y, de ser necesario, procederá la Secretaría de Inteligencia (SIDE) a autorizar el acceso a la información.

La ministra de Defensa mantendrá entre hoy y mañana una reunión con familiares de Santucho, el abogado Manuel Gaggero y Facundo Urteaga, hermano de Benito, para ultimar detalles sobre los pasos a seguir. Van a informarle las investigaciones realizadas y acordar cómo continuar la búsqueda.

“Estamos contentos”, se anticipó Manuel Gaggero, antes de que Página/12 le preguntara sobre el tema. El abogado de los familiares de Santucho y Urteaga, se declaró “absolutamente convencido” de que las Fuerzas Armadas tienen información sobre los paraderos aunque no pudo poner la misma certeza en la voluntad militar para encontrarlos. En julio de este año, Gaggero envió una carta documento a la Rosada con el pedido que se concretó ayer. Por esos días, Kirchner recibió en Tucumán a Blanca Santucho y le “prometió profundizar la investigación para encontrar los restos” de su hermano.

El 19 de julio de 1976, Santucho y Urteaga fueron asesinados por un grupo comando integrado por hombres del Batallón 601 del Ejército y de la Policía Federal, al mando del capitán Juan Carlos Leonetti. Estaban en un departamento de Villa Martelli junto a Liliana Delfino, Domingo Mena y Ana Lanzillotto –embarazada de seis meses–, todos ellos desaparecidos.

Según la versión que quiso instalar la dictadura, los líderes guerrilleros murieron en un “enfrentamiento” y sus acompañantes fueron “trasladados” a Campo de Mayo. Una semana después de presentarse en la prensa como “una victoria en la lucha contra la guerrilla subversiva”, el tema desapareció de los medios de comunicación. Al cumplirse 20 años de esos hechos, se inició la primera causa para averiguar el destino de los cuerpos. El juez federal de San Martín, Alfredo Bustos, intentó sin éxito establecer los paraderos.

La declaración del suboficial “arrepentido” Víctor Ibáñez había aportado información sobre el lugar donde se encontrarían los cuerpos cuando admitió que fueron enterrados en Campo de Mayo, cerca de donde funcionó el Museo contra la Subversión. Se buscó en el predio que señaló el represor y no se hallaron los cadáveres. Durante la investigación fue hallada una foto de Santucho aparentemente muerto y se pudo recuperar su diploma de contador: ambos documentos eran exhibidos como “trofeos de guerra” por Antonio Bussi.

Hasta la fecha, existen cuatro expedientes en la Justicia con más de cinco mil fojas, de los cuales dos se encuentran “en pleno trámite”. En el 2002, cuando los demás casos fueron paralizados, se recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por estos días la CIDH solicitó las actuaciones realizadas para corroborar si se cumplió con el fallo de la Corte Suprema que en ese entonces reconoció el “derecho a la verdad” de los familiares de los desaparecidos.

Gaggero le contó a este diario que está en condiciones de ser elevada a juicio la causa penal que lleva entre los acusados a Santiago Omar Riveros, jefe del Comando de Institutos Militares que funcionaba en Campo de Mayo; Antonio Domingo Bussi, subjefe de ese organismo; y José Eduardo Valladares, secretario administrativo de Riveros. Los militares están imputados por homicidio, tormentos y, posteriormente, fue incorporada la figura de genocidio, reconocida por el tribunal que condenó a Miguel Etchecolatz.

Desde el Gobierno, intentan “reafirmar la firme voluntad y decisión de contribuir al completo esclarecimiento de los hechos”. Sin embargo, hasta ahora nada pudo torcer la voluntad de ocultamiento por parte de los responsables del genocidio. Sin su colaboración, la búsqueda de los cuerpos no ha arrojado hasta ahora resultados. Al respecto, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, recomendó “bucear entre los documentos del Ejército para poder determinar los posibles lugares de sepulturas clandestinas ya que los militares tienen archivos, documentación e información reservada que aún no fue destruida”.

Informe: Sebastián Abrevaya.