La Cámara de Diputados tratará hoy –-si logra el quórum para sesionar– la derogación del Código de Justicia Militar y la incorporación al Código Penal del delito de desaparición forzada de personas. Los dos temas figuran entre las prioridades del oficialismo, que quiere cerrar el año legislativo con la aprobación de varios proyectos pendientes, que impulsó el propio gobierno nacional. La anulación del régimen especial de justicia para los miembros de la Fuerzas Armadas también derogará el único ordenamiento jurídico que prevé la pena de muerte. En tanto, la tipificación legal sobre la desaparición forzada, incorporará la figura del “arrepentido”.

Ambos proyectos serán parte del temario que el Frente para la Victoria llevará hoy al mediodía a la reunión de labor parlamentaria. El oficialismo empuja contra reloj la idea de sesionar, aunque todavía tiene dudas de si llegará a reunir el quórum para abrir el debate. Las dificultades de la bancada kirchnerista van desde los planteos opositores para incorporar otros temas que no figuran entre sus prioridades hasta si alcanzará a sentar en las bancas a sus propios legisladores.

Existe consenso generalizado, salvo algunos cuestionamientos menores, para aprobar ambas iniciativas. La derogación del Código de Justicia Militar llevará en forma paralela la sanción de una nueva norma que, a partir de su promulgación, someterá a los miembros de las Fuerzas Armadas a la justicia ordinaria y a un régimen especial para los tiempos de guerra. Con la modificación del Código Penal, la creación de un nuevo régimen disciplinario y la regulación de los delitos en tiempos de Guerra, el Estado argentino cumplirá con el compromiso de “solución amistosa” del conflicto planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por dos militares a quienes no se les garantizó el derecho a defensa.

Con la aprobación del Estatuto de Roma y la ratificación de las resoluciones de la Corte Penal Internacional, las disposiciones, penas y principios generales sobre delitos de lesa humanidad ya fueron incorporados a la legislación penal argentina.