La Cámara de Diputados le dio anoche media sanción a la derogación del Código de Justicia Militar y termina con el único orden jurídico que establece la pena de muerte en la Argentina. Cuando el Senado convierta en ley el proyecto, las sanciones a los integrantes de las Fuerzas Armadas podrán ser apeladas ante la justicia federal, se establece un nuevo código de disciplina para los militares y habrá un nuevo “procedimiento penal militar para tiempos de guerra y otros conflictos armados”. La iniciativa del Ministerio de Defensa fue redactada por juristas, académicos, militares y representantes de organismos humanitarios y de derechos humanos. Sólo dos diputados votaron en contra.

“Vamos a derogar un código de 1951, inspirado en la justicia militar de los siglos XVIII y XIX, con viejos códigos inquisitivos que priva de toda defensa a los militares”, sostuvo la diputada kirchnerista Rosario Romero que, como presidenta de la Comisión de Legislación Pena, cumplió el papel de miembro informante del proyecto impulsado por el Ministerio de Defensa.

Con la sanción de la ley, la Argentina también cumplirá con el compromiso de la “solución amistosa” del conflicto planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por dos militares a quienes no se les garantizó el derecho a defensa. Uno de ellos es Rodolfo Correa Belisle, que demandó ante la CIDH al Estado argentino.

Los ejes centrales de la reforma son la consagración de la garantía constitucional del debido proceso, “eliminando el fueron militar para el juzgamiento de los delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas”; el establecimiento del fuero federal como jurisdicción civil de esos delitos; y la eliminación definitiva de la pena de muerte. También establece la creación de un nuevo sistema disciplinario para los militares y la creación de un nuevo servicio de justicia común para todas las Fuerzas Armadas.

La estructura de toda la reforma se apoya sobre cinco anexos jurídicos, con las modificaciones a los códigos Penal y Procesal Penal, que incorporará los delitos tipificados para el personal de las Fuerzas Armadas. Romero también aseguró que el nuevo orden jurídico “mantiene la verticalidad y disciplina militar, pero se garantiza el derecho a defensa”.

La única voz disonante en el recinto fue la de Nora Ginzburg. La diputada de Recrear reclamó que “no hubo el suficiente debate” para derogar un código que tiene muchísimas falencias pero que mantiene el “mando directo y la potestad disciplinaria” de las Fuerzas Armadas. Después de recorrer algunos ejemplos internacionales, Ginzburg se detuvo en la experiencia del ejército alemán y lo comparó con el de nuestro país: “Se trata de personas bien pagas y respetadas, que no han sido satanizadas”, sentenció. La seguidora de López Murphy aportó uno de los dos únicos votos en contra de la derogación.

“Es un enorme avance institucional que respeta los derechos y garantías de cualquier ciudadano argentino, falta ahora complementar desde lo político el efectivo rol que las Fuerzas Armadas deben cumplir en democracia con pautas claras y recursos suficientes”, dijo la diputada neuquina Alicia Comelli, reelecta en las listas de Jorge Sobisch.

La salteña Susana Canela marcó la utilización del Código de Justicia Militar en tiempos de la dictadura. “Fui condenada por ese Código y no tuve derecho a defensa. Mi defensor era un suboficial del Ejército y el presidente del Consejo de Guerra me amenazaba con que volvería a ser torturada si no decía la verdad”, relató la legisladora del Frente para la Victoria.

Uno a uno, la mayoría de los bloques parlamentarios dieron su respaldo a la iniciativa, que cosechó 154 votos afirmativos, dos en contra y cuatro abstenciones. El proyecto pasó al Senado, que intentaría convertirlo en ley antes de que termine el período ordinario de sesiones de este año.