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La señora María Hebe Pastor de Bonafini declaró que estaba “enojadísima” por la llegada de las cuatro cajas de documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos sobre la represión ilegal en la Argentina entre 1975 y 1983. En dos reportajes, concedidos a un programa de radio y otro de televisión, dijo que se trataba de una operación de blanqueo del gobierno de Estados Unidos y de los ministros argentinos que recibieron las cajas y que constituía “una traición a los desaparecidos”. Acerca de las Madres de Plaza de Mayo que asistieron a la ceremonia de entrega de las cajas dijo que “se ponen un pañuelo pero nada que ver con lo que nosotros pensamos”. Al analizar la política estadounidense hacia la Argentina afirmó que “no es verdad que Carter fue mejor gobierno, ni que fue mejor persona. Siguieron reprimiendo y desapareciendo personas en 1977 y en ese año desaparecieron nuestras madres”. Los Estados Unidos, agregó, mandaron las armas para la dictadura y los Ford Falcon para secuestrar. Respecto de la asociación que ella integra dijo que “a la gente le admira nuestra posición, que no cambiamos, desde un principio”. Esa posición invariable consistiría en que “nunca en la vida de Dios tuvimos contacto con ellos, ni con la mujer, ni con Clinton, ni con el otro. Nosotros siempre repudiamos la venida de ellos, porque Estados Unidos es nuestro enemigo y como tal lo tratamos”. No siempre fue así, según lo revela el propio contenido de las cajas.
“Profundo agradecimiento”
Uno de los documentos es una carta dirigida el 21 de noviembre de 1980 al entonces presidente James Carter, quien dos semanas antes había perdido la posibilidad de ser reelecto. Le quedaban sólo dos meses en el poder, por lo cual esa carta no constituye una expresión de deseos para el futuro sino una evaluación sobre la totalidad de su mandato ya cumplido. Es la que se reproduce en esta página. Fue escrita en papel con la sigla MPM y firmada por Hebe Pastor de Bonafini, como presidenta, y Nora de Cortiñas, como protesorera. Ante una consulta para esta nota, Nora Cortiñas confirmó su autenticidad. Ambas habían viajado a Washington, interesadas en obtener una resolución condenatoria de la dictadura argentina por parte de la asamblea general de la OEA, que trataría el informe de su Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Carter había exigido al dictador Jorge Videla que permitiera la visita de la Comisión, cuyo informe documentó las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se cometían contra el pueblo argentino. El último párrafo de la carta decía: “Le solicitamos una entrevista personal para expresarle nuestro más profundo agradecimiento por todo lo que Estados Unidos ha hecho, espiritual y políticamente, para defender la causa de los derechos humanos en la Argentina y en otros lugares. Tales acciones nos ayudaron en nuestra búsqueda y no se hubieran desarrollado en forma tan sincera y sensible si usted no hubiera sido presidente de los Estados Unidos. Esto es algo que las madres argentinas nunca olvidaremos”.
No todas, por lo visto.
“Sincera amistad”
El agradecimiento al gobierno de Estados Unidos era consecuencia de una estrecha relación que las Madres de Plaza de Mayo en general, y su presidenta en particular, habían entablado con la embajada en la Argentina y con el Departamento de Estado en Washington. Como recordó la señora de Bonafini, el 8 de diciembre de 1977 varias madres fueron secuestradas en la iglesia de la Santa Cruz, entre ellas su primera presidenta, Azucena Villaflor. Como parte de la misma operación también desaparecieron las religiosas francesas Leonie Duquet y Alice Domon. De inmediato, según un despacho firmado por el embajador Raúl Castro, “una integrante de las Madres se encontró con el funcionario político de la embajada para pedir su apoyo y el del Departamento de Estado en defensa de las madres desaparecidas”. El cable afirma de modo categórico que se trató de una acción concertada por las fuerzas de seguridad oficiales. En los días siguientes distintas comunicaciones reseñaron las gestiones realizadas por Castro en respuesta al pedido de ayuda, ante los jefes de la Armada, Emilio Massera, del Ejército, Roberto Viola, el ministro de Economía, José Martínez de Hoz; la embajada de Francia y la cancillería argentina.
El 25 de mayo de 1978 el subsecretario de Estado norteamericano para asuntos políticos, David Newsom, de visita en la Argentina, recibió en la residencia del embajador a una delegación de diez personas, entre ellas a quienes el memorando desclasificado identifica como las señoras Pastor de Bonafini y Meller de Paragament (sic). Newsom les dijo que su gobierno estaba preocupado por los derechos humanos y especialmente por “la trágica cuestión de los desaparecidos”. La señora de Bonafini fue la primera en hablar. Dijo que una amiga de su hijo, liberada luego de ser retenida por tres meses en un centro clandestino, le informó sobre las condiciones inimaginables del lugar que el texto en inglés menciona como “el pozo”, en castellano. “Los prisioneros casi no tienen ropa ni frazadas y no se les permite bañarse. A pesar de que sabe que su hijo fue detenido por el gobierno, sólo recibe negativas” dijo, según el informe diplomático. Emilio Mignone agregó que calculaba entre 25.000 y 30.000 el número de desaparecidos y la señora Bonafini añadió que “en La Plata se estimaba en 7000 el número de estudiantes desaparecidos”. La colección de documentos también incluye el borrador de una carta de agradecimiento de las madres después de la reunión. “Los Estados Unidos, sus funcionarios, su Congreso y sus instituciones han sido claros en su decisión de defender los derechos humanos, y por esa razón las madres esperan fervientemente que la justicia recupere el lugar que le corresponde, castigando a los culpables y terminando con la persecución indiscriminada”, dice. También encomia la “sincera amistad” del embajador Castro y del consejero político Tex Harris.
189 cartas
En octubre de 1978, el embajador Castro anunció al Departamento de Estado el viaje de una misión de cinco madres en busca del respaldo de funcionarios del gobierno de Washington, de las Naciones Unidas y de la OEA a su exigencia de que el gobierno argentino hiciera algo respecto de los desaparecidos. El embajador no ocultaba su simpatía por las madres, a quienes identificaba como Angélica Mignone, Renée Epelbaum, Elida Galetti, Hebe Bonafini y María Cerruti. “Sentimos enorme frustración, ya que el tiempo pasa y estas señoras no reciben ninguna información sobre sus hijos desaparecidos”, escribía. También daba cuenta de la carta que 38 madres acababan de enviarle al Arzobispo de Buenos Aires Juan Aramburu denunciando la negativa del cardenal a mencionar a los desaparecidos en el sermón que dijo luego de una caminata hasta Luján. “Las madres han llegado a la conclusión de que los jerarcas de la Iglesia argentina prefirieron estrechas relaciones con los poderes temporales, y sus ventajas, en vez de dar testimonio de la verdad y servir a los perseguidos y a los que sufren”. Castro anuncia el envío por valija diplomática de cartas escritas a Carter por 189 madres de Plaza de Mayo con detalles de la desaparición de sus familiares y pedidos de ayuda.
“No las molesten”
El 16 de febrero de 1979, el embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Andrew Young, quien era estrecho amigo personal de Carter, recibió a la delegación de las Madres. Para entender el clima de ese encuentro conviene recordar que Young había sido compañero de lucha de Martin Luther King por los derechos civiles de la población afronorteamericana y su designación por Carter constituyó un respaldo explícito al movimiento por los derechos humanos en Estados Unidos. Young alertó a la embajada sobre el riesgo de que las Madres fueran molestadas o detenidas a su regreso a Buenos Aires. En enero, el embajador Castro había informado a su Cancillería que las madres habían decidido suspender por un tiempo su ronda de los jueves y reunirse en algunas iglesias, debido al hostigamiento policial y a las breves detenciones padecidas en las tres marchas previas. También le anunciaron el viaje a Puebla, para la reunión del episcopado latinoamericano, a la que llevarían una lista de casi cinco mil desaparecidos recientes. Luego seguirían a Washington y acordaron que informarían de sus planes de vuelo a la embajada en México. Castro había reclamado al jefe del Ejército, Roberto Viola, por el hostigamiento a las madres, en diciembre de 1978 y en enero de 1979. La segunda vez Viola le contestó que ya había dado la orden de que no fueran arrestadas ni molestadas. Castro le insistió en que “esas mismas madres son empujadas fuera de la Plaza de Mayo, cuyo uso se les prohíbe para su ronda semanal”. Viola contestó que “el ministro del interior Harguindeguy estaba tratando a las madres en forma respetuosa”, pero el embajador no aceptó esa explicación. “Le dije que impedir que las madres se reúnan en forma pacífica para reclamar por el destino de sus hijos desaparecidos no era un comportamiento respetuoso ni ayudaría a mejorar la imagen argentina en el exterior, y, mucho menos, dentro del país”. Viola tomaba “copiosas notas” y prometió tratar el tema con el dictador Videla. Castro le informó que “las Madres se reúnen periódicamente conmigo en la embajada y las considero consagradas lealmente a su tarea. Le informé que no creía que esas madres constituyeran ninguna amenaza de seguridad al gobierno. Por el contrario, le sugerí a Viola que había llegado el momento de considerar alguna respuesta para esas madres, que sólo buscan conocer el paradero de sus hijos desaparecidos”.
“Simbólicos pañuelos”
La relación con las madres no era ocasional sino permanente. El 12 de julio de 1979 el embajador Castro volvió a recibir, durante una hora, a la señora de Bonafini y a otras madres a quienes menciona por los apellidos Pavero, Aguilar, Chidichimo, Binstone, Vera Barros y Armendáriz. Ellas le entregaron una lista de 28 chicos secuestrados con sus padres o nacidos en cautiverio. Castro comunicó a su gobierno que pidió informes sobre ellos a la cancillería argentina y que hizo un contacto para que dos madres fueran entrevistadas en el programa de televisión estadounidense “Meet the Press”. Ese mismo día el Secretario Ejecutivo de la Cancillería estadounidense, Peter Tarnoff, dirigió una comunicación al poderoso asesor de seguridad nacional, Zbigniew Brzezinski, recomendando que la esposa del presidente enviara un mensaje de adhesión a una ceremonia que preparaba Amnesty International, en la cual se entregarían a “prominentes mujeres estadounidenses simbólicos pañuelos blancos hechos por madres de desaparecidos para llamar la atención sobre los esfuerzos de las Madres de Plaza de Mayo por establecer el paradero de sus hijos”. Junto con la recomendación, iba el texto de la carta de adhesión para la firma de Rosalynn Carter. Entre las asistentes a la ceremonia estuvo la subsecretaria de asuntos humanitarios Patricia Derian, a quien la dictadura argentina detestaba tanto como a las propias Madres. La confianza establecida también se refleja en un cable enviado días después por el Secretario de Estado Cyrus Vance a la embajada describiendo una audiencia en la que las madres expresaron su satisfacción por la ceremonia de los pañuelos y su temor a represalias al volver. Como consecuencia, el Departamento de Estado anunció a la embajada en otro cable el día, hora y vuelo en el que arribaría de regreso a Buenos Aires Juanita Pargamet (sic) y formuló esta recomendación: “No quiere ser recibida en el aeropuerto por un funcionario de la embajada. La esperarán miembros de su familia. Sin embargo, agradecerá que en la semana posterior a su llegada la embajada se ponga en contacto con ella para asegurarse que está bien y a seguro”. El 28 de agosto, el embajador Castro entregó copia de la carta de Rosalyn Carter a las Madres de Plaza de Mayo, que “expresaron su gratitud”.
“Sinceras y convincentes”
El 30 de junio de 1981, cuando ya gobernaba Ronald Reagan, cuyo vicepresidente era George Bush padre, la señora de Bonafini y la vicepresidenta de su asociación, María Adela Antokoletz, se reunieron en Washington con el viceministro para asuntos interamericanos del Departamento de Estado, Everett Ellis Briggs. Luego de la audiencia el Secretario de Estado del momento, general del Ejército Alexander Haig, envió un telegrama a la embajada en Buenos Aires. Opinó que ambas madres “son sinceras y convincentes”, y dijo que habían pedido que siguiera en vigencia la Enmienda Humphrey-Kennedy, que durante la presidencia de Carter había prohibido la venta de armas a la Argentina. Si, de todos modos se reanudaran esas ventas, le pidieron que sólo fuera “con la condición de que se exigiera al Gobierno de la Argentina una respuesta por todos los desaparecidos”. El viceministro Briggs salió del paso con una frase convencional e insincera. Dijo que la Enmienda no había sido derogada, por lo que era hipotético especular sobre cualquier venta de armas a la Argentina. Hoy se sabe que su gobierno ya estaba coordinando con los militares argentinos la intervención en Centroamérica. Lo significativo es el pedido: si la señora de Bonafini gestionaba la continuidad del embargo es porque sabía que la venta de armas norteamericanas estaba suspendida y lo consideraba una medida positiva. Durante el gobierno de Carter los militares argentinos sólo pudieron aprovisionarse de armas en Europa. Al regresar a Buenos Aires, las madres fueron detenidas en el aeropuerto de Ezeiza. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Don Bonker, protestó ante el dictador Roberto Viola.
Historia negra
Nada de lo que aquí se ha escrito implica crítica alguna a la señora de Bonafini por su permanente relación con la embajada de los Estados Unidos en aquellos años. ¿A quién podían recurrir en su búsqueda desesperada ella y las demás mujeres que, sin experiencia ni formación política, debieron salir a la calle para enfrentar a una dictadura promovida, apoyada o consentida por el poder económico, los partidos políticos de derecha a izquierda, la Iglesia y los mayores medios de comunicación? Como dijo una de sus compañeras de entonces, Carmen Lapacó, en un reportaje publicado en este diario, allí se sentían protegidas y consideraban al consejero Harris como un amigo. Tampoco está en duda el derecho que le asiste a la señora de Bonafini de desconocer la trascendencia política que hoy tiene el abandono por parte de Washington de los guerreros sucios de la dictadura.
El medio centenar de ellos que ya están bajo arresto por los crímenes contra la humanidad cometidos lo evalúa de otro modo.
Es lícito discutir la utilidad o no de aquellas gestiones para mitigar la furia genocida de la dictadura, la de estos documentos para el avance en el conocimiento de nuevos detalles sobre la represión ilegal e incluso la de los propios procesos penales, a los que la señora Bonafini siempre denunció como una maniobra de distracción, vaya a saber de quién, de qué y con qué oscuros objetivos. En cambio, el rol de los Estados Unidos en el sostenimiento y promoción de la doctrina de la seguridad nacional y su secuela de dictaduras brutales en el continente no están en discusión.
Ese es un dato inmodificable y a nadie en sus cabales se le ocurriría que el envío de esta documentación compense o blanquee esa historia negra. La apertura de los archivos limitada al Departamento de Estado, es decir el ministerio de Relaciones Exteriores, y sin tocar los de la CIA ni los de los servicios de Inteligencia del Pentágono, indica que hay muchas cosas que Washington prefiere seguir ocultando y autoriza a las peores conjeturas acerca del porqué. Basta con ver el rol de Henry Kissinger durante el genocidio, que surge de las propias cajas, y la resistencia del presidente George W. Bush a la instalación del Tribunal Penal Internacional por temor a que alguno de sus soldados pueda ser sometido alguna vez a juicio por crímenes contra la humanidad. Es evidente que algunas decisiones consideradas por su gobierno dentro de lo que con inaceptable laxitud define como “guerra contra el terrorismo”, tienen más afinidad con algunos de los métodos de la dictadura argentina que con los de una democracia constitucional respetuosa de los derechos y garantías individuales. Los dos organismos de derechos humanos que el autor de esta nota integra, el CELS y Human Rights Watch, han declarado que no es admisible el sacrificio de valores universales básicos en nombre del patriotismo y la seguridad, ni el bombardeo aéreo que contempla las bajas civiles como daños colaterales, con independencia de la magnitud y el tipo de la amenaza a la que se pretenda responder. También es válido cuestionar la aparición oportunista en el acto de entrega de las cajas del canciller Rückauf, firmante del decreto de aniquilamiento de 1975 que los golpistas aún usan como cobertura seudojurídica para defender sus tropelías criminales. Sentado todo esto, lo único indefendible es la falsificación de la historia, propia y ajena, el desdén por la verdad, la descalificación de quienes no coinciden con sus posiciones sectarias y el insulto a las demás madres. No “se ponen un pañuelo”, como afirmó con un desprecio que la historia compartida no merece, sino que lo llevan con el mismo derecho que ella, porque juntas militaron en aquellos años, cuando tan pocas puertas se abrían a su llamado. Entre ellas algunas que ahora la avergüenzan.