Sabía que alguna de sus múltiples acusaciones terminaría en condena, pero no vivió para que ocurra. El ex prefecto Héctor Antonio Febres apareció muerto en su lugar de detención, a cuatro días de la sentencia del juicio que lo tenía imputado por privaciones ilegales de la libertad y tormentos a detenidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Al cierre de esta edición, tanto los abogados querellantes como los familiares del represor pedían a la Justicia poder participar de la autopsia con sus respectivos peritos de parte por las sospechas que tienen sobre la causa de la muerte de Febres, que el viernes hubiera tenido su oportunidad de decir las “últimas palabras”. Desde hacía años guardaba silencio sobre el destino de los bebés apropiados y de sus padres. En la causa que lleva la calificación preliminar de “muerte dudosa”, la jueza Sandra Arroyo Salgado tomó declaraciones testimoniales hasta última hora.

El domingo a la noche, después de cenar, habló con su esposa por teléfono. Luego se fue a dormir a la habitación que tenía asignada en la base de la Prefectura Naval, en Tigre. Nadie advirtió nada extraño. Pero ayer no se levantó a desayunar y a las 10 y media los guardiacárceles fueron a buscarlo. Al abrir la puerta lo encontraron sin vida.

La noticia causó revuelo entre quienes llevan adelante el juicio en su contra por violaciones a los derechos humanos cometidas cuando revistó en el centro clandestino que funcionó en la ESMA. Desde el Tribunal Oral Federal número cinco (TOF5) confirmaron que se había ordenado una autopsia para determinar la causa de la muerte, ante versiones que iban desde el asesinato hasta el suicidio, pasando por la muerte natural. Sin embargo, muy pronto todo quedó en manos de la jueza Arroyo Salgado, sucesora de Roberto Marquevich al frente del juzgado federal 1 de San Isidro. A pesar del hermetismo con que se manejó, Página/12 pudo saber que la autopsia se hará en la morgue del Cuerpo Forense en Capital Federal.

Los abogados de la querella que están nucleados en Justicia Ya! darán hoy a las 12 una conferencia de prensa en el hotel Bauen, en parte para expresar su preocupación. “Otra vez a pocas horas de una sentencia volvemos a vivir un hecho sospechoso”, expresó la abogada Myriam Bregman, en alusión a la desaparición del testigo Julio López. “¿Creen posible que hayan querido silenciarlo?”, le preguntó Página/12. “Es posible, era un hombre que conocía el destino de cada uno de los chicos apropiados en la ESMA y de sus apropiadores”, respondió la letrada, mientras terminaba de elaborar un escrito para pedir a la jueza Arroyo Salgado ser tenidos como querellantes y así poder solicitar medidas.

Por su parte, el abogado Rodolfo Yanzón, otro de los querellantes, también pidió tener acceso a la autopsia. Lo hizo con un escrito que presentó a la jueza en el que, además, lamentó que no haya sido tenida en cuenta por la justicia su petición de que este represor sea alojado en una cárcel dependiente del Servicio Penitenciario Federal, y no en instalaciones militares o de fuerzas de seguridad “que no reúnen ninguna condición para tal fin”. El letrado dijo estar “enojado con la muerte y con la impunidad”. En su escrito argumentó que “se trata de un oficial de enlace con la Armada en la ESMA y que, en tal carácter, tuvo conocimiento de lo que sucedió con muchas personas que están desaparecidas y con el paradero de muchos niños nacidos en cautiverio”. Yanzón recordó que tampoco podrá ser juzgado en la causa sobre el plan sistemático de apropiación de menores. Y concluyó que “de comprobarse que la muerte (de Febres) no fue natural, estaríamos frente a un caso de gravedad institucional que implica a toda la Prefectura”.

Alias “Selva” o “gordo Daniel”

Con esos apodos lo conocieron sus víctimas, que fueron más de 300 según estiman los abogados, entre ellas Carlos Lordkipanidse, Josefa Prada de Olivieri, Carlos Alberto García y Alfredo Margari, por cuyos casos era el juicio que había comenzado el 18 de octubre, el primero por las atrocidades ocurridas en la ESMA durante la dictadura. La querella y la fiscalía habían pedido 25 años de prisión, en tanto que el defensor oficial Víctor Valle, el mismo que tuvo el dictador Jorge Rafael Videla, reclamó la absolución de su asistido. El TOF 5 había dispuesto un cuarto intermedio hasta el viernes para que Febres hiciera uso de su derecho a pronunciar las “últimas palabras” antes de conocer la decisión del tribunal.

La querella resumió que durante las audiencias quedó probado que Febres “participó de la tortura, daba órdenes a los subordinados y a los detenidos, tenía autonomía de decisión, era responsable sobre los bebés, encabezó el viaje a la isla ‘El Silencio’ cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el país, presionó para que no se presenten hábeas corpus, adjudicó trabajo esclavo y trajo prisioneros secuestrados en Uruguay, entre otras múltiples funciones”. El sobreviviente Ricardo Coquet acusó al ex prefecto de “torturar, preparar los ‘vuelos de la muerte’ y de armar el escenario para simular el secuestro de las monjas francesas por la organización Montoneros”. Andrea Bello, secuestrada junto a su marido, aseguró que “la tortura la llevaban Febres, Raúl Scheller y Alfredo Astiz”. Y Beatriz Toker de Girro relató que el represor tenía trato cotidiano con las detenidas embarazadas y “les pedía que escribieran a quiénes querían entregar los recién nacidos”.

Febres siempre negó todo contacto con las embarazadas que pasaron por la ESMA. Sin embargo, en diciembre de 1998, cuando fue detenido en la causa por apropiación sistemática de menores, fue más locuaz que en los años siguientes. “Los jefes están en sus casas y yo me tengo que comer las fiestas preso”, se quejó en aquel momento.

Al igual que el dictador Augusto Pinochet, el ex prefecto falleció el Día Internacional de los Derechos Humanos. La ley establece que la muerte del imputado extingue la acción penal. “Desde que terminó la dictadura ya murieron 130 sospechosos. Se están muriendo sin decirnos la verdad”, se quejó días atrás el abogado Alejo Ramos Padilla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.