Mié 12.12.2007

EL PAíS

“Para restituir la supremacía de la civilización sobre la barbarie”

Ayer se escucharon los alegatos del juicio contra los represores del Batallón 601. EL CELS fundamentó su pedido de pena máxima para los ocho acusados. El fiscal Jorge Alvarez Berlanga reclamó 25 años. Hoy hablará el defensor de Cristino Nicolaides y antes de fin de año se conocerá la sentencia.

› Por Victoria Ginzberg

“Los crímenes que se juzgan en esta causa deben encontrar su justa sentencia. Si bien nada reparará los daños causados, deberá recorrerse el camino de la justicia para restituir la supremacía de la civilización sobre la barbarie, la supremacía del Estado de derecho sobre el Estado terrorista, la supremacía de la humanidad sobre los actos crueles e inhumanos. Así lo exigen el derecho internacional y el derecho interno, así lo exige laJusticia, así lo exigen la conciencia universal de la humanidad. Así lo exige la sociedad argentina.” De esta forma terminó el alegato con el que los abogados Carolina Varsky y Santiago Felgueras, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), pidieron la pena máxima para ocho represores del Batallón de Inteligencia 601.

Cristino Nicolaides, Jorge Luis Arias Duval, Juan Carlos Gualco, Carlos Gustavo Fontana, Pascual Oscar Guerrieri, Santiago Manuel Hoya, Waldo Carmen Roldán y Julio Héctor Simón están siendo juzgados por haber participado en el secuestro, las torturas y la reducción a la servidumbre de seis personas. Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Angel Carbajal, Lía Mariana Ercilia Guangiroli y Ricardo Marcos Zucker eran parte del grupo de exiliados que decidió regresar al país en 1980 en el marco de la llamada operación de Contraofensiva organizada por la agrupación Montoneros. Silvia Tolchinsky fue secuestrada en Mendoza, cuando intentaba salir del país e ingresar a Chile y es la única de las víctimas de esta causa que sobrevivió.

Este juicio, en el que habrá sentencia antes de fin de año, será el primero en el que los condenados serán militares después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El expediente se rige por el viejo código de procedimiento, lo que implica que se realiza por escrito. Pero a pedido del CELS, el juez Ariel Lijo accedió a “oralizar” el tramo final del proceso. Es por eso que ayer se escucharon los alegatos del fiscal Jorge Alvarez Berlanda y de la querella en la misma sala del Palacio de Tribunales en el que fueron condenados los ex comandantes. Delante del vitraux y la cruz que se destacan en el salón, Lijo condujo la audiencia de los alegatos, que duró cerca de dos horas.

Alvarez Berlanda pidió 25 años de prisión para los ocho represores, que además de los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y reducción a la servidumbre están imputados de haber formado parte de una asociación ilícita. “Podría empezar ‘hace muchos años y en un país muy lejano’ porque si no fuera tan dramático sería un cuento”, comenzó su alegato el fiscal. La presentación incluyó varias metáforas sobre el “guión”, los “actores”, la “escenografía” y los “efectos especiales” del terrorismo de Estado.

El alegato del CELS se inició con un reclamo por el tiempo trascurrido desde que se cometieron los crímenes hasta el juicio. “Celebramos que se haga justicia, pero llega tarde. Si tomamos el fallo de la Corte sobre el caso Simón, que removió todos los obstáculos para el juzgamiento, han pasado dos años y medio y solo hay un puñado de juicios”, dijo Felgueras. El representante del CELS –en un pedido que no estaba dirigido específicamente a Lijo sino más bien a la Justicia en general– aseguró que esperaba que pudieran hacerse juicios representativos de lo que fue la represión de la última dictadura y destacó que este proceso lo era. “El Batallón 601 es un punto oscuro dentro de un período de por sí oscuro”, aseguró.

Luego, Varsky enumeró las pruebas recolectadas durante la investigación. Destacó, por ejemplo, los documentos desclasificados por el departamento de Estado de los Estados Unidos que dan cuenta del accionar del 601. También un documento rescatado del archivo de la policía de la provincia de Buenos Aires que se titula “Bajas producidas en procedimientos de las FFLL (fuerzas legales) entre 01 ene/08 may 80” y está firmado por el “BAT 601 ICIA” es decir, el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército.

La mayoría de los defensores optaron por incorporar sus alegatos por escrito. Pero el representante de Nicolaides, Alejandro Zeverín Escribano, lo hará oralmente hoy por la tarde.

A pesar de que la audiencia fue abierta, la presencia del público no fue masiva. En los bancos de madera algunos familiares y sobrevivientes siguieron la audiencia. Cristina Zucker escuchó emocionada el relato sobre el secuestro de su hermano.

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