La Legislatura porteña sancionará hoy las leyes que Mauricio Macri espera para terminar de armar la primera línea de su administración. Se trata de las iniciativas que establecen la creación de las agencias de Turismo, Control Comunal y Protección Ambiental. El macrismo avanzará también en la modificación de la Carta Orgánica del Banco Ciudad y ya armó una agenda legislativa hasta fin de mes, en la que figuran el Plan Urbano Ambiental, un proyecto que le permitirá al jefe de Gobierno arreglar las calles de noche y la puesta en funcionamiento de otra agencia para completar la informatización de todas las dependencias públicas locales.

Con 28 legisladores sobre 60, el PRO no tendrá mayores dificultades para aprobar las proyectos que Macri requiere para terminar de darle forma a su gobierno. La creación de la agencia de Turismo, un ente que unirá a los sectores públicos y privados en la promoción de esa industria y será presidido por el ex legislador Rodrigo Herrera Bravo, cuenta con el respaldo de la mayoría de los legisladores.

Las agencias de Control Comunal y Protección Ambiental verán la luz con menos apoyo. Por ejemplo, el kirchnerismo anticipó que no avalará su creación porque “se les delega el poder de policía, que es una facultad indelegable del jefe de Gobierno”. Control Comunal quedará en manos de Federico Young, quien meses atrás participó junto a la lobbista castrense Cecilia Pando en un seminario contra los juicios a los represores, y al frente de Protección Ambiental irá Graciela Gerola.

Aprobada la creación de las agencias autárquicas que Macri armó con el propósito de dinamizar su gestión, sus hombres en la Legislatura irán por la modificación de la Carta Orgánica del Banco Ciudad. “El proyecto que impulsan es discutible sólo en algunos puntos; en otros es decididamente intratable”, advirtió ayer el jefe del bloque K, Diego Kravetz. Lo que rechazan los K y otros legisladores, como Martín Hourest de Igualdad Social, es la posibilidad de que la entidad bancaria participe en el mercado de las AFJP y la pretensión de Macri de disponer del 50 por ciento de sus utilidades –hoy destinadas obligatoriamente a la capitalización del banco– para financiar obra pública.

El macrismo aseguró que finalmente no llevará esas modificaciones al recinto. Así sólo se discutiría la eliminación de dos de los ocho cargos existentes en el directorio del banco y permitir que el gerente general pueda ser alguien de afuera en lugar de un funcionario de carrera, como es hasta ahora.