El jefe de Inteligencia del Ejército en Bariloche, mayor Marcelo Rodríguez Rey, fue removido del cargo luego de que se le iniciaran dos causas por presunta malversación de fondos y por espionaje a la Fiscalía Federal de Bariloche y a la municipalidad de esa ciudad. Es el tercer caso que sacude a las Fuerzas Armadas durante los gobiernos K, luego del espionaje ilegal por parte de la Armada en las bases navales Almirante Zar y Puerto Belgrano y la remoción del jefe de Inteligencia del Ejército Osvaldo Montero por haber operado en contra de la ministra de Defensa, Nilda Garré. En Trelew, la Justicia procesó a nueve marinos por espionaje a políticos, organizaciones sociales y al propio juez que inició la causa. En Bariloche, el mayor admitió ante el fiscal Jorge Bagur que uno de los hombres que trabajaba en la fiscalía prestaba servicios para inteligencia del Ejército.

Rodríguez Rey dejó el miércoles de la semana pasada el área de Inteligencia y fue trasladado a un Regimiento de Caballería en General Pico, La Pampa, como informó la agencia ADN. En Defensa desvincularon la medida de las denuncias judiciales que tiene el oficial y sostuvieron que era un traslado de rutina, dado que “hace más de tres años que estaba en el cargo”. “No fuimos notificados de que exista una causa por inteligencia interior, lo que hay es una causa por mal uso de los viáticos. Si un juez nos notifica, vamos a cumplir con todo”, señalaron cerca de Garré.

Hace tres semanas, el fiscal Bagur abrió la causa por espionaje ante la denuncia de que existían dos espías infiltrados en la Fiscalía Federal y en la Municipalidad de Bariloche. Al igual que en el caso de Trelew, la denuncia la hizo un suboficial, que se la hizo llegar por sus mandos internos a Garré y al jefe del Ejército, Roberto Bendini.

En una “declaración informativa”, Rodríguez Rey admitió ante el fiscal que un empleado de la fiscalía donde estaba declarando, Walter Quinteros, “se desempeñó como personal civil contratado de la sección de Inteligencia Bariloche del Ejército Argentino”. Se habría infiltrado con el alias de “Miguel Granali” o “Granoli”. El mayor reconoció –según consta en la causa, a la que accedió Página/12– que “prestó funciones, llenó libros de guardia, hizo servicio de armas y fue desvinculado al Ejército”. Del segundo militar infiltrado en la municipalidad no se conoce el nombre.

Luego de la declaración, el fiscal dispuso despedir a Quinteros y lo imputó por incumplimiento de los deberes de los empleados del ministerio público y a Rodríguez Rey por haber propuesto a una persona para un cargo público “que no cumple los requisitos legales”, lo que implica una pena de seis meses a dos años y una multa de hasta 12 mil pesos.

La segunda causa, por “fraude administrativo”, fue denunciada por un civil que trabajaba en la parte contable de inteligencia. Allí se investiga si el mayor habría falseado los libros de guardia para cobrar dinero por viajes que no habrían hecho. También por cobrar un “suplemento de montaña”, que se paga por actividades en el monte, en casos en los que no fueron concretadas.