Los miembros de la familia de Héctor Febres pasaron en tiempo record de querellantes a acusados en la investigación de la muerte del represor. Y en lugar de estar organizando el velorio, la esposa y los hijos se encuentran presos porque la Justicia sospecha que participaron del envenenamiento con cianuro. La noche del domingo 10 compartieron la última cena con el detenido en su celda vip de dos ambientes. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado desplegó en las últimas horas una frenética actividad, que incluyó siete procedimientos, y encontró una pieza clave para avanzar sobre los familiares de Febres. Página/12 pudo reconstruir que se trataría del contenido de una computadora secuestrada en los allanamientos a la Prefectura y a las casas de la familia. “¿Sacaron esa computadora?”, le preguntó un prefecto a otro, según consta en una escucha telefónica en poder de la magistrada. Por otra parte, las irregularidades en las condiciones de detención de Febres, que estaba a punto de ser condenado por delitos de lesa humanidad, eran de tal gravedad que fueron calificadas como “un escándalo” por una alta fuente de la investigación consultada por este diario.

El juzgado federal de la calle 3 de Febrero al 100, en San Isidro, fue escenario de un permanente tránsito de cajas. Tres camionetas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) habían traído computadoras, documentación y celulares secuestrados en los allanamientos ordenados por la jueza en Capital Federal y en Tigre. Los siete procedimientos simultáneos se realizaron en las tres casas de los Febres, en unas oficinas que tenía el prefecto, en un domicilio alquilado y en dependencias de la Prefectura. Durante la madrugada, la jueza firmó las órdenes de detención de la esposa de Febres, Estela Maris Guevara, y de sus hijos, Héctor Ariel y Sonia Marcela Febres. Si bien quedaba descartada en forma definitiva la posibilidad de una muerte natural y el hallazgo parecía marcar un camino, Arroyo Salgado fue cauta. “Esto recién empieza”, comentaron en su entorno, en el sentido de que los familiares de Febres podrían ser una parte de la historia que se intuye más compleja.

Todos los Febres fueron encontrados en sus casas por los hombres del jefe de la PSA, Marcelo Saín, en su rol de coordinador del Programa Verdad y Justicia. A la espera de la declaración indagatoria, las dos mujeres permanecen en la cárcel de Ezeiza, aunque están incomunicadas en dos unidades diferentes, mientras que el hijo fue llevado a Marcos Paz. El abogado defensor de la familia, Martín Orozco, había estimado que ese interrogatorio podía realizarse “a última hora de hoy” (por ayer). Sin embargo, la jueza debía terminar primero de analizar el contenido del material secuestrado antes de proceder a la indagatoria.

Los detenidos del caso tienen en común el hecho de haber sido los últimos en tomar contacto con Febres. El represor fue encontrado por los guardias 11 horas después de su muerte. La noche anterior había cenado con su familia en la habitación doble, con balcón, que ocupaba, y la comida de esa ocasión no habría provenido de la Prefectura sino de la canasta familiar. El libro de visitas de esa unidad no registró los ingresos de sus parientes en esa y en otras oportunidades, como tampoco de un médico que lo asistió días antes del fallecimiento. Las detenciones de ayer se suman a las dos que había ordenado Arroyo Salgado apenas se enteró de que el cadáver de Febres presentaba una “alta dosis” de cianuro: la del último custodio que estuvo con el prefecto y la del jefe de la sede Delta de la Prefectura, Rubén Iglesias.

A mediodía la jueza realizó otro allanamiento en la sede Delta de la Prefectura. Los cronistas de guardia en el juzgado le preguntaron al abogado Orozco si iba a participar, a lo que respondió que no, y agregó que aún desconocía los delitos que se le imputan a sus defendidos por el secreto del sumario. En el plano especulativo, una fuente aventuró que podría tratarse del artículo 83 del Código Penal, según el cual tendrá una pena “de uno a cuatro años el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo”. En tal sentido, otro de los investigadores consideró que el casi inexistente control de los movimientos y actividades del represor en su lugar de detención dejan abierta la posibilidad “tanto de un suicidio inducido o apoyado por la familia” como de un “homicidio”.

Por la tarde, la jueza recibió a los querellantes Enrique Fukman y Lázaro Gladstein, sobrevivientes de la ESMA, y a la abogada Myriam Bregman, quienes le manifestaron su preocupación respecto de la posibilidad de que se repita lo sucedido con el caso del testigo desaparecido Julio López. “Ahí hubo una enorme demora en reaccionar y las fuerzas de seguridad frustraron una y otra vez las pistas”, declaró Bregman. “La impunidad sigue existiendo porque hay un pacto de silencio entre los oficiales de la Armada que actuaron en la ESMA, y Febres sabía qué pasó con los cinco mil desaparecidos”, afirmó Fukman. En la puerta del juzgado de San Isidro, la abogada Bregman insistió en que “los represores deben estar detenidos en cárceles comunes”, aunque objetó que “se los amontone” en la prisión de Marcos Paz, donde están alojados varios procesados y condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, porque allí todos juntos “pueden conspirar”.