Sandra Arroyo Salgado fue nombrada jueza federal de San Isidro en junio del año pasado para ocupar la vacante que dejó Roberto Marquevich tras ser destituido por mal desempeño en sus funciones. Desde ese juzgado intervino en causas de restitución de la identidad a hijos de desaparecidos. En la investigación por la muerte de Héctor Febres se presentó personalmente para observar el traslado del cuerpo del represor, apartó a la Prefectura de la pesquisa –Febres estaba detenido en una sede de esa fuerza cuando murió– y encargó los allanamientos a la Policía de Seguridad Aeronáutica que encabeza Marcelo Saín.

La jueza tiene 38 años; estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires y completó en la Universidad Austral una especialización en derecho penal. Está casada con el fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, de buena relación con la Casa Rosada.

Al presentarse a concurso para el Juzgado Federal de San Isidro, llevaba 17 años trabajando en el Poder Judicial, donde fue defensora oficial ante los tribunales orales y secretaria letrada en la Defensoría Oficial de la Nación. La Comisión de Acuerdos del Senado la calificó con el mayor puntaje de su terna y su designación fue aprobada con la firma del presidente Néstor Kirchner en el decreto 713/2006.

Una de las causas en las que debió intervenir fue la de Pablo Casariego, hijo de los desaparecidos Jorge Casariego y Norma Tato, quien había sido apropiado por el médico militar Atilio Bianco y recuperó su identidad tras acceder a realizarse voluntariamente el estudio de ADN. El caso había sido considerado prescripto por la Justicia, pero la magistrada lo abrió en base al derecho a la Verdad, tras un presentación de las Abuelas de Plaza de Mayo.

En agosto del año pasado, Arroyo Salgado fue noticia por otro motivo menos agradable. A cargo de una causa iniciada por una denuncia de Luis D’Elía contra el ex gobernador Eduardo Duhalde, le mandaron una amenaza en un sobre manchado con sangre: “Cuidado con el Cabezón”. El sobre contenía, además, un canario muerto.