“2400 despidos es PRO”, reza el sténcil verde que quedó plasmado justo en la entrada al juzgado de Roberto Andrés Gallardo. En su despacho, la decoración deja algunas definiciones: un cuadro del Che Guevara y debajo otros de Lenin y Salvador Allende. También hay un cuadro de agradecimiento que le dieron los padres de Cromañón. En diálogo con Página/12, el juez que concedió un amparo a favor de los 2400 cesanteados plantea que “es peligroso que ante una decisión adversa se amenace con un juicio político”. También advierte que la restricción a los amparos que proyecta el PRO “generaría una escalada de confrontación entre poderes”.

–Macri dijo que “hay una corporación de jueces que no entienden el cambio que quieren los vecinos”.

–Si alguien siguió la trayectoria de este fuero contencioso, es claro que tenemos una clara vocación anticorporativa. La definición no es feliz: acá no hay corporación y no hay ánimo corporativo. La comprensión, o no, de lo que pretenden los vecinos es un problema de los funcionarios políticos.

–¿Estos cambios están dentro de la ley?

–Esto es lo que resolvió mi colega Liberatori en un primer momento y yo en un segundo momento. Entendemos que hay cierta disfuncionalidad entre lo que se resuelve por parte del Ejecutivo y lo que dice la ley.

–¿Macri trata de gobernar fuera de la ley?

–No sé si trata de gobernar fuera de la ley, lo que sé es que en un caso hay ciertas cuestiones que no están ajustadas a derecho. Lo que más molesta al poder general –no hablo de Macri– es un fuero que supervisa las políticas públicas. Es como un mosquito.

–El jefe de Gobierno interpreta que “los jueces quieren gobernar por él”.

–En mi sentencia, hay dos párrafos que van dirigidos a eso. Se dice que la sentencia no cuestiona las competencias: él puede racionalizar personal o despedir, si se lo plantea. Está dentro de las facultades del Ejecutivo y nadie puede desconocer eso. Tampoco se puede desconocer que hay un marco jurídico para resolver cada cosa: hay requisitos para que el pase a disponibilidad sea legal. Lo mismo con un contrato a plazo determinado. Pero un contrato que se renueva cada año, durante diez años, lo tenemos sentenciado como un fraude a la legislación laboral.

–Hubo cuatro fallos desfavorables a Macri en muy poco tiempo. ¿Son los jueces que no lo dejan cambiar las cosas?

–Hay fallos colectivos, pero además hubo fallos individuales que involucraron a otros jueces, no sólo a Liberatori y a mí. Esto implica que no es un juez que se subleva contra el poder político, sino que es una visión homogénea con respecto a este tema.

–¿Por qué pidió una lista de los cesanteados?

–Porque queremos saber quiénes son los afectados –cosa que todavía no se sabe– y qué antigüedad tienen esos contratos. Es un poco difícil, tanto para el Ejecutivo como para el Judicial, poder resolver en tan corto plazo sobre cientos de casos. Necesitamos tiempo para analizar caso por caso.

–¿Qué pasa si no entregan la lista que solicita en dos días?

–Esa lista no puede no aparecer. Podrá aparecer más temprano o más tarde, pero esos datos tienen que estar en el registro público. Si no está la lista, en realidad, va a seguir en una nebulosa cómo operó el Ejecutivo y la Justicia va a tener que seguir profundizando la investigación para tomar otras decisiones. ¿Cuáles son? No sé. Las voy a saber en el momento en que se produzca el incumplimiento.

–¿Por qué puso en el fallo que “antes de buscar palos en el camino, se debe revisar la rueda del carro”?

–Cuando fue el fallo anterior hubo una conferencia de prensa en la que el jefe de Gobierno anunció que le querían poner palos en la rueda. La metáfora del palo en la rueda es de un objeto que impide que el carro avance. Pero si la rueda es cuadrada, puede ser que el carro no avance nunca. Por eso es que antes de analizar si hay un palo, hay que ver el estado del carro. El carro es el Gobierno: si se maneja conforme a la ley, las ruedas giran y no hay palos en la Justicia. La obstrucción del Poder Judicial se verifica cuando la rueda no está funcionando.

–¿Cómo ve esta seguidilla de fallos y conferencias de prensa?

–Somos una sociedad a la que le cuesta convencerse de que cada uno tiene un rol. Y hay que respetar al otro. Eso implica repensar las decisiones, reprogramarlas y trabajar con un poco más de tiempo y con menos exitismo.

–También en una conferencia Macri le pidió a Liberatori que fallara a su favor. Y amenazó con un juicio político cuando falló en contra.

–Las exteriorizaciones que se puedan dar para cuestionar decisiones del otro hacen al juego democrático. Eso no está mal. Creo que lo grave es, más que nada, la amenaza. Es peligroso que ante una decisión adversa se amenace con un juicio político.

–¿La relación institucional con el Ejecutivo empeoró con Macri?

–Fue muy corto el tiempo para decir si es mejor o peor. Sí puedo decir que hay dos reacciones que me llamaron la atención: la primera, esta amenaza de juicio político ante una decisión adversa. Esto me parece negativo para el juego entre los poderes del Estado. Y la segunda, este llamado a la reflexión marital, de convocar al ex esposo de Liberatori para que sepa lo que ella está haciendo.

–¿Se refiere a cuando Macri dijo que le decía “Liberatori de Haramburu”, para que “el marido también se haga cargo de lo que hace esta mujer”?

–Sí. Fue poco feliz.

–¿Cree que los despidos fueron indiscriminados?

–De los expedientes de ATE y Sutecba surgen situaciones que aparentarían falta de sustento y que, por lo tanto, implica arbitrariedad: casos de gente que tiene años de trabajo y que no son de los llamados sueldos de ñoquis o de acomodados políticos, sino sueldos absolutamente normales de un empleado común. Hay casos sobre los que intervine directamente porque se trata de delegados gremiales.

–El macrismo evalúa restringir la ley de amparo.

–Si esta intención avanza, va a generar reacciones bastante duras de sectores de la ciudadanía que pueden entender muy claramente qué significa eso.

–¿Qué consecuencias podría tener?

–Si se imponen a los jueces tantas condiciones, se hace inviable prácticamente la acción sobre el Ejecutivo. Esto sí podría ser una decisión política grave, peligrosa y seriamente resistida. No creo que sea tan fácil, aun con mayorías legislativas, pretender avanzar en ese terreno. Significaría desconocer el artículo 14 de la Constitución, por lo que podría llevar a la inconstitucionalidad de esa ley. Esto lo que haría es generar una escalada de confrontación entre poderes. Si el poder político no está de acuerdo con lo que marca la constitución, que llame a una constituyente. La que rige tiene una generosidad única en materia de género, salud, educación. Si ese modelo no es el del Ejecutivo de turno, tiene esa opción.