Desde temprano, los pasillos del Edificio Libertad anticipaban que sería un día agitado. El clímax se alcanzó con la citación al jefe de la Armada, Jorge Godoy, a Defensa para que dé explicaciones ante la ministra Nilda Garré. A última hora de la tarde el almirante entró en el despacho y tuvo que limitarse a escuchar y leer. Garré le ordenó en forma oral y por escrito que “separara de manera inmediata” al contraalmirante retirado Roberto Pertusio de su cargo de miembro permanente del Centro de Estudios Estratégicos de la Armada, tal como había revelado Página/12 el domingo último. El represor está preso desde el 2006 en su casa de Olivos por homicidios y secuestros. Otros dos asesores del titular de la Marina también deberán dejar el conchabo. Godoy tendrá otro trabajo extra: remitir “en 48 horas toda la información obrante” en la Armada sobre “las vacaciones” que había gozado el prefecto Héctor Febres en la Base Naval de Azul mientras estaba detenido por delitos de lesa humanidad. La propia ministra se presentará hoy en el juzgado para solicitar acceso al expediente que investiga el homicidio del represor de la ESMA.

El marino viene acumulando traspiés a pesar de su alineamiento público con el discurso oficial. La autocrítica pionera de la Armada durante la gestión del ex presidente Néstor Kirchner le dio plafond (ver aparte). Sin embargo, a lo largo de los años se sucedieron varios hechos críticos. El espionaje en la Base Naval Almirante Zar de Trelew le costó el cargo a gran parte de su consejo de altos oficiales. Cumplió con la misión de desalojar el emblemático edificio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) para que funcione allí un Museo de la Memoria, pero la construcción de las obras para reemplazar las escuelas provocaron otro drenaje de retiros envueltos en denuncias de irregularidades. “Nosotros no somos especialistas en construir edificios”, explicaban cerca de Godoy cuando Defensa puso la lupa sobre la obra adjudicada a la empresa San José, dirigida entre otros por el contraalmirante retirado Basilio Pertiné, cuñado del ex presidente Fernando de la Rúa. Sin embargo, es llamativa la cantidad de constructoras contratadas por la Armada que son o están vinculadas a altos oficiales retirados.

Retirados activos

Página/12 informó el domingo último que Roberto Pertusio, contraalmirante retirado, está detenido en su casa de Olivos desde noviembre del 2006. Se lo acusa de homicidios, secuestros y torturas mientras se desempeñó como segundo jefe del centro clandestino que funcionó en la Base Naval de Mar del Plata. Pertusio era el encargado de responder los reclamos de los familiares de las víctimas. En la causa que instruye la Justicia federal de la ciudad balnearia figura una carta remitida por el contraalmirante a Reinaldo Vacca, el padre de Nora Inés, en la que por orden del contraalmirante Carlos Malugani le informa que si bien el procedimiento de secuestro de los bienes fue realizado por personal bajo su cargo, no fue la Marina la que ejecutó el operativo en el cual fueron secuestradas las propietarias de esos bienes. Argumentos semejantes utilizó con Leónidas Roldán, padre de Omar Tristán también secuestrado. Pertusio dijo desconocer el paradero del joven pero admitió que la Marina hizo el operativo para trasladar a la base sus bienes.

Pertusio supo reciclarse como docente especializado en temas de estrategia militar hasta que la reapertura de los juicios le transformó en presente su pasado. Fue detenido por privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravado por la persecución política de Nancy Carricabur, Stella Maris Nicuez, Liliana Retegui, Liliana Iorio, Patricia Lazzeri y el matrimonio de Tristán Roldán y Delia Garaguso que estaba embarazada de tres meses. También está acusado de homicidio doblemente agravado en el caso de Iorio, Retegui, Lazzeri, Roldán y Garaguso.

La calidad de preso no lo privó de seguir asesorando a Godoy en el Centro de Estudios Estratégicos. Ayer, como primera reacción a la información difundida por este diario desapareció la página web del centro con el organigrama que dejaba al descubierto la actividad de Pertusio y otros retirados.

El comunicado del Ministerio de Defensa que da cuenta de la reunión entre Garré y Godoy detalla que “también se ordenó (a Godoy) limitar las funciones del contraalmirante (retirado) Miguel Troitiño ‘en razón de su adhesión y reivindicación de las acciones propias del terrorismo de Estado que, en su momento, ameritaron la imposición de sanciones’ aplicadas por la propia jefatura de la Armada”. Troitiño fue uno de los primeros oficiales retirados en criticar la política de derechos humanos del kirchnerismo en una solicitada.

El otro asesor que fue separado del cargo es el capitán de navío retirado Hugo Santillán. Se tomó como antecedente “el desempeño de Santillán que motivara su relevo como director del Liceo Naval Almirante Brown, al producirse el reciente proceso de desalojo del predio de la ESMA”, explicó Defensa. Santillán fue relevado por el propio Godoy porque del edificio arrancaron hasta las canillas antes de entregarlo para que funcionara en el lugar el Museo de la Memoria.

Las vacaciones

El sábado último, Página/12 publicó que los querellantes en la causa Febres le pidieron a la jueza Sandra Arroyo que cite a declaración indagatoria a Godoy por haber autorizado las “vacaciones” del prefecto en la Base Naval de Azul entre los años 2003 y 2005 mientras estaba detenido. El almirante tendrá dos días para recabar toda la información que haya en la fuerza con el fin de deslindar responsabilidades. Una tarea difícil teniendo en cuenta que la alternativa lo coloca en un lugar más que incómodo: o bien lo autorizó o bien no controló lo que hicieron sus subordinados nada menos que durante tres años y con uno de los represores que había actuado en la ESMA. Durante la dictadura, la Prefectura, la fuerza en la que operaba Febres, estaba bajo jurisdicción de la Armada.

En su fallo, la jueza alude a las fotos que documentan los privilegios de los que disfrutó Febres con su familia en la Base Naval de Azul. Garré se presentará hoy ante el Juzgado Federal Número 2 de San Isidro para “solicitar acceso al expediente, con el objetivo de corroborar la información acerca de la mencionada presencia de Febres en el Arsenal Naval de Azul”.

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