El represor Héctor Febres tenía un gran malestar con la Armada, decía que la fuerza lo dejó solo, que lo entregó a la Justicia. “Me tengo que comer las fiestas preso mientras los jefes están en su casa”, fue lo primero que dijo en diciembre de 1998, cuando fue detenido en la causa por apropiación sistemática de menores. Según reconstruyó la jueza federal que investiga su muerte, ese sentimiento creció al punto de que Febres “se debatía entre develar información sensible respecto de la responsabilidad de personal de la Armada o el sentido de pertenencia y fidelidad a las fuerzas, escogiendo el silencio”. La Justicia cree que durante los años en que el prefecto asesinado estuvo con prisión preventiva hubo una “comunidad de intereses” entre la Prefectura y la Armada respecto del resultado de su proceso penal. Pero Página/12 pudo saber que también en altos niveles del Gobierno sospechan que la Armada fue cómplice de la Prefectura en el otorgamiento de enormes condiciones de privilegio durante su “encierro” para evitar que abriera la boca, tal como lo demostraría el permiso para veranear en la base naval de Azul durante 2003, 2004 y 2005. Este diario informó el sábado que los abogados querellantes pidieron la indagatoria del jefe de la Armada, Jorge Godoy, por considerarlo responsable de esos traslados. Con la misma idea ayer lo citó la ministra de Defensa.

Nilda Garré intimó al jefe de los marinos a presentar en el plazo de dos días “toda la información obrante en el ámbito de la fuerza a su cargo referida a los hechos indagados en la causa en la que se investiga la muerte del prefecto Héctor Febres”. Así lo expresó un comunicado de prensa del ministerio que, renglón seguido, mencionó las vacaciones que los marinos le permitieron pasar a Febres y a su familia en dependencias del Arsenal Naval Azopardo, ubicado en Azul, “según la información periodística publicada en el fin de semana”.

Página/12 había reproducido parte de la resolución de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en la que procesó a la familia por encubrimiento y a dos prefectos como partícipes necesarios del homicidio. En ese extenso fallo, la magistrada enumera los “beneficios impensados” de los que gozaba el prefecto que durante la dictadura revistó en la ESMA como enlace entre la Prefectura y la Armada, se ocupaba de los bebés de las mujeres que daban a luz en cautiverio, y estaba siendo juzgado por los delitos de lesa humanidad que allí cometió. En la sede Delta de la Prefectura, donde lo remitió en primer lugar el ex juez federal Adolfo Bagnasco, Febres disponía de un chofer para satisfacer sus pedidos o los de su esposa, Stella Maris Guevara, “ya sea para trasladarla a visitar a su marido, para realizar trámites bancarios o ir de compras”. También podía usar los salones de la institución para celebraciones familiares, como el bautismo de los nietos o el cumpleaños de 60 de su esposa, tenía llave de su habitación, televisor, teléfonos y acceso a Internet.

En el siguiente párrafo, la jueza describió “los traslados autorizados durante los meses de enero y febrero a fin de residir o vacacionar en dependencias del Arsenal Naval Azopardo, sito en la localidad de Azul, durante los años 2003, 2004, 2005”. Si bien se mencionaban supuestas razones de salud, Arroyo Salgado subrayó: “Viene al caso destacar las actividades que lo tuvieron como protagonista al señor Febres, vacacionando junto a toda su familia en comodísimas instalaciones, con variados banquetes de comidas a su alcance que en nada se compadecen con el sometimiento a un tratamiento médico tendiente a tratar la enfermedad de diabetes que adolecía”. En tiempos de dictadura, la Prefectura Naval dependía de la Marina, pero cuando el prefecto usó la base de Azul para su esparcimiento ya no era así. “El jefe de la Armada tiene que explicar por qué permitía esta situación de privilegio e irregularidad, estamos hablando de un preso detenido por crímenes de lesa humanidad que iba de vacaciones, con su familia, a una base naval que depende directamente del almirante Jorge Godoy”, sostuvo la abogada Myriam Bregman, que representa al sobreviviente de la ESMA Carlos Lordkipanidse e integra el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.

Aunque ayer Godoy le dijo a Garré que desconocía lo que surgió de la investigación judicial, y la ministra lo intimó a que averiguara qué fue lo que sucedió en Azul y con Febres, en los pasillos de Defensa pocos apostaban a la continuidad del jefe de los marinos en caso de que la jueza acceda al pedido y lo cite como imputado. Para confirmar la información sobre la presencia de Febres en el arsenal de Azul, la ministra decidió presentarse ella misma en el Juzgado Federal nº 2 de San Isidro y pedir acceso al expediente que resume la primera parte del caso del represor envenenado, según la Justicia, para silenciarlo.