El gobierno de España aprobó el miércoles la extradición a la Argentina del ex subcomisario de la Policía Federal Rodolfo Eduardo Almirón Sena, acusado de cometer “delitos de lesa humanidad y genocidio” cuando era uno de los jefes operativos de la organización de ultraderecha Triple A. El pedido de extradición lo formuló el juez federal Norberto Oyarbide, que reabrió la investigación luego de que un diario español descubriera al ex jefe de la custodia de José López Rega en las afueras de Valencia. La sala I de la Cámara Federal porteña, en tanto, debe resolver si ratifica o rechaza el fallo de Oyarbide que consideró delitos de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles, los crímenes cometidos en los años previos al golpe de Estado por la Alianza Anticomunista Argentina.

Almirón, que mañana debería festejar sus 72 años, está imputado entre otros casos por los asesinatos en 1974 del abogado y diputado peronista Rodolfo Ortega Peña, el sacerdote Carlos Mugica, el ex subjefe de la policía de Buenos Aires Julio Troxler y el intelectual marxista Silvio Frondizi. Llegó a España en junio de 1975 acompañando en su huida a López Rega, ministro de Bienestar Social de la presidenta Isabel Perón.

El 17 de diciembre de 2006 el diario El Mundo informó que Almirón vivía en una pequeña casa del barrio de Xellinet, en la localidad de Torrent, a diez kilómetros de Valencia. Ante la denuncia periodística el Movimiento de Argentinos en el Exterior pidió su detención. No era necesaria: el juez federal Julián Ercolini, que subrogaba a Oyarbide, reactivó una orden de detención de 1984, que se concretó el 28 de diciembre.

El 25 de mayo pasado la sección segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, máxima instancia penal de España, resolvió en forma favorable el proceso de extradición de Almirón cursado por la Justicia argentina. Su defensa presentó entonces un recurso de súplica, que la Audiencia desestimó el 16 de enero. La extradición sólo precisaba del visto bueno del Consejo de Ministros, que se concretó el miércoles.

La entrega de Almirón se realizará conforme al contenido, los límites y las condiciones establecidos por la Audiencia Nacional de España, que solicitó a la Justicia argentina “que si el reclamado fuese condenado, la pena máxima a cumplir será la inmediatamente inferior a la privativa de libertad a perpetuidad”, explicó el Consejo de Ministros.

Almirón llegará a la Argentina para ser juzgado, como jefe operativo de la Triple A, por “asociación ilícita en concurso real con homicidios cualificados y privación ilegal de libertad”, luego de un año “en situación de prisión provisional”. informó el Consejo. Los delitos que se le imputan fueron cometidos durante la gestión de la ex presidenta Isabel Martínez de Perón, quien se encuentra en libertad provisional en España con dos pedidos de extradición: uno de Oyarbide y otro del juez federal mendocino Héctor Raúl Acosta.

Al reabrir la causa, Oyarbide consideró que los asesinatos cometidos por el grupo paraestatal son delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, por haber sido cometidos desde el aparato del Estado “bajo su amparo y garantía de impunidad”. Consideró que representaron “la antesala del plan sistemático” que implementó la dictadura militar.

Ante un planteo de la defensa del comisario mayor retirado Juan Ramón Morales, yerno de Almirón, que consideraba que los delitos estaban prescriptos, la causa fue elevada a la Cámara Federal. La resolución se demoró por la excusación del camarista Eduardo Freiler, que fue rechazada por sus pares. Si el voto de Freiler no coincidiera con el del otro integrante de la Sala I, Eduardo Farah, deberán recurrir a un miembro de la Sala II para que estudie y resuelva el fondo de la cuestión.

El expediente judicial sobre los crímenes de la Triple A estuvo archivado hasta que la prensa informó el paradero de Almirón. Un año antes el fiscal federal Eduardo Taiano había solicitado su desarchivo, pero no obtuvo respuesta. Ante la publicación del diario El Mundo el juez Oyarbide descubrió que los custodios y guardaespaldas de Isabel y López Rega tenían pedido de capturas pendientes desde 1984. Desde entonces varios partidos de izquierda, organismos de derechos humanos y particulares se presentaron como querellantes para pedir el esclarecimiento de cientos de crímenes.

El 12 de enero de 2007 se presentó espontáneamente ante la Justicia el ex oficial de la Policía Federal Miguel Angel Rovira. Gracias a su edad, 72 años, quedó detenido con prisión domiciliaria. Días después fue detenido el comisario mayor retirado Juan Ramón Morales. Gracias a sus 88 años también se benefició con el régimen domiciliario, que cumplió hasta su muerte el 24 de agosto. En la misma causa continúa prófugo Felipe Romeo, ex director de El Caudillo, órgano de difusión de la Triple A. Este diario reveló el año pasado que Romeo vivía en Buenos Aires, reciclado como restaurador de cúpulas y edificios antiguos.

A la Triple A se le atribuyen unos 1500 asesinatos políticos. Desde su llegada a España en 1975 junto a López Rega, Almirón frecuentó grupos de ultraderecha europeos. Está acusado de participar, el 9 de mayo de 1976, en los sangrientos sucesos de Montejurra, Navarra, donde pistoleros de extrema derecha dispararon contra carlistas progresistas y asesinaron a dos de ellos. En 1983 trascendió que trabajaba como jefe de la custodia del dirigente conservador Manuel Fraga Iribarne. Durante los siguientes 23 años nada se supo de su paradero. Lleva más de un año en prisión provisional. Su llegada al país podría demorar entre dos y tres meses.