Hoy será un día clave para los maestros de todo el país. Cuando falta poco para el comienzo de las clases, los cinco gremios docentes escucharán una nueva oferta salarial del Gobierno nacional y las provincias. Distintas fuentes oficiales adelantaron a Página/12 que la propuesta no superaría por mucho los 1200 pesos de salario inicial que ya rechazaron los trabajadores el jueves pasado. Con dos reuniones de resultado negativo como antecedente, el titular de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y ex secretario general de Ctera, Hugo Yasky, les advirtió ayer a los funcionarios que “tengan la lucidez para darse cuenta de que ésta es la última semana que tienen para que la paritaria termine bien”. Si no hay acuerdo, peligra el inicio del ciclo lectivo.

Originalmente, los docentes habían solicitado un 34 por ciento de aumento, lo que significaba subir el salario actual de 1040 a 1400 pesos. En ese momento la respuesta fue que la cifra estaba por “encima de las posibilidades presupuestarias” de los gobiernos. Para evitar una medida de fuerza que termine por atrasar el regreso a las aulas, ahora deben mejorar la contraoferta de incrementar los sueldos un 15,38 por ciento. Entre viernes y sábado, funcionarios de los ministerios de Trabajo y de Educación se reunieron con sus pares de Economía para afinar el lápiz y ver hasta dónde llegan. Según trascendió, la intención es orillar el 20 por ciento de aumento.

Los principales argumentos de los gobiernos son dos, con ramificaciones. El primero y más importante es que las provincias no pueden afrontar el gasto que significa una suba de gran magnitud. Si bien lo que se define en esta paritaria nacional es el piso salarial, las jurisdicciones que ya superan ese mínimo también tendrán que sentarse a discutir con los docentes cómo van a aplicar el aumento. “Dicen que si les otorgan un 30 por ciento se les va todo al cielo, pero los maestros piden un 30 por ciento porque están ganando 1040 pesos y quieren ganar 1400 pesos”, argumentó Yasky. Por eso, la participación del Ejecutivo nacional en la negociación es fundamental: no son pocas las provincias que van a necesitar de su auxilio para pagar el incremento.

A su vez, los trabajadores reclaman que se lleve a cabo el “saneamiento de los salarios”, que consiste, mayormente, en incorporar al básico el gran número de sumas no remunerativas que componen el sueldo inicial. Esa diferencia influye en la base sobre la que se calcula la jubilación, la obra social y, sobre todo, la antigüedad. Si se modifican los montos básicos, el aumento no sólo alcanzaría a los que estén por debajo del nuevo piso fijado, sino que significaría elevar toda la escala salarial.

El segundo argumento oficial es que el resultado de esta negociación va a ser tomado como ejemplo para establecer los aumentos de prácticamente toda la administración pública. Sin embargo, Yasky sostuvo que “el Gobierno introduce en la discusión un elemento absolutamente ajeno, que es la pretensión de utilizar esta paritaria como caso testigo para el resto y está la pretensión de imponerles a los docentes un porcentaje que no tiene nada que ver con el piso que partimos nosotros”.

El titular de la CTA, luego de una tensa reunión con Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada, criticó al Gobierno porque “quiere ponerle a todo el mundo un mismo techo para que las variables de macroeconomía marchen dentro de los carriles”, lo que calificó como “un tremendo error”.

Después de muchos años, estas discusiones paritarias a nivel nacional son un intento de recentralizar la política educativa y desandar el camino de los ’90, en los que se abandonó a cada provincia a su suerte. Es por esto que todas las partes están interesadas en mantener este canal de diálogo del que participan, además de Trabajo y Educación de la Nación, el Consejo Federal –integrado por ministros de todas las provincias– y los cinco gremios con representación en todo el país.

Informe: Sebastián Abrevaya.