Fue uno de los anuncios de poda del Jefe. “Hacer experimentos en televisión que tienen cero rating y cuestan 14 millones de pesos me parece una falta de respeto absoluta a la ciudadanía”, tronó Mauricio Macri y mandó cerrar la señal Ciudad Abierta. Cuando cumplió su promesa, anunció que crearía una comisión de notables para reconvertir el canal. La comisión hasta ahora no apareció: en su lugar, se presentó como interventor un viejo dirigente del PJ, Juan Puigbó. Mientras les adeuda los sueldos de enero y febrero, ya les presentó a los trabajadores del canal su proyecto, en clave neoliberal: un ente autárquico que se autofinancie con la venta de productos y tenga un presupuesto mínimo.

La movida PRO ya generó sus primeras críticas en la oposición. “La política con el canal de la ciudad es similar a lo que hizo el menemismo con las empresas públicas: vaciarlas para justificar luego su privatización o cierre”, alertó el legislador del ARI Facundo Di Filippo. El dirigente venía trabajando con el kirchnerista Elvio Vitali –que falleció el sábado– en el armado de un proyecto para el canal público de la ciudad. Ambos mantuvieron gestiones con el macrismo (en particular, con el legislador Martín Borrelli) para evitar el cierre del canal, aunque no lo consiguieron.

En su momento, Vitali escribió una opinión sobre el canal en la que planteó que “la decisión del Estado del cierre de un medio de comunicación remite a un cercenamiento de índole ideológica”. “Pensamos que es negativo eliminar un canal de la ciudad, porque cuando las empresas de cable instalaron su tendido la forma de pagarle a la ciudad fue darle una señal gratuita. Si esto no sucede, no se le está cobrando”, argumentó Di Filippo. “Es un costo de tres millones cuando hay un servicio necesario y es una política de Estado que en la oposición defendemos. El macrismo tiene que rever su posición”, insistieron ambos. Finalmente, los macristas les comentaron que el canal seguía, pero no en qué condiciones.

En el canal, la situación es tensa: permanecen sesenta trabajadores, a los que mayormente les asignaron la cobertura de los eventos de Cultura de la ciudad. También están preparando una producción para Salud y otra para Deportes (entrevistas al Batata Clerc y a David Nalbandian). Una de las ideas que circulan es comercializar estos productos (en especial, los recitales porteños) como forma de financiar el canal. Para este año la Legislatura le asignó un presupuesto de cerca de 3 millones de pesos, pero Puigbó ya les anunció que, a partir de 2009, va a tener solo 500 mil pesos. Por lo cual, el dinero para sueldos deberá venir de otro lado. Por lo pronto, el interventor negoció para que sea Cultura la que pague los salarios adeudados de enero y febrero, además de los contratos de locación de servicios, que ahora son por tres meses.

No se conocen antecedentes en producción televisiva de Juan Puigbó. En cambio, se sabe que es sociólogo, que dice haber sido sindicalista de la Uocra y que fue funcionario de Carlos Grosso. Ante sus empleados intentó diferenciarse de Macri y aseguró que le están vendiendo un proyecto al Jefe para que no cierre el canal. Con citas de Roland Barthes incluidas, argumentó que “es importante la cultura para el manejo del poder”.

El proyecto de Puigbó plantea que el canal sea autárquico y se autofinancie. El directorio estaría formado por funcionarios de PRO y del Instituto Universitario Nacional de Arte (IUNA). Por lo pronto, ya trajo de esa universidad a su director de Audiovisuales, José Luis Castiñeira de Dios, que hizo la música de La Noche de los Lápices y de La velocidad funda el olvido, entre otras. Castiñeira de Dios se va a ocupar de la parte artística del canal. En esta nueva época ya no habrá ficción, aunque existe una vaga promesa de completar las dos series 9mm y Mi señora es un espía. En cambio, habrá mayor producción documental y cobertura de los anuncios de las distintas áreas de la gestión PRO. En el canal también circulan rumores de que la señal será vendida a una productora privada o bien que se asociará para crear una empresa mixta. La visita al canal de Lucía Suárez, gerenta ejecutiva de Pramer, alimentó esas versiones.

“El canal va en el camino de achicarse y autofinanciarse. Es una seudoprivatización. La televisión pública tiene que ser financiada por el Estado, que tiene que darle este servicio a la ciudadanía –argumentó Di Filippo–. No trajeron personas del ámbito de la cultura. De hecho, el ministro de Cultura es un empresario turístico y esa visión empresarial sobre el Estado lleva a este achique.”