Media docena de agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) comenzó a desfilar por la fiscalía federal de Marcelo Martini, que investiga la salida de Alfredo Fanchiotti sin autorización judicial de la Unidad 25 de Olmos. Son los que estuvieron de turno el 30 de enero, cuando el ex comisario condenado a prisión perpetua por el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán salió por seis horas de ese particular penal evangélico. “Ojalá hablaran y rompieran la obediencia debida”, fue el deseo que expresó uno de los investigadores de la fiscalía, consultado por este diario sobre la posibilidad de que el caso llegue a la dirección del SPB. Por ahora, el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, pidió al jefe de los penitenciarios provinciales que remita a la brevedad las conclusiones de las primeras declaraciones ante la fiscalía para adoptar “las medidas preventivas que hay que tomar”.

Casal insistió ayer con que Fanchiotti fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad, la Unidad 42 de Florencio Varela. Lo que hace “de máxima seguridad” a una prisión es la existencia de un muro perimetral y, para el caso, la Unidad 25 de Olmos donde estaba antes también entra en esa categoría. La U42 tiene capacidad para 480 detenidos y hay 392, con un régimen semiabierto y cerrado, según los pabellones, que son trece. Seis de esos sectores son evangelistas y hay uno para ex detenidos de fuerzas de seguridad, el nuevo hogar del ex comisario.

El ministro de Justicia bonaerense dijo que, además de poner bajo sumario administrativo a todo el personal que estaba en turno cuando se produjo la salida de Fanchiotti, también pidió una auditoría a la Dirección de Sanidad Penitenciaria para confirmar versiones que indicaban que padece una grave enfermedad. Sin embargo, una alta fuente judicial desmintió esa versión. Los investigadores del fiscal Martini analizaron los libros de guardia y verificaron dos salidas autorizadas por la Justicia por motivos médicos, pero ninguna de urgencia. “Ya vimos su historia clínica y no tiene nada; una de esas salidas fue a una clínica de ojos”, precisó la fuente. Martini ya tiene en claro a quiénes imputará, pero no produciría detenciones porque les endilgaría delitos que son excarcelables, tales como “quebrantamiento de la pena” e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Tras la denuncia presentada ayer por la Dirección de Protección de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, el Ministerio de Justicia intervino la U25 y puso en disponibilidad preventiva a su jefe, el prefecto mayor Jorge Suárez.

Para Casal, “el sumario administrativo será muy rico porque, más allá del incumplimiento de la ley del funcionario que decidió darle la salida, hubo otro que con plena responsabilidad anotó perfectamente en los libros”. Y agregó que esto demuestra que “el sistema funcionó”. El abogado Claudio Pandolfi, que representa a varios heridos de la masacre de Avellaneda, disintió con el funcionario. “Si el sistema funcionara, no tendría que haber salido. En realidad no funciona y lo comprobamos de manera eventual con estos hechos”, afirmó.

Los denunciantes aclararon en su escrito que, por una cuestión de tiempo, sólo pudieron revisar los libros de los últimos dos meses cuando se presentaron en la U25, el martes pasado. Pero sí constataron que Fanchiotti salió el 30 de enero a las 10.20 y regresó al penal seis horas más tarde. Una hora antes de su salida figura el egreso de otro preso de la cárcel evangelista, el ex juez Rolando Lima, y es posible que se hayan encontrado afuera. Estas irregularidades fueron denunciadas en junio de 2007 por el Frente Popular Darío Santillán, pero desoídas por las autoridades. Fanchiotti, ex comisario de la seccional 1ª de Avellaneda, fue condenado el 9 de enero de 2006 junto con otros siete policías por el homicidio agravado de Kosteki y Santillán durante la represión a una protesta piquetera en junio de 2002, hecho que precipitó el final del gobierno de Eduardo Duhalde. El otro detenido es el cabo Alejandro Acosta, mientras que el suboficial Carlos Leiva ya estaría en condiciones de recobrar su libertad.