“Tomo esta decisión en pleno uso de mi libertad y facultades. Nadie, de mi entorno familiar, ni de mi contexto tiene conocimiento de lo que he dispuesto hacer. Lo hago solo sin participación de tercero alguno. Adopto esta conducta como el mejor camino para mí.” Esas palabras dirigidas al “señor juez” dejó escritas el teniente coronel Paul Alberto Navone, quien apareció muerto en La Granja, Córdoba, horas antes de tener que declarar en una causa por robo de bebés en Entre Ríos. El informe de la autopsia –al que accedió Página/12– corrobora que “el traumatismo craneoencefálico debido a herida por proyectil de arma de fuego ha sido la causa eficiente de la muerte” de Navone y que “la distancia estimada entre la boca del arma y la piel ha sido menor de 50 centímetros”. A pesar de la carta y del informe forense, los querellantes pidieron que la justicia de Córdoba investigue si se trató de un suicidio o de un homicidio. “Sugestivamente están muriendo muchos militares que tienen que declarar”, destacó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto (ver aparte).

La imputación contra Navone fue reactualizada en la causa por el testimonio del represor Eduardo “Tucu” Constanzo, quien cumple arresto domiciliario en Rosario acusado de participar en la represión ilegal en jurisdicción del Segundo Cuerpo de Ejército. La abogada Marina Barbagelata, querellante en la causa por la apropiación de los niños nacidos en el Hospital Militar de Paraná, dijo que “surge del relato de ese testigo que cuando Navone se desempeñaba en el Area de Inteligencia del Segudo Cuerpo de Ejército, había desarrollado toda la logística para que el grupo de tareas que trasladaba a Raquel Negro embarazada desde un centro clandestino de detención en Rosario, pudiera manejarse en esa jurisdicción con total tranquilidad, sin ningún inconveniente”.

“El Asticito”

Navone fue enterrado ayer en La Granja, en esa localidad lindera a Ascochinga, Córdoba, donde se había refugiado y explotaba una parrilla. Apareció muerto en el parque de un Hotel de la Fuerza Aérea. Los que lo conocían dicen que temía quedar detenido y sufrir una descompensación por su diabetes en prisión. También se quejaba por la posibilidad de que se le embarguen sus bienes.

A la luz de su historia parecían preocupaciones menores. Cuando era capitán en los ’70, Navone integró el Batallón de Inteligencia 601 cuya sede funcionó hasta los ’80 en la esquina de Viamonte y Callao. Como integrante de los grupos de tarea del Ejército estuvo en Tucumán al mando de Acdel Vilas y de Antonio Domingo Bussi. Después del Mundial ’78 se ocupaba de amedrentar periodistas. “Era una especie de ‘Asticito’ del Ejército” parangona un militante de los años de plomo en alusión a Alfredo Astiz, el por entonces joven oficial de la Armada usado para las tareas más sucias.

En el ’79 apareció asesinado Horacio Mendizábal, integrante de la conducción de Montoneros. “En la tarde del viernes 21 de setiembre la foto de Horacio Mendizábal apareció en los televisores. El Ejército informó que había sido abatido”, detalla Marcelo Larraquy en Fuimos soldados. Entre los integrantes de la patota Navone dicen que se hacía llamar “Mendizábal” y se arrogaba el “mérito” de haber sido él quien disparó al dirigente montonero que había regresado al país en la segunda etapa de la llamada Contraofensiva, operación que fue infiltrada, justamente por Inteligencia del 601.

Cuando durante el gobierno de Raúl Alfonsín se desmanteló el Batallón de Inteligencia 601, los agentes de inteligencia se apropiaron de documentación que nunca más apareció. “Navone sabía mucho más que el destino del robo de un bebé en Paraná”, dijo a Página/12 un conocedor del entramado represivo.

El tiro del final

Marina Barbagelata, abogada de Sebastián Alvarez, el hijo de la desaparecida Raquel Negro que busca a su medio hermana nacida en cautiverio, dijo que “suponemos que el juzgado de Córdoba tomará las precauciones para no cerrar la causa como suicidio rápidamente y verificará que haya sido eso y no un asesinato”, reclamó e insistió en que “es altamente probable que existan personas que pudieran verse amenazadas frente a la declaración” que iba a prestar Navone en el juicio que se le seguía por robo de bebés. La abogada señaló que “lo que pasó con Navone es una muestra cabal que confirma lo que planteamos: la necesidad de que a las personas imputadas de estos delitos no se las anoticie 20 días antes, sino que sean compulsadas a comparecer ante la autoridad”.

Barbagelata comentó a Página/12 que la fiscalía de Córdoba está elaborando un informe para la jueza federal de Paraná con toda la información sobre Navone que pueda servir para el caso. Fuentes cercanas a la investigación aseguraron que en la Fiscalía General de Córdoba tenían total certeza sobre el “sucidio” del teniente coronel. Guillermo Germano, coordinador del Registro Unico de la Verdad de Entre Ríos y querellante en la causa afirmó que “podría tratarse de un suicidio inducido por el pacto de silencio que aún persiste”.

En Paraná reconstruyeron las últimas horas de Navone y establecieron que estuvo reunido con sus abogados preparando la defensa para el día siguiente. Justiniano Martínez declaró “estar sorprendido” por la muerte. Quienes dudan de que se haya quitado la vida especulan con que alguien que va a tomar esa decisión no hubiera preparado un certificado médido con la opinión de tres especialsitas sobre el pico de glucemia que había padecio, ni habría enviado a su abogado al juzgado para justificar su ausencia y pedir prórroga de la audiencia, prevista en principio para anteayer a las 9.

El informe de la autopsia, firmado por los médicos forenses Ramiro Ortiz Morán y Luis Mercado y dirigida a la Fiscalía de Jesús María, secretaría doctora María Dimegli, describe como “antecedentes” que Navone “se habría disparado en la cabeza con una 9 milímetros. Hora presunta del hecho 03.00. Encontrado hoy (por el 25 de febrero) a las 8.15”. Al detallar “el examen externo” del cuerpo señala que tiene “un orificio en sien izquierda compatible con salida de proyectil”. En la necropsia se le extrajo “sangre y humor vítreo” para el estudio químico toxicológico, como así también material del cerebro, corazón, pulmón y otras visceras.

En causas por delitos de lesa humanidad hubo otros suicidios, en el caso del prefecto Héctor Febres la jueza Sandra Arroyo Salgado descartó el suicidio. En julio del 2003, el prefecto Juan Antonio Azic, se pegó un tiro en la boca también con una 9 milímetros pero sobrevivió. En setiembre de 2004, fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza el coronel retirado Emilio Anadón que cumplía prisión domiciliaria en la causa del Tercer Cuerpo con asiento en Córdoba, también integrante del cuerpo de Inteligencia.