Héctor Sejenovich hace una lectura inquietante sobre Botnia: “Somos los chanchitos de la India de los finlandeses”, dice el economista especializado en medio ambiente. Consultor de Naciones Unidas, Sejenovich realizó el primer informe sobre el impacto de la pastera para la asamblea de Gualeguaychú e integró después el Grupo Técnico de Alto Nivel, un equipo de expertos uruguayos y argentinos que intentó, sin suerte, una salida negociada. Ahora, a tres meses de la entrada en funcionamiento de la planta, sostiene que las fallas que vienen ocurriendo “muestran que los finlandeses no tienen experiencia en manejar una fábrica de celulosa de estas dimensiones”. Augura además que el respaldo social de los uruguayos va a resquebrajarse porque las pasteras no generan empleo, pero advierte que esto posiblemente no cambie demasiado las cosas.

–¿Por qué?

–Porque se espera que Botnia tenga una rentabilidad anual del 29 por ciento, una cifra que triplica el promedio de cualquier empresa. El cálculo fue hecho por Gustavo Melazzi, un colega uruguayo que investigó el tema y lo publicó en la revista Brecha. Botnia va a recuperar en tres años el capital invertido y le van a quedar 37 años de ganancias por delante. Con esos márgenes puede absorber los golpes de cualquier protesta... Aunque, como en todo proceso social, el futuro es impredecible.

–Usted fue el primer testigo en el juicio contra Botnia por tentativa de contaminación. ¿Es posible demostrar anticipadamente que va a contaminar?

–Seguro. Sabemos que hay procesos que causan daño ambiental, como la contaminación con dioxinas. Los daños podrán manifestarse dentro de 5 años, pero están empezando a ocurrir hoy. Son procesos acumulativos, no biodegradables.

–¿Qué es una dioxina?

–No es una, sino cerca de 77 elementos diferentes, combinaciones químicas que se introducen en el organismo y provocan degeneración celular, causando cáncer. O se alojan en el hígado y provocan otros problemas.

–¿Se mide hoy en las zonas fabriles la presencia de dioxinas?

–Sí, en muchos lugares y hace bastante tiempo. En el 2000, por ejemplo, Estados Unidos cortó la importación de ciertos alimentos de Bélgica por la cantidad de dioxinas detectadas, y ese país perdió 500 millones de euros.

–¿En Argentina hay equipamiento para medirlo?

–No, no hay. Habría que importarlo.

–¿Cómo fueron las negociaciones con los técnicos uruguayos?

–Era la época en que la planta estaba a medio construir, e hicimos una reunión tras otra sin avances. Fue absurdo porque los uruguayos no nos daban información, así que no había datos en base a los que discutir. El absurdo absoluto llegó cuando ellos, no pudiendo evitar la presión que hacíamos porque queríamos tener al menos el plano de la planta, trajeron uno. Bueno, ¡al fin!... nos pusimos a mirarlo; uno de nuestros ingenieros dice “pero esto no es Botnia, ¡es el plano de una pastera cualquiera!”. “Ah, sí, claro”, dicen ellos. Habían llevado el plano de una pastera promedio, de los que se usan para dar clase en la facultad. Había situaciones paradójicas. Y una de base: al Estatuto del Río Uruguay, que la Argentina usa para denunciar la instalación inconsulta de Botnia, lo hicieron los uruguayos pensando que los argentinos íbamos a hacer un desastre de este lado del río. En aquel momento los argentinos respondieron “seguro va a haber conflicto, así que pongamos para dirimirlo un tribunal anquilosado, lejano, que no tenga nada que ver con el medio ambiente”... Y así terminamos en La Haya.

–¿No está de acuerdo con haber ido a La Haya?

–Sí, hay que seguir con esa demanda, y también con el reclamo social. No sólo por Gualeguaychú sino por lo que viene detrás. Sabemos que el tema no se termina con Botnia, proyectan instalarse cinco plantas más. El territorio uruguayo está listo para recibir más pasteras: Botnia necesita para funcionar 120 mil hectáreas de eucaliptus, y el Uruguay ya tiene 700 mil hectáreas forestadas. Si se hace la cuenta, en ese sobrante de forestación ya están anunciadas las que van a venir.